La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, alertó que el proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) castiga la inversión social.
Aguiñaga se pronunció horas después de que la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo y definitivo debate de esta iniciativa enviada con carácter económico urgente por el presidente Daniel Noboa.
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“Se aprueba el informe de las reformas al Cootad sin que hayan sido escuchadas las voces de quienes administramos el territorio. No pretendíamos asistir a la Asamblea para defender privilegios burocráticos, sino para proponer un modelo que funcione para la gente, no solo para el contador del Ministerio de Finanzas”, escribió la prefecta en su cuenta de X, la noche de este martes, 17 de febrero de 2026.
La propuesta enviada por el Ejecutivo plantea incorporar “reglas fiscales de sostenibilidad y racionalidad del gasto, orientadas a preservar la disponibilidad presupuestaria para inversión, mantenimiento, provisión de servicios públicos y cumplimiento de competencias”.
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El texto sugiere que los GAD destinen al menos el 70 % del presupuesto e inversión a mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos, y el 30 % para gasto corriente.
Marcela Aguiñaga se refirió al control que existirá desde el Gobierno a los GAD sobre el uso de los recursos y sostuvo: “Un GAD que invierte en proteger y cuidar a su gente termina sancionado por hacerlo”.
“Se impone una lógica que privilegia el hierro y el cemento como si fueran la única medida del desarrollo. Pero el cuidado, la protección y los servicios sociales no son un lujo ni un exceso presupuestario: son obligaciones legales que establece el propio Cootad”, agregó la autoridad.
En este marco, la prefecta del Guayas planteó cuatro propuestas para este proyecto de ley urgente, entre las que se encuentran:
- Las transferencias que efectúa el Gobierno Central suban del 70% al 75% de manera progresiva. Es decir, elevar el piso de inversión. Asegurando que se destinen estrictamente a puentes, vías y riego.
- Incentivos reales al buen gestor: Garantías soberanas prioritarias, créditos preferenciales en banca pública.
- Racionalización del gasto en eventos; prioridad a seguridad, agro y vialidad.
- Medir calidad del gasto: empleos generados, hectáreas tecnificadas y vidas impactadas. Lo verdaderamente importante el impacto en inversión y no midiendo grupos presupuestarios.
Al igual que la prefecta del Guayas, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, reclamó que el informe para segundo debate se aprobó en la Comisión de Desarrollo Económico “sin escuchar a las provincias y ciudades”.
Mediante su cuenta de X, Pabón anticipó que insistirá en ser escucha en el segundo debate en el pleno del Parlamento.
El oficialismo defiende que la intención de esta propuesta es lograr la eficiencia y la sostenibilidad en el uso de los recursos por parte de municipios y prefecturas, y recordó que tras el primer debate, realizado el pasado 14 de febrero, se excluyó a las juntas parroquiales, aceptando el pedido del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopre).
En la sesión de la Comisión de Desarrollo Económico, realizada la tarde de este 17 de febrero, Valentina Centeno, presidenta de la mesa parlamentaria y asambleísta de ADN, aclaró que la iniciativa no reduce los presupuestos asignados a municipios y prefecturas y respeta la regla de asignación mínima establecida en la Constitución.
El correísmo por su parte, rechazó esta propuesta y alertó que se convierten en un ‘castigo’ para los Gobiernos Autónomos Descentralizados y alegó presuntos vicios de inconstitucionalidad.
La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) presentó un informe de minoría que recomienda el archivo de este proyecto de ley urgente. (I)