Prohibición para fotografiar el voto en la segunda vuelta: recursos legales en contra los tratarán jueces Joaquín Viteri y Guillermo Ortega

Al menos 24 días le quedan al T ribunal Contencioso Electoral (TCE) para dar respuesta a dos pedidos para que se derogue la resolución que obliga a los electores a no tomar fotografías de la papeleta electoral en los comicios de segunda vuelta del 13 de abril. El 13 de abril se producirá el balotaje para la definición de presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2025-2029, que se disputan los candidatos Luisa González Alcívar, de la alianza correísta Revolución Ciudadana (RC) y Renovación Total (RETO) listas 5-33; y, Daniel Noboa Azín, actual presidente y candidato de Acción Democrática Nacional (ADN) lista 7.Para ese día el Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso el cumplimiento de una medida que impedirá el uso de los teléfonos celulares a los electores, esencialmente, cuando se acerquen a la Junta Receptora del Voto para sufragar por el candidato de su preferencia.La medida está impugnada ante el Tribunal Contencioso Electoral, a donde llegaron dos recursos subjetivos contenciosos en contra de la resolución que textualmente prohíbe que los electores “usen sus dispositivos móviles, eléctricos y/o electrónicos durante el acto del sufragio”.Y, a los vocales de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) les prohíbe usar sus dispositivos móviles o electrónicos a partir de las 17:00 cuando empieza el conteo de los votos. Aunque, se permitió que solo uno de los vocales pueda utilizarlo para que haga las operaciones matemáticas al llenar las actas de escrutinio.Entre los accionantes está Mónica Jaramillo, representante del Observatorio de Control Ciudadano y Manuel Vite Mariscal, un abogado en libre ejercicio.La causa de Jaramillo recayó en el despacho del juez Guillermo Ortega, y de Vite en el del magistrado Joaquín Viteri, quienes pidieron a los accionantes, completar requisitos legales de los escritos, como por ejemplo, precisar cuáles son los derechos subjetivos que les han sido vulnerados con esta medida del CNE.La resolución del CNE se tomó el 13 de marzo de 2025, tras la exigencia del presidente-candidato Daniel Noboa, que habló de presuntos casos de extorsión por parte de grupos criminales a los votantes.Según el Consejo, información de la fuerza pública habría dado cuenta de que “en mercados y barrios populares se ha coaccionado a ciudadanos y comerciantes para que hagan campaña por movimientos políticos” y que habría “personas que eran obligadas a votar por ciertas organizaciones” ofreciéndoles dinero.Estos posibles actos podrían “distorsionar los resultados electorales”, ya que la Policía Nacional había observado “in situ” que “diversas organizaciones delictivas están manipulando la voluntad popular, generando un ambiente de intimidación, temor y violencia”, se argumenta en el documento oficial.El procurador de la alianza correísta, Francisco Estarellas Solís, también impugnó la resolución ante el CNE y se la conoció en el pleno este 18 de marzo, pero no hubo un pronunciamiento.En la sesión participaron los consejeros José Cabrera, Enrique Pita y Diana Atamaint, quienes se abstuvieron de votar por aceptar o negar la impugnación, ya que al existir dos recursos en el TCE, correspondía esperar por su sentencia.Las consejeras Esthela Acero y Elena Nájera no asistieron a la plenaria.El reglamento interno del Tribunal contempla plazos que pueden extender por hasta 30 días el tratamiento de los recursos subjetivos, pues son tratados en primera y segunda instancia, de los que se puede apelar y pedir aclaración y ampliación.Pero en tanto el TCE trata estas acciones, el Consejo Nacional Electoral preveía aprobar la noche de este miércoles, un reglamento para determinar las “funciones para los coordinadores electorales en los procesos de elecciones”, que incluiría los mecanismos a aplicar en caso de que un elector use un dispositivo electrónico o móvil al ejercer su voto.Otra acción judicial la impulsó el activista político Washington Andrade, quien acudió a la Corte Constitucional (CC) para demandar la inconstitucionalidad de la resolución electoral.La causa se sorteó y la tramitará el juez Richard Ortiz.Andrade presentó el 17 de marzo último su demanda, en la que se identificó como coordinador de una denominada Asamblea permanente de defensa del patrimonio nacional, que se adhirió a la plataforma de las ‘izquierdas’ que apoyan la candidatura presidencial de Luisa González.Esta plataforma la encabeza Leonidas Iza, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que junto a otros activistas políticos proclamaron el respaldo a la postulante para la segunda vuelta.En el caso de que el Tribunal ratifique la legalidad de la resolución del Consejo o no haya una sentencia hasta ante del 13 de abril, los electores que fotografíen la papeleta rayada se enfrentarán, de acuerdo con lo estipulado en el Código de la Democracia, a una denuncia por infracción electoral muy grave que se sanciona con multas que van entre los $ 9.800 a $32.000; y/o la destitución del cargo si el infractor es servidor gubernamental. (I)

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