La suspensión para deliberar la sentencia a la que arribaría el Tribunal Penal de Juicio de Pichincha en el caso por peculado en el que es procesado el cesado alcalde de Quito, Jorge Yunda, y otras trece personas, está próxima a cumplir 16 meses y los jueces integrantes de la Sala de Juzgamiento, José Jiménez (ponente), Lady Ávila y Diana Fernández, no han convocado a la partes para reinstalar la diligencia y dar a conocer su resolución oral.

La audiencia de juzgamiento se suspendió el 17 de abril de 2024, luego de varios días de diligencia en los que se escucharon al representante de la Fiscalía de Pichincha, a los abogados del Municipio de Quito y a las defensas del exalcalde Yunda quien es acusado como autor mediato; del exsecretario de Salud, Lenín Mantilla, y Juan Alejandro Vinelli, gerente de Salumed S. A., ubicados en la causa como autores directos; y de once personas más señaladas como coautoras, entre quienes están Ximena Abarca, exsecretaria de Salud del Municipio de Quito, y Linda Guamán, excoordinadora técnica de la Secretaría de Salud del cabildo quiteño.

La teoría acusatoria que maneja la Fiscalía señala que se habría producido un perjuicio al Estado a raíz de la suscripción de un contrato en abril del 2020 para comprar 100.000 pruebas PCR para la detección de Covid-19, por un valor de $ 4′ 2 millones. Además, otros contratos adicionales firmados fueron “de externalización” que produjeron un perjuicio por más de $ 2′ 235.491 millones, probando de esta forma, de acuerdo con Fiscalía, que se configura una conducta que subsume en peculado.

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Ante el tiempo tomado por el Tribunal, a la preocupación y los pedidos de los procesados para que ya se convoque a la respectiva audiencia y se pueda conocer si son o no declarados culpables del delito imputado, también se suman otras instancias de la sociedad civil. Una de ellas es la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, organización defensora de los derechos de las mujeres desde el 2014, que agrupа a 16 organizaciones a nivel nacional.

Esta organización envió un escrito el pasado 5 de agosto al presidente de la Sala de Juicio del caso, José Jiménez. En el documento se expresa la preocupación de que la audiencia de juicio se suspendió en abril de 2024 y la sentencia de primera instancia no ha sido emitida, ni convocada para su lectura aunque únicamente falte el pronunciamiento final del tribunal respecto a la causa por peculado.

Quito 06 de febrero. Sala de audiencias en el Complejo Judicial Norte, en la cual se instaló la audiencia de juicio por el caso Pruebas PCR en contra del exalcalde Jorge Yunda y otras 13 personas más acusadas de un presunto peculado. API/Julio Estrella Foto: API

“Esta situación constituye una violación al derecho a ser juzgada en un plazo razonable y, esta inexplicable demora, ha generado no solo un perjuicio económico de grandes proporciones a las personas inculpadas, tanto por los gastos que implican su defensa, como por la pérdida de oportunidades laborales. (...), la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, pide de manera urgente se aplique el principio de celeridad y sin dilación se instale la audiencia para la lectura de sentencia, pues aparentemente no existe justificación alguna para su demora, que impida se haga justicia a todos los involucrados en este proceso, principalmente a las doctoras Ximena Abarcа у Linda Guamán”, refiere el pedido de lectura de sentencia.

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Entre las pérdidas que el proceso penal y una dilación injustificada habrían generado, recoge el escrito de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, estaría el caso de Guamán, a quien, por la medida cautelar de prohibición de salida del país por más de cuatro años se le impidió participar en 36 eventos, tanto académicos como científicos a nivel nacional e internacional.

En su cuenta personal de la red social X, Linda Guamán ha defendido su inocencia frente a lo que define como una acusación sin sustento a la que se ha enfrentado por más cuatro años y tres meses. La científica no solo cuantifica sus pérdidas en los más de $ 50.000 que lleva pagando por su defensa legal, sino también por la serie de eventos académicos a los que no ha asistido y el sinnúmero de reconocimientos que ha debido recibir a través de una pantalla.

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Tras varios intentos fallidos, el 6 de febrero de 2024 se instaló la fase de juzgamiento en el caso pruebas PCR contra el exalcalde Yunda y otros. Este proceso penal no avanzaba de la etapa de juicio desde finales de septiembre de 2021, fecha en la que la primera audiencia de juzgamiento se suspendió debido a la recusación que presentó la defensa de Yunda contra el juez Fabián Fabara, parte del a ese momento Tribunal de Juicio.

A Fabara los abogados del exalcalde de Quito lo acusaron de haberse mostrado parcializado en la causa y la recusación planteada por ellos quedó en firme recién a mediados de 2022.

Integrado formalmente el nuevo Tribunal de Juicio y una vez el Consejo Nacional Electoral confirmó que Jorge Yunda no fue electo en los sufragios seccionales de 2023, los jueces Jiménez, Ávila y Dilza Muñoz, el 17 de mayo de 2023, decidieron declarar la nulidad desde la convocatoria a la audiencia de juicio desarrollada a partir del 29 de septiembre de 2021.

Con la resolución de los jueces provinciales se formalizó el que la etapa de juzgamiento contra 14 personas procesadas por peculado vuelva a cero, es decir, tanto la Fiscalía de Pichincha, el Municipio de Quito, como acusador particular, y las defensas de los acusados debían volver a presentar la prueba pericial, testimonial y documental que confirman las teorías del caso que se manejan desde cada uno de los sujetos procesales.

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Quito, 6 de febrero de 2024.- En el complejo Judicial Norte en Quito, se instaló la audiencia de juicio por presunto peculado en contra del exalcalde de Quito, Jorge Yunda. Sugey Hajjar/ EL UNIVERSO. Foto: Sugey Hajjar.

El exalcalde Yunda y su abogado han rechazado la teoría acusatoria de Fiscalía, indicando que el hoy exfuncionario municipal actuó de la forma correcta para salvar vidas en un momento de pandemia. Marcelo Icaza, abogado de Yunda, dijo durante la audiencia que la Fiscalía no tiene seguimientos, escuchas o chats de mensajes en telefonía móvil que demuestren que hubo irregularidades en la compra de estos dispositivos médicos, cuyo objetivo era disminuir los contagios.

Icaza aseguró haber demostrado que las pruebas médicas cumplieron con las especificaciones técnicas; mientras que Yunda criticó que este caso haya iniciado por una noticia en un medio de comunicación, en el que se aseguró que las pruebas de detección del virus tienen baja sensibilidad. Recordó el exalcalde que la Arcsa ha ratificado que las pruebas eran y son válidas y lograron evitar los contagios en la emergencia sanitaria.

La abogada Alexandra Vaca, acusadora particular en representación del Municipio de Quito, relató en el juicio que el contrato de pruebas PCR que realizó el cabildo quiteño bordeó los $ 3′774.000 con la empresa Saludmed y la sospecha es que no se recibieron pruebas de diagnóstico PCR de polimerasa, sino de otras características: RT-Lamp, provocando un daño por $ 2 millones.

Abogados de los procesos consultados sobre el retardo reconocen que el Tribunal ha superado cualquier plazo razonable para emitir una resolución legal. Pese a ello, aseguran que lo que ellos pueden hacer es insistir mediante escritos para que se reanude la audiencia de juzgamiento y esperar que exista una coordinación en la agenda de los jueces que integran la Sala de Juicio de Pichincha.

En el expediente existen varios escritos planteados por procesados solicitando se reinstale al audiencia de juzgamiento suspendida el 17 de abril de 2024. (I)