En un año y medio de investigaciones la fiscal general Diana Salazar asegura que ha podido recabar evidencia que le permite presumir que existe un grupo de funcionarios y exfuncionarios públicos de la Contraloría General del Estado (CGE), de la empresa pública Petroecuador, de la Secretaría General de la Presidencia de la República y de personas particulares que conforman una estructura organizada con la finalidad del cometimiento de delitos que atentan contra la eficiencia de la seguridad pública del país.