Comisión usará una plataforma informática para la calificación de méritos de los 28 concursantes para ser fiscal general

Una plataforma tecnológica llevará el registro de cada actividad que realicen los integrantes de la comisión ciudadana durante la calificación de méritos de los 28 postulantes para ocupar la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.

La comisión ciudadana que realiza el concurso público de méritos, oposición e impugnación para la elección del fiscal general iniciará en las siguientes horas esta fase del proceso, para lo que tendrá un periodo de diez días hábiles.

Este plazo correrá desde que los comisionados reciban una notificación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en la que certifican haber conocido el informe final de admisibilidad, que se emitió el 17 de abril último.

En este documento, los comisionados concluyeron que 28 de 75 personas cumplieron con los requisitos de ley y no incurrieron en prohibiciones o inhabilidades para ejercer un cargo en la función pública.

Está previsto que el CPCCS sesione este lunes o martes y, con ello, la comisión empiece esta etapa.

Los méritos de los 28 postulantes se calificarán con un puntaje de 50/100. Los otros 50 puntos se dividen entre 30 de un examen escrito y 20 de la exposición de un caso práctico que rendirán después de la fase de impugnación ciudadana.

Para esta actividad, el CPCCS desarrolló una plataforma tecnológica específica que debe ser usada por los comisionados y que solo está disponible para su uso dentro de la institución.

Esta herramienta permitirá asignar los expedientes a cada consejero a través de un sorteo.

Para ingresar, cada comisionado tendrá un usuario y una contraseña, con lo que además se registrarán los horarios de ingreso y salida en tiempo real.

La calificación se hará con base en un cuadro establecido por el sistema, que almacenará las calificaciones bajo protocolos de seguridad para evitar su manipulación o alteraciones y permitirá mantener el registro de las actividades que haga cada comisionado hasta el momento en el que se emita el reporte de calificación.

De los 50 puntos para méritos, los 28 concursantes tienen asegurados 10, que corresponden a su título de tercer nivel. No obstante, el reglamento precisa que se valorará el título de mayor jerarquía.

Es decir, únicamente quien tenga un título de doctorado en Derecho o Derecho Penal tendrá 18 puntos, las maestrías se valoran en 16 puntos, las especializaciones en 14 y el título de tercer nivel (universitario) en 10.

Otro ítem que se calificará será la trayectoria profesional, dividida en dos áreas. La primera es el ejercicio en el sector público relacionado con materias como derecho penal, procesal penal, criminología y seguridad pública, política criminal, derecho constitucional, derechos humanos, menores y adolescentes infractores, gestión pública y derecho internacional en materia penal.

Se concederá un punto por cada año completo (hasta 15 puntos).

Por su parte, para la experiencia específica, que se calificará hasta 10 puntos, se darán dos puntos por cada cargo (hasta ocho puntos) y por el desempeño en el sector público en cargos de nivel jerárquico superior, jueces penales, fiscales y defensores públicos en materia penal.

No se valorarán encargos o subrogaciones temporales.

El libre ejercicio profesional se calificará con 1,5 puntos por cada documento que acredite intervención de audiencias penales, preparatorias de juicio, de apelación y recursos extraordinarios de revisión y casación.

En este caso, de los 28 participantes, 26 han desarrollado su experiencia profesional en el sector público y dos en el libre ejercicio y la docencia.

Entre las participantes está Bella Castillo, lojana que se ha desempeñado como fiscal de esa provincia.

La actual jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, se desempeñó como fiscal provincial y conjueza, también dicta cátedra.

Andrea Cazar, exfuncionaria del Consejo de Participación Ciudadana, es defensora pública y fue delegada en Imbabura del Consejo de la Judicatura (CJ).

Karen Duque es funcionaria de la Defensoría Pública, agente fiscal de Esmeraldas y docente.

La participante Tirsa Gómez fue directora de Salud del Ministerio de Salud en Pastaza y fiscal en esa provincia; Sandra Morejón, exfuncionaria de la Corte Suprema de Justicia, es agente fiscal.

Gina Mora, de Manabí, exjueza de la Corte Provincial, fue agente fiscal. La actual jueza de la Corte Provincial de Pichincha, Inés Romero, que empezó su ejercicio en la Fiscalía, es exasesora y exsubsecretaria del extinto Ministerio de Justicia y exdirectora de Rehabilitación Social.

Julia Villalta, de Loja, en sus inicios laboró como consultora júnior en el estudio del actual juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Ángel Torres Maldonado, en 2011, y es agente fiscal.

Entre los aspirantes hombres está Leonardo Alarcón, actual fiscal subrogante que reemplazó a Wilson Toainga en el mismo puesto. Oriundo de Cuenca (Azuay), ha sido asesor legislativo, secretario de fiscales, agente fiscal y fiscal encargado.

Otros agentes fiscales que compiten por el cargo son Rubén Balda, de Manabí; Gustavo Benítez, de Quito; José Cevallos, que se autoidentificó como afroecuatoriano y viene desde Esmeraldas; Patricio Haro; y Juan Guaño, quien laboró en el periodo del Gobierno de Rafael Correa como asesor en el Consejo Nacional Electoral (CNE), fue asesor de la Corte Constitucional (CC) en 2012, asesor parlamentario y actual agente fiscal.

Hay también jueces de la Corte Provincial como Bolívar Espinoza, de Cotopaxi, y Mario Fonseca, de Napo.

Aunque ha sido parte del sistema de la Función Judicial, actualmente está en el libre ejercicio José de la Gasca, exministro de Gobierno de la administración del presidente Daniel Noboa, exjuez penal de Guayas; además, fue secretario anticorrupción en el Gobierno de Lenín Moreno y funcionario diplomático en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre 2023 y 2024, también con Noboa.

Actualmente por designación del jefe de Estado es representante de Ecuador en el Tribunal de Arbitraje de la Corte Penal de La Haya.

Asimismo, está el perfil de Walter Macías, que en 2024 dejó su función de juez penal de la Corte Nacional de Justicia; oriundo de Manabí, empezó en la Judicatura como agente fiscal y ascendió a juez provincial y juez contencioso administrativo.

En la lista de admitidos que aspiran a ocupar este cargo hay agentes fiscales como Gabriel Pereira, de Machala; Salomón Montecé, defensor público; Luigi Miranda, de Manabí; José Robalino, de Napo, entre otros.

Después de los diez días, la comisión elaborará un informe preliminar, al que se podrá solicitar la recalificación en el caso de que un postulante se sienta afectado. (I)