La prohibición para que los abogados en libre ejercicio que hayan patrocinado a clientes procesados en más de 30 delitos penales no puedan participar en el proceso de selección de un titular de la Fiscalía General entra en revisión de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Después de nueve meses de promulgado el reglamento que guiará el concurso público de oposición, méritos e impugnación para la elección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana se abre a la discusión de posibles reformas a la normativa, por pedido de la Federación Nacional de Abogados (Fenade) y del consejero Gonzalo Albán.
Aunque no es la primera vez que la federación hizo reparos a este proyecto por las limitaciones a los derechos de participación, fue este miércoles que fueron escuchados en el salón del pleno.
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Este 11 de junio de 2025, el presidente de la Fenade, Paúl Ocaña Merino, expuso sus sugerencias para modificar la normativa en aspectos como las prohibiciones para participar, dar puntos por acciones afirmativas y la calificación de méritos a los candidatos que se inscriban.
En el primer caso, el artículo 22 prohíbe la postulación de abogados en el libre ejercicio que hayan patrocionado a personas vinculadas a estructuras criminales, llamadas a juicio o condenadas por delincuencia organizada, terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otros 32 delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
A criterio de Ocaña, un concurso no puede limitar derechos de participación porque, cuando se lo hace, “a la larga va a traer acciones de protección que van a dilatar los procesos”, como ha ocurrido en otros concursos públicos, advirtió.
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Explicó que esta prohibición afecta incluso a la defensa de las personas y la presunción de inocencia, por lo que la atención debería dirigirse a la probidad.
“Si queremos tener al mejor fiscal, debemos tener la vara muy alta. Observar la probidad y desde ahí se va limitando en temas como lo económico, político y sobre quiénes integrarán la comisión ciudadana”, añadió.
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En detalle, respecto de lo económico, Ocaña cree que un candidato debería dar la autorización al CPCCS para que se abran sus cuentas bancarias y transparente su patrimonio, lo que permitirá conocer, por ejemplo, su pago de impuestos y sus transacciones financieras.
En lo político, no tener una afinidad política; y, sobre la conformación de la comisión ciudadana (que la integran diez personas: cinco escogidos por concurso de méritos de la sociedad civil y cinco delegados de las funciones del Estado) que será la encargada de hacer el concurso público del que saldrá la nueva autoridad.
Se propone que el fiscal general sea experto en derecho penal, procesal, litigación porque “mañana tenemos un abogado de la familia, civil, laboral... ¿Cómo va a combatir a las mafias?”.
También se cuestionó el dar puntos a un candidato por la denominada acción afirmativa, en la que una persona puede autodeterminarse como indígena, montuvia o afroecuatoriana y obtener un punto.
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Así también, por vivir en sectores rurales o en el exterior; si fue declarado héroe o heroína, entre otros temas, como ser oriundo de las islas Galápagos.
El debate de estos cambios se haría en los siguientes días. En tanto, el inicio del concurso público para elegir a la autoridad se dilata.
Luego de la renuncia de Diana Salazar Méndez, el 20 de mayo pasado, la sucedió Wilson Toainga Toainga, quien se encuentra en funciones prorrogadas, ya que el 8 de abril se terminó el periodo de seis años para el que fueron electos.
El presidente del Consejo, Andrés Fantoni, ofreció que en 30 días tendrían conformada la comisión ciudadana de selección —que hará el concurso—, pero hasta el momento no ha iniciado el procedimiento y se desconoce cuándo empezará. (I)
