Con la promesa de que los fondos complementarios del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) no se perderán, la Comisión de Desarrollo Económico inició con el tratamiento del proyecto de ley para el Fortalecimiento Crediticio, que envió el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional, con carácter económico urgente.
La mesa legislativa se instaló en sesión pasadas las 14:30 de este miércoles, 3 de septiembre de 2025, bajo la dirección del asambleísta de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), Diego Franco, en reemplazo de su ‘coidearia’, Valentina Centeno, quien se encuentra en el exterior por motivos académicos.
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Los comisionados avocaron conocimiento de lo resuelto por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de remitir este proyecto de ley a la Comisión de Desarrollo Económico y, de inmediato, arrancaron las comparecencias.
El primero en intervenir fue Bernardo Cordovez, gerente del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), quien explicó que el objetivo de las reformas al Biess y al IESS es “solucionar negocios que no están siendo rentables para el banco y así maximizar la rentabilidad de cada aporte de los afiliados y jubilados”.
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Asimismo, el representante del banco del IESS puntualizó que el proyecto busca fortalecer el manejo de los fideicomisos, reactivar negocios fiduciarios rentables para el Biess, fortalecer el control técnico y evitar el deterioro de los activos del Estado.
En este sentido, Cordovez detalló que el Biess tiene 36 fideicomisos con aportes de $310 millones, de los cuales 13 se encuentran paralizados desde hace 10 o 15 años, por lo que los fondos no están siendo rentabilizados y no se está generando el rendimiento que requiere el banco, el cual debe sobrepasar el 8,31%.
Sobre los fondos complementarios previsionales cerrados, la autoridad aclaró que lo que se busca es devolver a los partícipes la administración de estos fondos, dejar de subsidiar con recursos de los afiliados y jubilados, la administración de los fondos complementarios y así liberar al Biess de de un pasivo que compromete su sostenibilidad.
Por su parte, Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), aseguró que los fondos complementarios no se van a perder.
“Es necesario devolver los fondos complementarios, esos fondos no se van a perder, el dinero no se irá a ningún lado. El Biess va a tomar el fondo y lo va a devolver a su propietario para que se haga cargo de la administración. No se va a perder un solo dólar de nadie, insisto, esta plata regresa a su legítimo propietario, lo que dice el Biess es que no puedo seguir asumiendo esta administración a pérdida”, enfatizó Lama.
De acuerdo con el representante del IESS, lo que se busca es mejorar el rendimiento del banco y la rentabilidad de los aportes de los afiliados. “Si no hacemos esto es como pegarse un tiro en la pierna”, sostuvo.
Por otro lado, Edgar Lama explicó que el proyecto de ley para el Fortalecimiento Crediticio también plantea hacer cambios en la elección de las autoridades del IESS, ya que, recalcó, “la seguridad social tiene algunos cargos que no pueden ser removidos, como que han ganado una elección popular para cuatro años”.
El presidente del Consejo Directivo del IESS dijo que los directores provinciales de esta institución, en los últimos años, han sido pésimos, por lo que consideró que estos funcionarios del IESS deben ser de libre remoción.
Para esto, puntualizó, la propuesta para elegir a los nuevos vocales del Consejo Directivo de la Seguridad Social es que se cambie la modalidad para que el Consejo Directivo determine de dónde provendrán los fondos y cómo se financiará la elección de las autoridades, a través de un proceso regulado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), para garantizar la transparencia.
La comparecencia de las autoridades del Biess y del Iess duró más de una hora y tras las preguntas de los asambleístas el presidente de la mesa, Diego Franco, clausuró la sesión.
La Comisión de Desarrollo Económico tramita este proyecto de ley con carácter económico urgente, dentro del plazo de 30 días que tiene el Parlamento para aprobar, negar o archivar esta iniciativa . (I)