Este miércoles cerró el término de tres días para que 48 de 75 inscritos en el concurso público para elegir al titular de la Fiscalía General del Estado hagan sus pedidos de reconsideración a su descalificación en la fase de admisibilidad.
La selección de esta autoridad del Estado está a cargo de una comisión ciudadana (compuesta por diez personas) que está a puertas de cerrar la fase de admisibilidad, en la que se revisa que los aspirantes cumplan requisitos de ley para participar en el proceso y, para ocupar una función en el Estado.
De 75 inscritos, 27 fueron admitidos y 48 fueron inadmitidos. No obstante, el reglamento da la posibilidad de solicitar la reconsideración en un término de tres días.
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Al terminar ese periodo este 1 de abril, los comisionados tienen otros cinco días hábiles para responder a cada uno de los pedidos de forma motivada. Dicha actividad arrancaría el próximo lunes, cuando se retomen las actividades laborales luego del feriado de Semana Santa.
Las solicitudes de reconsideración se recibían en las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) hasta las 17:00, por lo que hasta el cierre de esta publicación, la comisión mantuvo bajo reserva la información de cuántos escritos ingresaron.
Una vez que la comisión analice los pedidos, elaborará el informe final con el total de admitidos y lo remitirá al pleno del CPCCS para su conocimiento.
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Conjuntamente, este miércoles, los comisionados iniciaron con la preparación de la siguiente etapa de calificación de méritos, en la que se evalúa la preparación académica, laboral y trayectoria de los concursantes sobre un puntaje de 50/100.
Los otros 50 puntos se dividen: 30 para el examen escrito y 20 la exposición práctica, en la que los participantes simulan la resolución de un caso que tenga relación con las funciones de un Fiscal.
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El cuerpo colegiado asignó al equipo técnico (un grupo de asesores de los siete vocales del CPCCS) que elabore un proyecto de instructivo para aplicar la valoración de los méritos de los postulantes que finalmente sean admitidos.
Los comisionados tendrán diez días hábiles para calificar los méritos, los que se contarán desde que el Consejo de Participación Ciudadana les notifique que se cerró la etapa de admisibilidad.
En tanto, en la sociedad civil hay preocupación.
Este 1 de abril, representantes de la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal, expresaron su preocupación porque los expedientes de los concursantes se han publicado parcialmente en el portal institucional del CPCCS.
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Esta Comisión interpuso una acción de acceso a la información para que se publiquen los archivos en el portal web del Consejo de Participación Ciudadana, apenas los ciudadanos se inscribieron.
Pero, el artículo 29 de la normativa que rige el proceso, establece que los expedientes serán publicados en la web protegiendo sus datos personales en un término de tres días después de la aprobación del informe de admisibilidad.
El presidente de la Federación Nacional de Abogados y coordinador de esta Comisión Cívica, , Paúl Ocaña, cuestionó que de los 75 aspirantes, tres expedientes no se hayan publicado bajo el argumento de la aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales, “olvidando que la norma faculta al Consejo a resguardar la privacidad, sin sacrificar la transparencia”.
Son once postulantes los que no permitieron, acogiéndose a esa ley, que se publiquen sus documentos y tampoco firmaron el formulario de conflicto de intereses, pese a que son disposiciones obligatorias que constan en el reglamento.
Ocaña admitió que, si bien la ley permite a los usuarios impedir que se revele información personal, entonces, para qué se postulan a un concurso público.
“Si tengo la intención de postularme para ser fiscal general, en donde la probidad e idoneidad es una parte básica de quién va a ejercer el cargo, ¿qué cosa hay para que no se quiera revelar los datos?“, opinó el jurista, en una declaración de prensa que se realizó este 1 de abril en Quito. (I)
