El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y el Frente Popular presentaron una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de Inteligencia, que se aprobó en la Asamblea Nacional el 10 de junio de 2025 con 77 votos.
Los gremios sindicales ingresaron esta acción la mañana del 4 de julio de 2025 en la Corte Constitucional en Quito.
Edwin Bedoya, presidente del FUT, precisó que la demanda es en contra de los artículos referentes a la intimidad y privacidad, protección de datos, libertad de expresión y el relacionado con la asociación y reunión.
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“Tememos que esto se convierta en persecución a las organizaciones y dirigentes sociales, estamos rechazando las leyes del Gobierno”, dijo el dirigente.
La acción pública de inconstitucionalidad presentada contra la Ley de Inteligencia contiene medidas cautelares con las que se busca suspender de manera provisional ciertos artículos.
El proyecto de Ley de Inteligencia está contenido en 58 artículos, cinco disposiciones generales, una transitoria, cuatro disposiciones derogatorias que elimina catorce textos de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, así como de la Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos.
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Con esta ley, los organismos de inteligencia no tendrán que pedir autorización judicial para interceptar llamadas telefónicas, abrir o interceptar documentos como parte de sus operaciones encubiertas.
Por su parte, Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, anticipó que la próxima semana se presentará también una demanda en contra de la Ley de Integridad Pública, pues alertó de que la norma vulneraría los derechos de los trabajadores públicos, a la seguridad social a médicos y a niños y adolescentes.
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En este marco, dirigentes como Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), y Nery Padilla, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE), anunciaron movilizaciones para el 11 y 16 de julio, en Quito. (I)
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