Gobierno estima que unos 5.000 detenidos podrían salir de cárceles aplicando indulto presidencial; jueces tendrán la última palabra

Unos 5.000 detenidos podrían salir en libertad de los centros de rehabilitación social hasta finales de año.El presidente Guillermo Lasso firmó el lunes, 21 de febrero, un decreto acelerando el indulto para ciertas personas privadas de la libertad (PPL), durante la presentación de la política pública de rehabilitación social (2022-2025), que cuenta con un presupuesto de $ 27 millones. Para acceder a ese beneficio, los detenidos deben cumplir los siguientes requisitos: sentencia condenatoria por robo, hurto, estafa, abuso de confianza; haber cumplido al menos el 40 % de la pena privativa de la libertad en el caso de sentenciados con el Código Penal y Código de Procedimiento Penal y haber cumplido al menos el 60 % cuando se trate de sentenciados con el Código Orgánico Integral Penal; que no mantenga otras sentencias condenatorias ni medidas cautelares vigentes; que no tenga un proceso penal en investigación previa en su contra; y que no haya sido sancionada la persona privada de la libertad disciplinariamente desde su ingreso al centro de privación de libertad.En Ecuador, de acuerdo con el Gobierno, en el sistema penitenciario hay 34.821 personas cuando la capacidad instalada es de 30.169 plazas.Lasso, en una entrevista difundida este martes 22 de febrero y transmitida desde el Palacio de Gobierno, en el centro de Quito, dijo que se busca reducir el hacinamiento en las cárceles y también para proteger a muchos ciudadanos inocentes que han cometido delitos menores.El mandatario sostuvo que el mecanismo que encontraron en consulta con la Corte Constitucional (CC) y la Fiscalía es que, a través de un decreto, se establecen las condiciones para ese indulto y que sean los jueces los que resuelvan bajo los parámetros establecidos.“Yo aspiro a que salgan libres por lo menos 5.000 personas privadas de la libertad, terminar hasta fines de año con el hacinamiento y así tener un entorno mucho más favorable para la seguridad y para los trabajos de rehabilitación social dentro de las cárceles”, expuso.La iniciativa del indulto a ciertos privados de libertad ha generado reacciones a favor y en contra. El debate incluso se ha dado a través de plataformas digitales.Alexandra Zumárraga, exdirectora de Rehabilitación Social, dijo sentirse sorprendida de que entre los posibles indultados figuren quienes cometieron delito de robo, pues esto implica de por sí violencia. Considera que el decreto contiene una solución “parche”, ya que no se atiende el problema de fondo que es, a su juicio, la falta de una política de rehabilitación social.“No hay programas de rehabilitación. O sea, son muy escasos los programas que hay dentro de las prisiones. No hay talleres, no hay casi escuelas. Sí hay el tema de las universidades, pero eso atiende al 1 % o 2 % de la población penitenciaria, que en quince años subió a 400 %”, manifestó ella.Steven Reyes, abogado penalista, mencionó que es importante que desde el gobierno se informe adecuadamente sobre los requisitos que deben cumplir quienes se beneficiarían del indulto para que entre la ciudadanía no haya temor o la idea generalizada de que todos los privados de libertad saldrían de las cárceles bajo esta figura o que podrán acceder a ella.“Lo principal aquí será que revisen bien las carpetas de los beneficiarios por cuanto si no se cumplen con los requisitos puestos en el decreto no debería de salir de la cárcel, porque lo más probable es que sea un PPL (persona privada de libertad) que no se ha rehabilitado y vaya de seguro a seguir delinquiendo”, manifestó el profesional del Derecho.Para el caso de los delitos de estafa o abuso de confianza, Reyes indicó que debe cumplirse con la relación integral a las víctimas, puesto que solo así estas últimas sentirán que han sido indemnizadas por el daño cometido. (I)

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