Está en firme la prohibición para que los ciudadanos que acudan a votar en la segunda vuelta del 13 de abril usen sus teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos y tomen fotografías de las papeletas rayadas, o se enfrentarán a un proceso legal por presunta infracción electoral con multas que oscilan entre los $ 9.870 y los $ 32.000.