De entre los 75 individuos que se postularon en el concurso público de selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, once no firmaron dos documentos obligatorios: el formulario de declaración de conflicto de intereses y el consentimiento de tratamiento de información, pese a las garantías de transparencia que establece la normativa.
La comisión ciudadana, encargada de hacer este proceso de selección, aprobó la noche del jueves (26 de marzo de 2026) el informe preliminar de admisibilidad de los 75 inscritos.
El objeto de esta etapa es observar que cumplan con los requisitos contemplados en la Constitución como ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos; tener título de tercer nivel en derecho legalmente reconocido en el país y conocimientos en gestión administrativa; y, haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal por un lapso mínimo de diez años.
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Además de otros requisitos del Código Orgánico de la Función Judicial y del reglamento que recoge impedimentos e inhabilidades para ocupar un cargo en el Estado.
Luego de diez días de dos revisiones a las carpetas, 27 personas fueron admitidas y 48 inadmitidas. No obstante, la decisión todavía no está en firme.
El reglamento que guía el concurso de méritos, oposición e impugnación, da tres días para que los ciudadanos inadmitidos puedan solicitar la reconsideración.
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La comisión tendrá otros cinco días para resolver esas solicitudes y dos días para presentar su informe. Su decisión será inapelable.
Hasta el mediodía de este viernes, la comisión no remitía el documento con las motivaciones para su difusión en el portal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por lo que las hojas de vida de cada postulante aún se desconocen.
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En este contexto, en un hecho poco usual, once inscritos decidieron no firmar dos documentos que se relaciona con la publicidad de su información.
La convocatoria a postular —que se hizo el 13 de febrero pasado— establecía como presentación obligatoria la entrega del formulario de consentimiento de tratamiento de datos personales y, el formulario de declaración de conflicto de intereses.
El primer documento, que permite el tratamiento de datos personales, no lo suscribieron tres aspirantes: Jorge Urgilés Castillo, William Martínez Narváez y Luis Fernández Piedra.
En cambio, no llenaron el formulario de conflicto de intereses los candidatos: César Palma Arellano, Jorge Luis Piedra Celi, Segundo Vernaza Vizcarra, Víctor Sarmiento Garzón, Carla Jácome Salas, Ruth Espinoza Avilés, Washington Andrade Escobar y Édgar Jaramillo Yánez.
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De estos, solo Fernández Piedra fue admitido a seguir en el proceso.
La decisión de estos ciudadanos se dio, pese a que en el reglamento se establece que para garantizar el control social “toda información relacionada” con el proceso será pública; y, que los postulantes otorgarán su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.
Adicionalmente, los principios rectores son la independencia, transparencia, meritocracia, especialidad, probidad e integridad, idoneidad, publicidad, entre otros.
En todo caso, restan por lo menos doce días término para dar por precluida con la fase de admisibilidad, una vez que la comisión ciudadana elabore su informe final, tendrá dos días para ponerlo en conocimiento del Consejo de Participación Ciudadana.
Cerrada esta etapa, se dará inicio a la calificación de méritos de los postulantes que finalmente hayan sido admitidos.
La competencia tendrá perfiles como el de la actual jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho; del exministro de Gobierno de Daniel Noboa y exfuncionario en el régimen de Lenín Moreno, y exaspirante a fiscal general, José de la Gasca; y, el actual fiscal subrogante, Leonardo Alarcón.
Este momento del concurso se califica sobre 50 puntos, en los que se toma en cuenta los títulos universitarios, la trayectoria profesional, libros o artículos especializados que se hayan publicado; sus cargos en el sector público; y también hay puntos por acción afirmativa.
Hay nueve aspectos por los que un aspirante puede obtener puntos adicionales por acción afirmativa: cada uno vale un punto y no deben exceder de los 50.
Entre estos, autoidentificación, padecer enfermedades raras, vivir en la Amazonía, personas declaradas héroes, personas domiciliadas en zonas rurales o ecuatorianos que han vivido en el exterior en los últimos tres años.
De acuerdo con los términos establecidos por el CPCCS, la comisión ciudadana tiene —desde que fueron posesionados sus comisionados— cuatro meses para terminar con el concurso y dos adicionales ante posibles eventualidades.
El 22 de enero se posesionaron y llevan ya dos meses en el proceso. (I)
