El proceso para elegir al titular de la Fiscalía General del Estado estaría por empezar, con la formación de una comisión ciudadana que es la que realiza el concurso público y que dará fe de que los candidatos cumplan con los requisitos legales para acceder al cargo, entre ellos, la probidad y ética. Esto, en un contexto de desconfianza social con el sistema judicial y la infiltración del crimen organizado.
La Constitución exige tres requisitos para ser fiscal de la nación, ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos; tener título de tercer nivel en derecho y conocimientos en gestión administrativa.
Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal por un lapso mínimo de diez años.
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A estos, se suman los requisitos establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial y, en el reglamento específico para hacer el concurso público en el que hay 22 disposiciones de prohibiciones e inhabilidades en las que los interesados no deben incurrir.
El encargado de llevar adelante los procesos es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que, en un primer reglamento, que se aprobó el 30 de septiembre de 2024, se determinó que los abogados en el libre ejercicio que hayan patrocinado a procesados por 36 delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) no podían postularse.
Pero esta prohibición se eliminó a través de una reforma que se hizo el 20 de junio, y se reemplazó el numeral 19 para que en adelante no se permita la participación de personas que estén en condición de procesados, llamados a juicio o condenados por 42 tipos penales, además de los delitos en contra de la administración pública que también están incorporados en la Constitución para todos aquellos que asuman un cargo en el Estado.
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La modificación se hizo por una recomendación de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador porque el posible efecto sobre estas medidas sería una ‘lluvia’ de acciones de protección sobre el proceso por la posible vulneración al derecho de participación.
A raíz de los casos Metástasis, Purga, Plaga que investigó la Fiscalía General y descubrió el uso del sistema judicial y de sus operadores para beneficiar a delincuentes, hay temor de que en el concurso que llevará adelante el CPCCS, a través de una comisión ciudadana, se infiltre el crimen organizado.
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Una herramienta que ayudaría a controlar el origen de los candidatos sería revisar sus patrimonios y su pasado político, propone Paúl Ocaña, presidente de la Federación Nacional.
“El filtro debe estar en la probidad patrimonial, la ética, política y profesional”, comentó Ocaña, para quien la oportunidad de hacerlo es que la comisión ciudadana y el Consejo de Participación Ciudadana pidan a los concursantes la autorización para que puedan revisar sus cuentas y observar sus ingresos y la declaración al Servicio de Rentas Internas (SRI).
Si coinciden los valores “qué mejor, y si no coincide, puede haber defraudación tributaria”, lo que alertaría de posibles irregularidades, comentó Ocaña.
En cuanto a la labor como abogado en libre ejercicio se debería revisar si los aspirantes han estado dedicados a defender a personas procesadas por crímenes relacionados, por ejemplo, con el narcotráfico y sus delitos conexos y demás.
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Si bien esta atribución no está contemplada en el reglamento de selección, podría incluirse en el formulario que deberá emitir la comisión y el pleno del Consejo para registrar las postulaciones, añadió Ocaña.
En todo caso, el cuerpo legal contempla una disposición que otorga a los consejeros y a los comisionados la facultad de verificación con la que estarán facultados para solicitar, de oficio, información sobre los postulantes a cualquier entidad pública o privada, para verificar información, declaraciones o documentos recibidos dentro del proceso, a efectos de pronunciarse motivadamente sobre la probidad.
Esta facultad se podrá ejercer una sola vez por cada postulante y, de verificarse que hay documentos falsos o adulterados podrá ser descalificado.
Este será un procedimiento en el que los concursantes ejercerán su derecho a la defensa ante las dos instancias.
Por ahora, el primer momento al que se enfrenta el CPCCS es al de arrancar con la conformación de la comisión ciudadana, para lo que prevé reunirse este viernes en una sesión extraordinaria y resolver cómo acortar los tiempos para elegir a estos actores.
Esta comisión la componen diez personas de las que cinco son electos en representación de la ciudadanía y cinco delegados por las cinco funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.
Los comisionados que representan a la ciudadanía se postulan a un concurso público y los elige el CPCCS —con apoyo de sus asesores— calificando sus méritos sobre 50 puntos y continúa la impugnación.
En cambio, los delegados de las cinco funciones del Estado se enfrentan a la impugnación.
Formar este cuerpo colegiado toma entre cuatro o hasta seis meses, pero el presidente del Consejo, Andrés Fantoni, se puso como meta tenerla lista en 30 días con un proceso ‘expedito’.
Su ofrecimiento se hizo a raíz de la renuncia de Diana Salazar a su cargo, en el que se encontraba en funciones prorrogadas.
El consejero convocó a una plenaria el 23 de mayo y se pidió al departamento jurídico que, en 48 horas, se les entregue un informe que dé las vías para reducir los plazos.
Pasó un mes de esa disposición y recién este viernes (27 de junio) se conocerá dicho informe en el que, de lo que se informó extraoficialmente, no se hace ninguna propuesta para reducir los plazos.
Al contrario, se propone a los siete consejeros determinar que se configuró una situación “no prevista” tras la renuncia de Diana Salazar y así emitir disposiciones para agilizar la selección de su reemplazo.
Esto, pese a que el CPCCS conocía que el periodo de seis años para el que fue electa la exfiscal terminaba el 8 de abril de 2025 y no se hizo el procedimiento para elegir a su reemplazo.
Salazar se mantuvo en funciones prorrogadas hasta el 20 de mayo, cuando renunció y la sucedió el fiscal subrogante, Wilson Toainga. (I)
