Para el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), la decisión del Gobierno nacional de reducir ministerios y secretarías y desvincular a 5.000 funcionarios públicos es política y no técnica. Sus dirigentes evaluarán ir a un paro general de trabajadores.
La tarde del 24 de julio de 2025, la portavoz de Carondelet, Carolina Jaramillo, anunció la disminución de ministerios, de 20 a 14, y de las secretarías de Estado, de 9 a 3. Asimismo, informó que 5.000 funcionarios públicos serán desvinculados, como parte de un plan que llamó de “eficiencia administrativa”.
Ante el anuncio, Edwin Bedoya, presidente del FUT, observó que la medida del Ejecutivo es política y no técnica, pues no se ha transparentado si los funcionarios despedidos fueron sometidos a una evaluación previa. El dirigente dijo que el Gobierno ya tenía previsto hacer estas separaciones.
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“El Gobierno tiene elaborada una agenda con la que va a ir precarizando las condiciones de crisis que vive el país y sin ninguna solución. Se aproxima una crisis bárbara que va a golpear aún más al Ecuador”, resaltó
Bedoya dijo que desde el 17 de julio se conoció que habrá despidos en el sector público, en el marco de la entrada en vigencia de la Ley de Solidaridad Nacional.
A su vez, el presidente del FUT dijo que los servidores públicos despedidos fueron designados en gobiernos anteriores, mientras que empleados contratados en la administración de Daniel Noboa no han sido notificados.
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Estas medidas de reducción del tamaño del Estado, agregó el sindicalista, obedecen al acuerdo que tiene el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En este sentido, Edwin Bedoya anticipó que reforzarán las medidas de hecho, como la movilización prevista para el 31 de julio. Entre tanto, desde este 25 de julio el FUT recorrerá las provincias del país para preparar las manifestaciones.
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El presidente de la organización de trabajadores adelantó, además, que en la convención de trabajadores, prevista para el 16 de agosto, se analizará un paro general.
Marcela Arellano, presidenta de la Ceols, también criticó la disminución de ministerios y el despido de servidores públicos, pues no tienen un sustento técnico, más bien es una resolución política, ya que desde el Ejecutivo no se han especificado los sectores que sufrirán el recorte de personal, ni los criterios que se aplicaron para estas desvinculaciones.
“Nos causa profunda preocupación esta situación, porque da cuenta de que el Gobierno avanza hacia un camino neoliberal, que ya fracasó en anteriores décadas. Recordemos la década del 90, que terminó avanzando hacia un proceso gravísimo de eliminación prácticamente del Estado”, alertó.
La dirigente también consideró que lo anunciado desde el Gobierno obedece al acuerdo con el FMI, pues se “necesita asegurar el pago de la deuda externa y eso implica reducción de recursos”.
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En este marco, Arellano también consideró que las movilizaciones podrían adelantarse y realizarse desde la próxima semana.
De su parte, Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), preguntó cuáles fueron los criterios técnicos para desvincular a los 5.000 trabajadores públicos, sin evaluaciones previas. A criterio del dirigente, en los próximos meses podría haber más despidos.
Sobre la fusión de la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) al Ministerio de Educación, Quishpe observó que esta cartera de Estado “ni siquiera ha podido atender problemas como la falta de docentes o la inseguridad en las aulas”.
“No se está articulando la educación, se está eliminando instancias para lanzar a 5.000 familias a las calles. No hay nada de decisión técnica, hay una decisión política que es cumplir con lo que el Fondo Monetario Internacional le está exigiendo al Gobierno”, opinó.
Al igual que Bedoya y Arellano, el presidente de la UNE dijo que se evaluará radicalizar las medidas de hecho y adelantar las movilizaciones en contra de estas medidas del Ejecutivo. A su vez, dijo que se evaluará unirse a un paro nacional de trabajadores, que se discutiría en la convención nacional del 16 de agosto.
¿Qué ministerios se unificarán?
Son seis ministerios y seis secretarías que se fusionan con otras carteras de Estado.
En este sentido, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas acoge tres entidades:
- El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
- La Secretaría de Inversiones Público-Privadas
- La Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Irregulares.
En tanto que en el Ministerio de Educación se incluyeron:
- El Ministerio de Cultura y Patrimonio
- El Ministerio del Deporte
- La Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt)
Además, el Ministerio del Interior asumirá las funciones de dos instituciones:
- El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
- Servicio Integrado de Seguridad ECU911.
En tanto que el Ministerio de Gobierno absorbe al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos.
Asimismo, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca acoge al Ministerio de Turismo.
El Ministerio de Inclusión Económica y Social se hará cargo de la Secretaría Ecuador Crece sin Desnutrición Crónica Infantil.
El Ministerio de Energía y Minas absorbe al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.
De la misma manera, el Ministerio de Agricultura y Ganadería se hará cargo del Viceministerio de Acuacultura y Pesca, que era parte del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.
Por otro lado, la Secretaría General de la Administración de la Presidencia acogerá a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, y la Secretaría General de la Administración Pública y de Gabinete, a la Secretaría Nacional de Planificación. (I)
