Las 237 organizaciones políticas habilitadas para participar en las elecciones seccionales del 29 de noviembre están forzadas a buscar candidatos visibles y que ‘arrastren’ el voto popular; de lo contrario, se arriesgan a desaparecer si no alcanzan el 5 % de los votos válidos a nivel nacional.
Estos comicios funcionarán como un mecanismo de depuración del registro nacional de organizaciones políticas que tiene el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el que hay 237 partidos y movimientos nacionales y locales.
Publicidad
Pero hay tres agrupaciones nacionales que enfrentan problemas. El movimiento Revolución Ciudadana (RC), lista 5, que está suspendido por nueve meses y, por tanto, no participará en la elección.
El partido Unidad Popular, lista 2, que tiene una resolución de cancelación, pero que no está en firme. Y el movimiento Construye, también cancelado por el CNE, pero que recurrió al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para que se revise la decisión.
Publicidad
El juez electoral Ángel Torres inadmitió un recurso subjetivo contencioso planteado por su representante, Iván González, y solo resta un pronunciamiento del pleno en el caso de que se apele.
En todo caso, el calendario para estas elecciones tiene como fecha límite para resolver recursos judiciales ante el TCE el 31 de mayo, cuando se conocerá el listado final de sujetos políticos que participarán.
Más de 500.000 votos válidos debería lograr un grupo político nacional
Desde julio de 2025 están vigentes las reformas al Código de la Democracia que aprobó la Asamblea Nacional con los votos de los asambleístas de Acción Democrática Nacional (ADN), presidido por el mandatario Daniel Noboa, y de la RC, cuyo líder honorífico es el expresidente Rafael Correa.
En esos cambios se incluyó al artículo 327, que se refiere a la extinción de las organizaciones políticas. Lo que se hizo fue subir el porcentaje de votos válidos que deben obtener las agrupaciones para mantener su registro a un 5 %. Antes, este valor era del 4 %.
Lo segundo fue que la evaluación del cumplimiento de requisitos se hace luego de una elección pluripersonal; antes, la evaluación se hacía pasando dos procesos electorales consecutivos pluripersonales.
Por tanto, se extinguirán los partidos y movimientos de ámbito nacional que no obtengan el 5 % de los votos válidos en una elección pluripersonal a nivel nacional; o al menos tres representantes a la Asamblea Nacional; o al menos el 8 % de alcaldías; o por lo menos un concejal en cada uno de, al menos, el 10 % de los cantones.
Respecto de los movimientos locales —provincial o cantonal— podrán desaparecer si no alcanzan al menos el 5 % en una elección de su jurisdicción.
Aunque el CNE no aprueba el padrón de electores final, el preliminar y que está sujeto a revisión, revela que hay 13′822.790 ecuatorianos habilitados para sufragar.
Tomando como ejemplo ese valor: si votara el 100 % del padrón, un partido o movimiento nacional tendría que alcanzar 691.140 votos válidos para cumplir con el requisito del 5 %.
En otro escenario, si de los 13 millones, 11′058.232 sufragan, pero solo 9′952.408 son votos válidos (considerando los blancos y nulos), el 5 % serían 497.620 votos.
En otro ejemplo, con los resultados de las elecciones generales de 2025, en las que hubo 13′279.830 electores, 11′218.777 sufragaron y los votos válidos fueron de 10′387.294.
Aplicándolo a la actualidad, un partido de carácter nacional tendría que obtener 519.364 votos válidos para cumplir con el 5 %, considerando que la dignidad de prefecturas se considera como lista nacional.
En el caso de una alcaldía, en el 2025, en Guayaquil hubo 1′540.000 votos válidos de 1′674.261 sufragantes. Por lo que el 5 % de votos válidos sería de 77.000 para que un movimiento cantonal mantenga su personería jurídica.
Respecto de un movimiento provincial en Pichincha, en las generales de 2025 hubo 2′008.373 sufragantes de 2′387.550 electores y solo 1′870.489 fueron votos válidos.
Entonces, el 5 % correspondería a 93.524 votos válidos para que un movimiento provincial se mantenga.
El reglamento que permite la aplicación de estas disposiciones establece que, “cuando una organización política no postule candidaturas, se asignará el porcentaje equivalente a cero”.
A buscar candidatos que sumen votos
Con estas fórmulas se acabó la expresión que usaban los actores políticos de mantenerse con ‘tarjeta amarilla’, que implicaba que, si no cumplían alguna de las reglas en una elección de carácter nacional, esperaban los comicios seccionales.
Ahora, el número de votos válidos o el porcentaje de autoridades que alcancen el 29 de noviembre definirá la existencia o desaparición de las 237 agrupaciones políticas.
“Ya no hay dos oportunidades; es decir, si en cualquier elección un partido político no cumple con los umbrales necesarios que manda la ley para evitar la cancelación, se elimina el partido; ya no existirán las famosas tarjetas amarillas. Sí o sí cualquier partido o movimiento tiene que cumplir con el umbral mínimo”, confirmó el director del partido Avanza, lista 8, Javier Orti.
Agregó que, al ser una elección seccional, el requisito de contar con al menos un concejal en el 10 % de cantones implica tener un concejal en al menos 22 cantones.
Mientras que alcanzar el 8 % de alcaldías involucra tener representantes en, al menos, 18 alcaldías.
A esto se suma que hacer alianzas electorales ya no les ayudará, porque antes de la reforma el porcentaje alcanzado se asignaba en un 100 % a todas las organizaciones participantes.
Con la reforma electoral, la votación se divide en partes iguales para cada una de las agrupaciones coaligadas. “Si sacamos en alianza el alcalde de Guayaquil es 50-50″, comentó Orti.
¿Qué están haciendo? Apuntar a rostros de candidatos que estén posicionados o reconocidos en sus localidades.
“Tenemos que participar en todas las provincias, en todos los cantones... Tenemos que buscar dentro o fuera de las filas de los movimientos políticos afines candidatos reconocidos, sea que vayan a la reelección o no; o candidatos que tengan encuestas que los ubiquen en los primeros sitios. Esperamos contar con listas de candidatos que sumen y que no nos resten votos”, añadió Orti.
En su caso, por ejemplo, para la Alcaldía de Quito correrían con la posible candidatura de Jorge Yunda, exalcalde y radiodifusor.
El catedrático Esteban Ron, analista en materia electoral, explica que la extinción de organizaciones políticas por incumplir con los umbrales de votación no ha sido efectiva en el país y que se aplicó por primera vez en el 2014.
No obstante, su aplicación es necesaria porque existen organizaciones políticas que empiezan a perder respaldo popular y “caducan”.
“La depuración es obligatoria y se podría aplicar utilizando estas reglas; y es necesaria porque estos actores del sistema electoral van caducando en cuanto a esquemas de representación y también en su labor como vehículos electorales”.
Para esta contienda, las más de 200 agrupaciones correrán con ‘tarjeta amarilla’ y “van a buscar candidaturas que tengan fuerza en cantones en los cuales puedan lograr representación y ganancia en votación. Además, buscarán nichos de candidatos para poder salvarse de la extinción”, ahondó Ron.
Es así como el presidente del movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), lista 4, Arturo Moreno, reconoce que están invitando a sus filas a rostros conocidos que sean líderes sociales, pero que no tengan mancha en su trayectoria profesional y política.
“Es bueno que el candidato sea conocido, pero en bien, porque hay muchos que los conocen en mal y eso puede jugar en contra del movimiento, por lo que aspiramos a proponer candidatos que sean líderes, que demuestren un valor social”, comentó.
Moreno cree que esta elección va a convertirlos en una “alternativa” política, porque los movimientos “grandes” —en referencia a ADN y la RC— están “polarizados y uno está medio muerto y el otro está herido”.
“Ese desgaste ha hecho que nosotros tengamos una oportunidad más allá de lo que esperábamos”, dijo el dirigente y exlegislador por el PID.
Él prefiere no adelantarse a dar nombres de los perfiles que se están analizando, porque en el país “están aplicando la ley del clavo: al que saca la cabeza le dan un martillazo”, ironizó.
Bajo ese escenario que describe Moreno, el clima electoral aún no se activa, actúan con discreción, pese a que hay otro factor que los complicó.
Como el adelanto de la fecha de las votaciones que hizo el CNE —del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de este 2026—, lo que acortó los plazos y puso bajo presión a los sujetos políticos.
Así, a menos de 40 días, entre el 18 de junio y el 2 de julio, los movimientos y partidos tendrán que hacer sus elecciones primarias para escoger a sus precandidatos para alcaldes, prefectos, concejales y vocales de juntas parroquiales.
En esta fase será determinante contar con precandidatos que cumplan requisitos legales y no estén incursos en inhabilidades; caso contrario, en el momento de la inscripción ante el CNE, las listas se descalificarían. (I)