Reglamento para elegir fiscal general podría reformarse y se permitirá que se inscriban más veedores

Los ofrecimientos de convocar al concurso para elegir a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado en 30 días se disipan: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) reformaría el reglamento que guiará el proceso y se abrirá la posibilidad de inscribir más veedores ciudadanos. Por unanimidad de los siete vocales del CPCCS se decidió empezar con la instalación de “mesas técnicas” en las que se traten cambios al reglamento para elegir al titular de la Fiscalía, que se aprobó en septiembre de 2024.Así también, resolvieron abrir el calendario para que los ciudadanos interesados se inscriban para ser veedores de este concurso. La propuesta se da a propósito de que se constituyó una comisión cívica que vigilará esta elección y que la integran gremios de abogados en el libre ejercicio, de periodistas y docentes de las universidades Pontificia Universidad Católica (PUCE) y de los Hemisferios, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador. El vocal del Consejo de Participación Ciudadana Gonzalo Albán y la Federación Nacional de Abogados del Ecuador (Fenade) insistieron al presidente del organismo, Andrés Fantoni, en la necesidad de reformar el reglamento, antes de que se convoque al concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana para la elección de un fiscal de la nación.Albán envió un oficio a Fantoni en el que pedía que se aclaren aspectos, como por ejemplo, dar un punto por acción afirmativa a quienes tengan menos de 30 años al momento de postularse, ya que ello implicaría que una persona debió haber obtenido su título de tercer nivel en derecho a los 19 o 18 años para cumplir el requisito de diez años en el libre ejercicio. La federación, presidida por el abogado Paúl Ocaña, formuló este cambio desde septiembre del 2024 cuando se aprobó la norma. Les preocupa la posible restricción del derecho de participación, pues está prohibida la postulación de quienes hayan patrocinado casos relacionados con 36 delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Ocaña reconoce la preocupación de que puedan infiltrarse grupos de delincuencia organizada auspiciando un candidato a fiscal, pero sugiere que podría endurecerse la fase de escrutinio a la probidad, idoneidad y ética de los interesados. ¿Cómo? Revisando los patrimonios de los que se inscriban y que organismos como el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), la Contraloría General del Estado apliquen sus atribuciones de vigilancia y control. El temor alrededor de este proceso es de que se infiltren participantes con posibles vínculos con el crimen organizado, a propósito del caso Metástasis que investigó la Fiscalía y que develó una estructura criminal en el sistema judicial financiada por el narcotráfico, que salpicó a abogados en libre ejercicio, policías, jueces e incluso al expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) Wilman Terán.Este miércoles, 4 de junio de 2025, los vocales del CPCCS sesionaron y, en el marco de este concurso, resolvieron reabrir la fase de conformación de la veeduría ciudadana. Esta es una de las primeras etapas que se cumplen en la designación de autoridades. Para este concurso, el Consejo acreditó a 520 veedores que podrán “vigilar” el desarrollo de los procedimientos. El consejero David Rosero propuso la moción, porque habría más interesados en participar de esta vigilancia y, además, porque este martes se presentó la comisión cívica para el concurso de fiscal, que reúne a gremios de abogados, periodistas y catedráticos de las universidades Católica del Ecuador (PUCE) y de los Hemisferios, que tendrán un carácter independiente y el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador. Este colectivo de la sociedad civil lo presidirán Paúl Ocaña, de la federación de abogados, y Guadalupe Fierro, síndica de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), al que se unieron docentes y otros actores. En los siguientes días, los consejeros empezarán la discusión de reformas al reglamento, aparentemente, atendiendo el pedido de la federación. No obstante, este 3 de junio hubo una primera reunión de los asesores de los consejeros para planificar la agenda de trabajo. El articulado que está en vigor se aprobó en septiembre del 2024, de un proyecto que propuso el exconsejero Augusto Verduga (destituido por el Tribunal Contencioso Electoral), al que se hicieron modificaciones propuestas por las consejerías.Andrés Fantoni, en una entrevista con radio Quito días atrás , dijo que no estaba previsto que se hagan cambios al cuerpo legal, ya que era “riguroso”. En tanto, en el pleno de este miércoles, comentó que el articulado “no estaba escrito en piedra” y que “nunca” ha dicho que no podía reformarse.El concurso público lo desarrolla una comisión ciudadana de selección que la integran diez personas: cinco electas en representación de la sociedad civil a quienes se les califican méritos y de los 30 mejores puntuados se escoge por sorteo a cinco. Luego, ellos y los delegados de las cinco funciones del Estado pasan a una etapa de escrutinio en la que la ciudadanía puede advertir la posible falta de probidad e idoneidad para ser electos. Según las cuentas de Fantoni, en esta semana se iba a convocar a la ciudadanía para que se inscriba a ser comisionado, pero no ocurrió. La urgencia se debía a una disposición del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) que establece que, una vez que se ha producido la ausencia definitiva del titular de la Fiscalía, la autoridad nominadora convocará a la selección de su reemplazo en un periodo de 30 días. Tras la renuncia de Diana Salazar Méndez a la Fiscalía, subió el fiscal subrogante, Wilson Toainga Toainga, hasta que se designe al titular. El CPCCS conoció su renuncia el 23 de mayo pasado y dispuso a la coordinación jurídica que elabore un informe que contemple plazos para formar la comisión ciudadana en 30 días. Hasta este miércoles el pleno no trató ese documento.Pese a ello, según las cuentas de Fantoni, a finales de este año o quizás en febrero del 2026 haya un fiscal electo. (I)

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