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Exministro Esteban Bernal no descarta acudir a la CIDH tras ser censurado por la Asamblea Nacional

El exministro de Inclusión Económica y Social del gobierno de Guillermo Lasso dice que se tomará unos días para evaluar opciones con su equipo.

Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social, durante su descargo ante el pleno de la Asamblea Nacional el jueves 25 de enero. Foto: Tomado de X (@AsambleaEcuador)

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El exministro de Inclusión Económica y Social (MIES) del gobierno de Guillermo Lasso, Esteban Bernal, afirmó que guarda esperanzas de que en instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se anule la resolución que tomó el pleno de la Asamblea Nacional, el pasado 25 de enero, de censuralo por incumplimiento de funciones.

Al exfuncionario se lo acusó de haber excluido del Bono de Desarrollo Humano a más de un centenar de personas en condición de vulnerabilidad, sin la correspondiente notificación ni motivación alguna, negándoles el derecho a la legítima defensa y al debido proceso.

“Primero hay que reflexionar que lo visto ayer, a pesar de haber explicado casi con manzanas de cómo se maneja el tema de transferencias, dicho de paso, hecho que se notifica aún en el proceder del actual ministerio, es que no cambia absolutamente nada. Lo pasado ayer era presagiable; pero, obviamente, a veces también es necesario poner un poquito de esperanza y duda que la juridicidad que debe primar en un legislador se haga presente. Pero ni fue así”, dijo Bernal en entrevista con EL UNIVERSO este viernes, 26 de enero.

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“Es penoso por el país, por no tener un Ecuador que tenga un nivel de representatividad como en otrora era los Congresos en el país”, agregó.

Bernal, quien es el director nacional del movimiento CREO, se basa en un antecedente de sentencia en un juicio político que tuvo lugar en Perú, donde la CIDH “sentencia efectivamente de que no hay imparcialidad; y, al pasar eso, tenemos toda la posibilidad de acudir a organismos internacionales para nulitar el juicio como tal”.

La medida del Legislativo lo proscribe políticamente por dos años, lo cual conlleva la prohibición para el exfuncionario de volver a ocupar un cargo público por el lapso de dos años, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

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“Me tomaré unos días a evaluar con el equipo (las opciones de apelación)”, apuntó.

El exfuncionario reiteró que alrededor de 750 personas presentes en el pleno de la Asamblea, entre legisladores y sus asesores, personal administrativo y representantes de medios de comunicación privados y públicos, “vieron un acusado por cumplir la ley”.

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“¿Al final del día qué sacaron? Una censura. Proscribirme dos años para no hacer política. Pero más allá que participe o no en el 2025, lo importante es que pueda recuperarse un derecho de participación que fue ilegalmente sustraído por una Asamblea que irrespetó los procedimientos, que le da un muy mal mensaje a los jóvenes, que tienen que amar la política y no repudiarla”, lamentó.

Eckenner Recalde (ADN), interpelante del juicio político, dijo que el exfuncionario actuó con indolencia al negarles el derecho a las personas pobres de acceder a los beneficios que otorga el Estado ecuatoriano, porque entre quienes fueron excluidos están personas de la tercera edad y con discapacidad, que no tenían otros ingresos que las ayudas económicas que entrega el Gobierno.

Recalde presentó varios videos de las pruebas testimoniales, recogidas durante la sustanciación de la solicitud de juicio político en la Comisión de Fiscalización, a través de los cuales varios exbeneficiarios de los bonos demostraron la crítica situación por la que atraviesan.

Por su parte, Bernal indicó que en su administración se excluyó a 289.000 beneficiarios de las ayudas económicas y, a la vez, se incorporó a 314.000 ecuatorianos a la base de datos del registro social.

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Dijo que no ha incumplido funciones, ya que las exclusiones se dan automáticamente cuando la situación de los beneficiarios cambia en virtud de los parámetros técnicos que los ubica por encima de la línea de pobreza.

Insistió en que, si hubiera reincorporado a beneficiarios solo por consideraciones sentimentales, habría sido glosado por Contraloría General del Estado y, posiblemente, se habrían establecido responsabilidades penales en su contra por $ 190 millones. (I)

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