Diez comisionados que elegirán al próximo fiscal general se posesionarían este jueves y tendrán cuatro meses para concluir la tarea

Para las 15:00 de este jueves, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) prevé posesionar a los diez miembros de la comisión ciudadana que hará el concurso público de selección de la autoridad de la Fiscalía General del Estado , con lo que arrancará oficialmente el proceso, en tanto se espera el pronunciamiento judicial de una acción de protección planteada por un expostulante. El 14 de enero pasado, el CPCCS integró la comisión ciudadana —que la componen cinco personas escogidas por la ciudadanía y cinco de las funciones del Estado—, pero quedó pendiente su posesión a la espera de que presenten los documentos que los habilitan a ocupar un cargo público. De acuerdo con el reglamento, una vez que la comisión ciudadana se posesiona, empieza a correr el calendario regresivo para elegir al fiscal, para lo que tienen un plazo de cuatro meses y dos meses adicionales de prórroga.De lo contrario, se enviará el informe a la Contraloría General del Estado para que se abran auditorías a los comisionados.La posesión se produciría de forma paralela a una acción de protección con pedido de medida cautelar interpuesta por un expostulante a ser comisionado, que hasta el momento no tiene fecha fijada para la audiencia.El abogado en libre ejercicio Édgar Argüello presentó este recurso para que se revea la fase de impugnación en la que demanda la vulneración de sus derechos.La acción se presentó el 18 de diciembre de 2026, y cuatro días más tarde la jueza de la unidad judicial de Guayaquil Ofelia Crespo Zamora no convoca a la audiencia para resolver la solicitud de medidas cautelares (suspensión) y el fondo de la acción .El accionante argumenta que el equipo técnico —siete asesores de los consejeros de Participación Ciudadana que actúan como apoyo— admitieron a trámite una impugnación ciudadana de Tatiana Mora Mera, que lo acusó de falta de probidad porque fue candidato a asambleísta por dos organizaciones políticas distintas.Según Argüello, él envió sus elementos de descargo, pero no fueron analizados por los asesores, e incluso estos indicaron que no contestó ni presentó documentación de descargo y que esa “supuesta falta de contestación implicaría un reconocimiento tácito” de los hechos imputados. Efectivamente, el informe de ese equipo, que fue acogido por una mayoría del pleno del CPCCS, detalla que Argüello “no ejerció su derecho a la defensa, pese a estar debidamente notificado”, y que se “comprobó la participación política activa reciente en dos movimientos políticos distintos, lo que configura un conflicto de interés y falta de imparcialidad, y tales circunstancias contravienen los principios de probidad e idoneidad exigidos para integrar una comisión ciudadana”. Esos argumentos afectaron el debido proceso y el derecho a la defensa; insuficiencia de motivación e incumplimiento del estándar reglamentario de decisión individual; vulneración del derecho de participación, argumentó el expostulante.Como medida de reparación, solicita que se retrotraiga el proceso de selección y se considere su contestación. El reclamo de Argüello se produce dos meses después de la etapa de impugnación ciudadana, que se evacuó en noviembre de 2025.Adicionalmente, el Consejo resolvió este miércoles que convocará a la veeduría ciudadana para escuchar sus inquietudes, pero bajo dos condiciones: que primero envíen su informe final escrito y que cada uno de los 323 veedores exponga sus criterios.Por unanimidad (siete votos) del pleno del Consejo, este 21 de enero de 2026 se resolvió pedir a la veeduría que presente su informe de observación de la elección de diez personas y sus suplentes de la comisión ciudadana. La resolución se tomó por un pedido de la consejera Nicole Bonifaz, que pidió la comparecencia de los veedores para escuchar sus inquietudes y, de ser el caso, tomar correctivos.No obstante, no se fijó una fecha específica para su comparecencia, pues se los condicionó a que primero envíen el informe escrito y luego se los recibiría. La vocal Jazmín Enríquez solicitó que se escuche a “todos los veedores”, porque además hay muchos que dieron seguimiento al proceso por “transmisiones en vivo”. También la vocal Johanna Verdezoto exigió al consejero Andrés Fantoni, que preside el organismo, que se habiliten los canales digitales para escuchar a los 323 veedores, precisó. (I)

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