En el salón del pleno del Consejo de Participación Ciudadana acusaron a Diana Salazar de ‘plagiar el 40 %’ de su tesis universitaria

Con salón copado por militantes del movimiento político de la Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa, y los activistas del colectivo Acción Jurídica Popular (AJP), el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) llevó a cabo una audiencia pública en la que se interpeló a la titular de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar, acusándola de presuntamente haber plagiado textos de su tesis universitaria y otros documentos.

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Pasadas las 16:00 del jueves 1 de junio, el CPCCS instaló una audiencia pública que fue solicitada por Acción Jurídica Popular. Integrantes del colectivo expusieron sus criterios de que Salazar había plagiado el 40 % de su tesis universitaria, un libro y un artículo científico.

En la mesa del pleno del Consejo estuvieron solo tres de los siete consejeros: Augusto Verduga, Yadira Saltos y Alembert Vera (presidente de la entidad), cuyas candidaturas para llegar a este organismo en los comicios de febrero del 2023 fueron auspiciadas por el político Rafael Correa y su movimiento RC, como los candidatos de la ‘liga azul’.

En representación del colectivo asistieron Angélica Porras, Priscila Schettinni, esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, sentenciado por abuso sexual; y, entre otros, Richard González, juez suplente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

En ese escenario, el juez González pidió a Alembert Vera que explique por qué de los siete vocales solo tres estaban presentes.

Vera pidió al secretario que informe si había alguna justificación de los consejeros Johanna Verdezoto, Nicole Bonifaz, Michelle Calvache y Andrés Fantoni, pero no hubo ninguna, pues no era una sesión del pleno del organismo.

Luego, el mismo González tuvo que aclarar que él es juez suplente del TCE, pero que también es ciudadano y con derecho a participar.

Además, le informó a Vera que él fue parte del pleno de jueces electorales que levantó el archivo de la denuncia por infracción electoral que presentó el consejero suplente del CPCCS Juan Esteban Guarderas.

Esa decisión involucra que el magistrado Guillermo Ortega vuelva a tramitar la denuncia de Guarderas, en la que acusó a Vera y a la presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, de infringir el Código de la Democracia por promocionar su candidatura a vocal del CPCCS.

“Ejerzo mis funciones como abogado en libre ejercicio y cuando me convocan al Tribunal voy, para que la ciudadanía sepa que yo voté para que el ciudadano Juan Esteban Guarderas pueda defender sus dichos en la institucionalidad”, dijo González.

Sonreído, Vera mencionó que en ese momento se enteraba de que González era juez electoral y que conocía de su caso.

Como se había anticipado, la fiscal general, Diana Salazar, no asistió a la audiencia. En un oficio dirigido al Consejo, la funcionaria explicó que este tipo de eventos no cuentan con cobertura legal y recordó que ella fue designada en este cargo por el extinto Consejo de Participación Ciudadana de transición en el 2019, cuyas actuaciones están protegidas por una sentencia de la Corte Constitucional (CC) .

“La Fiscalía no asistirá a la audiencia por no estar fundamentada en la ley mi presencia en este acto”, expresó Salazar en su respuesta.

Su comunicación tuvo reproches de los tres vocales asistentes. Augusto Verduga consideró que era una “carambola interpretativa”, recordó que el “pueblo es el mandante” y que está obligada a rendir cuentas a través de mecanismos de participación.

Vera llamaba “héroes” a los miembros de Acción Jurídica Popular y rechazó que se haya tomado la sentencia de la Corte Constitucional como “una patente de corso para actuar al margen de la ley”. Insistió en que la audiencia no “obedece a actuaciones políticas y revanchistas”.

Mientras, la fiscal Salazar negó estas acusaciones y, al contrario, advirtió que se trataría de acciones políticas para “tomarse la justicia”, por los casos en investigación que la Fiscalía lleva sobre el gobierno de Rafael Correa.

En tanto, Schettinni reafirmó que “sí hay plagio” en la tesis e instó a las autoridades a que le “quiten su título” a la fiscal, el cual fue obtenido en la Universidad Central del Ecuador. Como sustento de sus aseveraciones, dijo que han recabado 400 hojas de pruebas, que los llevan a concluir que hubo plagio.

El juez electoral González mostraba en su computadora que la tesis de Salazar se subió en abril de 2023. Porras agregó que el texto estuvo “18 años escondido”.

Para sostener la teoría de un supuesto plagio, Schettinni y González mostraron las páginas 4, 5, 19 y 105 al mismo tiempo que Schettinni y Porras leían al unísono textos para demostrar que no hay diferencia entre la tesis y lo publicado en las páginas de internet.

Según dijeron, uno de los escritos habría sido extraído de un blog publicado en 2004 y otro, de un señor llamado Julio Vasco, publicado en 2005.

Con esto, el evento culminó minutos antes de las 18:00, pero se suspendió para continuarlo este viernes desde las 10:00 porque el colectivo solicitó al Consejo que le entregue la impugnación ciudadana que presentó el político Andrés Páez en contra de la tesis de maestría de la fiscal.

Así también, pidieron que los ayude a conseguir un programa antiplagio para demostrar sus hipótesis de que Salazar había plagiado textos de su tesis.

Justamente para este 2 de junio está prevista una segunda audiencia pública en contra de Salazar a pedido del abogado Miguel Ángel Benavides Oleas.

El Consejo de Participación Ciudadana instaló esta audiencia pública acogiéndose al artículo 73 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.

Por lo que, de acuerdo con Alembert Vera, la no asistencia de Diana Salazar configura una violación al derecho de participación, que podría acarrear su destitución. Esa denuncia la tramitaría el mismo CPCCS. (I)