De enero a mayo en el Ecuador se procesaron $ 307,2 millones por concepto de pensiones alimenticias que beneficiaron a más de un millón de niñas, niños y adolescentes en todo el país.
La cifra la reveló el Consejo de la Judicatura, que también informó que en el Ecuador actualmente 853.285 personas están obligadas a pagar pensiones alimenticias, que benefician a 1′126.004 niños, niñas y adolescentes a nivel nacional.
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El Consejo de la Judicatura realiza seguimiento al pago de estas pensiones alimenticias, y a escala nacional el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) cuenta con 979 puntos para que los alimentantes puedan hacer los pagos y con 299 instituciones financieras para la acreditación correspondiente.
A esto se suma que en el Ecuador existen 7.748 instituciones públicas y privadas que realizan retenciones judiciales respectivas.
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Estos son los valores mínimos de pensiones alimenticias para el 2023
Las retenciones judiciales que se realizan a través de las unidades de nómina de las diferentes instituciones públicas constituyen parte esencial para la acreditación a las y los beneficiarios de pensiones alimenticias.
Los valores por pensiones alimenticias, así como sus incrementos o rebajas son fijados a través de una resolución judicial.
El Consejo de la Judicatura cumple un rol en el proceso de recaudación y acreditación de pensiones alimenticias, pues su objetivo es garantizar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes que dependen de las pensiones para cubrir sus necesidades básicas.
En el Ecuador las pensiones alimenticias son una obligación legal impuesta a una de las partes después de un divorcio, separación legal o cuando existen hijos menores de edad.
El monto de la pensión alimenticia varía dependiendo de varios factores: los ingresos del padre o madre, las necesidades del niño o niña y el nivel de vida. No hay una fórmula fija para calcular la pensión alimenticia, sino que se determina caso por caso.
El incumplimiento de las obligaciones de la pensión alimenticia puede tener consecuencias legales y la parte que no cumple con el pago puede enfrentar sanciones como multas, retención de salarios, embargo de bienes y otras medidas coercitivas. (I)