Ocho abogados, una psicóloga industrial y un comunicador forman parte de la comisión ciudadana que se encargará de hacer el concurso público de méritos, oposición e impugnación del que saldrá el próximo titular de la Fiscalía General del Estado, que ahora se encuentra presidida por el fiscal subrogante, Leonardo Alarcón.
Con barra propia, que festejaba a los cinco —de los siete vocales— que integran parte de una mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), este 14 de enero de 2026, se escogió por sorteo a los nuevos miembros de la comisión ciudadana de selección de un fiscal general.
La integración de estos cuerpos colegiados es una disposición constitucional que se hace únicamente para la designación de autoridades de control del Estado, a través de los denominados concursos públicos de méritos, oposición e impugnación (esta última a la falta de probidad e idoneidad para asumir una función).
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De esta comisión son parte cinco personas electas de la “ciudadanía”, con sus respectivos suplentes; y, las otras cinco, son delegados nominados por las funciones del Estado: Función Ejecutiva, Función Legislativa, Función Electoral, Función Judicial y Función de Transparencia y Control Social.
A los ciudadanos se los elige de una lista que contiene los 30 mejor puntuados obtenidos por sus méritos. Sin embargo, tras el sorteo, salieron escogidos los que acreditaron bajas calificaciones sobre un total de 50 puntos.
Los escogidos fueron:
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- Wellington Andachi Trujillo, con 37,50/50, que fue servidor del anterior Ministerio de Bienestar Social; secretario de junta provincial electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE) y docente en la Universidad de Bolívar.
- Cynthia Jacho Tipán, 17,50/50, obtuvo su título de abogada en el 2024 y se vinculó al bufete Martínez&Martínez en el que acreditó dos años de experiencia.
- Hugo Ludeña Eras, 21/50, gerente de una cooperativa de ahorro y crédito, fue también asesor de la Compañía Ludeña Cargo, de la Compañía Airsetrans y excandidato a consejero de Participación Ciudadana en el 2019.
- Zoila Echeverría Zambrano, 23/50, asesora de la Fundación de Protección Urbana y Silvestre Kalpa Huasi y laboró en los estudios jurídicos Rolando Vásquez, Stalin López Cuesta y Alega.
- Cristian Api Tapia, 20,25/50, fue funcionario de la Fiscalía de Pichincha, es parte del estudio jurídico Bravo Macías, exfuncionario del Consejo de la Judicatura; y, en la actualidad, en el libre ejercicio en AHA abogados.
De las funciones del Estado:
- Pamela Garay Mateo (Transparencia), es asesora de la Superintendencia de Compañías. Estuvo vinculada a la compañía Rey Banana del Pacífico (ReyBanPac) y también al estudio jurídico Cabezas&Cabezas Klaere —del que es parte el superintendente, Luis Cabezas Klaere— entre 1999 y 2019. Según el expediente, entre el 2012 y 2024, la comisionada fue abogada de coactivas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
- Daniel Caicedo de los Ríos (Asamblea Nacional), es asesor del presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen; fue abogado del estudio Carmigniani&Pérez; exfuncionario en el despacho de la exjueza de la Corte Constitucional, Teresa Nuques; y socio del estudio jurídico Pérez Bustamante&Ponce.
- María Belén Toca Mena (Ejecutiva), es psicóloga industrial y labora en el área de talento humano de la Presidencia de la República; trabajó para una empresa automotriz.
- Tayron Valarezo Eras (Consejo Nacional Electoral), comunicador, exfuncionario de la Asamblea Nacional y community manager de las redes sociales de la presidenta del Consejo, Diana Atamaint; y coordinador de productos electorales.
- Natalia Guarnizo Condolo (Judicial), es funcionaria de carrera de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y se desempeña como subcoordinadora jurídica del despacho de Daniella Camacho, jueza de la sala de lo Penal.
Apenas el CPCCS posesione a estos comisionados, se autoconvocarán para elegir presidente (que le corresponde a la ciudadanía) y vicepresidente (un representante del Estado).
Luego, se elegirá a un secretario, pero de una terna que enviará el presidente del Consejo, Andrés Fantoni, según lo ordena el reglamento respectivo.
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Después de esto, estarán obligados a iniciar con las actividades del concurso, como es la aprobación de un cronograma de trabajo y la primera actividad es la convocatoria para que los abogados interesados en participar se inscriban.
El artículo 75 del reglamento, que rige a las comisiones, establece que sus miembros están designados para un “periodo fijo” de cuatro meses que se contarán a “partir de su posesión”.
En ese tiempo deberán efectuar “todo el concurso”, que contempla cinco fases: la convocatoria y postulación; admisibilidad y reconsideración; méritos y recalificación; escrutinio público e impugnación; y oposición y recalificación.
Si no avanzan a elegir al fiscal en cuatro meses, se concederá un adicional de dos meses y, si persiste el incumplimiento, “serán cesados en funciones y se remitirá a la Contraloría General del Estado” el incumplimiento para que haga un examen especial.
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Reclamos y halagos durante la sesión
La sesión de este miércoles se realizó en el auditorio del Ministerio de Educación, en el norte de Quito, al que asistieron miembros de la veeduría ciudadana, que ‘vigilará’ el proceso; y otros invitados que aplaudían y resaltaban al presidente del CPCCS, Andrés Fantoni y los consejeros con los que hace mayoría: David Rosero, Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez y Roberto Gilbert, que participó de forma telemática.
Con sus cinco votos se aprobó la resolución que recoge los nombres de los diez comisionados seleccionados. En tanto, las consejeras Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán votaron en contra.
Bonifaz alertó de una posible vulneración de la seguridad jurídica porque se hicieron cambios a los reglamentos, mientras se desarrollaban actividades del concurso.
Recordó las denuncias de irregularidades alrededor de la gestión del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy y cómo se dio su designación para ese cargo, que la hicieron los consejeros Fantoni, Rosero, Verdezoto y Enríquez.
En ese sentido, Bonifaz llamó a guardar la “coherencia ética”, debido a la participación en un equipo técnico de apoyo a los siete consejeros, de Christian Troya, que fue llevado al Consejo por Johanna Verdezoto, y es amigo y excolaborador de Fausto Jarrín, este último, exabogado de Rafael Correa y exlegislador del correísmo y ahora asesor del gobierno de Daniel Noboa.
Troya fue también opcionado para ser vinculado al Consejo de la Judicatura con la llegada de Godoy en el 2024, aunque no se concretó. En la actualidad fue ascendido a coordinador de comunicación del CPCCS.
“Lamentablemente las actuaciones del equipo técnico están siendo empañadas por Christian Troya, estas acusaciones señalan una falta de imparcialidad”, en el desarrollo de la elección de los comisionados, añadió la vocal.
Piedad Cuarán sustentó que existen inconsistencias en la calificación de los méritos de algunos postulantes y adelantó que pronto pedirá el nombre de la persona que calificó dichas carpetas, aunque no dio detalles.
En respuesta a las críticas, Johanna Verdezoto, exaltó que esta fase era un “hito histórico” y que se actuó con transparencia y ética. “Para eso hemos sido elegidos, no para prestarnos para shows políticos”, decía elevando la voz.
El presidente Fantoni defendió las actuaciones de su bloque y del equipo técnico de apoyo y advirtió que hay que “ser coherente de lo que se hace con lo que se dice”. (I)
