El seguimiento y evaluación de los acuerdos entre Gobierno y movimientos, en una fase de planificación

La etapa de evaluación y seguimiento de los “218 acuerdos” entablados entre el Gobierno y los tres movimientos sociales, arrancó en medio de la expectativa y el recelo de que estos no vayan a tener respuestas.

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), garante de los diálogos que mantuvieron por 90 días las delegaciones del gobierno de Guillermo Lasso y del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), fue el espacio en el que este miércoles 19 de octubre, se definía la conformación, la metodología y el cronograma de trabajo de una denominada Comisión de Evaluación y Seguimiento.

Luego de que el 14 de octubre cerró oficialmente el trabajo de las diez mesas técnicas de diálogo para viabilizar las demandas que motivaron el paro nacional de junio, la evaluación sigue sin ser alentadora para las organizaciones sociales, que difieren incluso del número de acuerdos firmados.

La ‘comisión de seguimiento’ a los compromisos asumidos por el Gobierno sería esencial para evitar nuevas manifestaciones

Para la Conaie, por ejemplo, no fueron 218 acuerdos los que se alcanzaron, sino 92. “Parece que el Gobierno ha contado los desacuerdos como acuerdos”, cuestionó entre risas Patricio Meza, uno de los técnicos de este movimiento que participará en este proceso.

Meza explicó que este miércoles era el día “cero en” en el objetivo de crear esta comisión que deberá evaluar los “acuerdos que están en el papel” para intentar llevarlos a la práctica.

Una de las agendas que impulsarán es la de la elaboración de los proyectos de ley para regular el trabajo de la empresa pública Petroecuador; la de la consulta previa, libre e informada; de consulta prelegislativa y, de consulta ambiental. También, propuestas de reformas a otras normas como las de hidrocarburos y minería.

“Esto implicará plantear una agenda con el Legislativo para lo que vamos a ver los procedimientos que seguiremos para tratar de sacar proyectos de ley conjuntos con el Gobierno como colegislador y así presionar a la Asamblea”, recalcó Meza.

Marco Murillo, técnico de la Feine, coincidió en que el primer paso en esta fase será el validar y evaluar los puntos de consenso y establecer su tratamiento en periodos de corto, mediano y largo plazo.

El dirigente cree que hay ejes que podrán cumplirse con decretos y acuerdos ministeriales y los más complicados se relacionarían con la elaboración de leyes, por lo que no desestimó que esto les tome por lo menos un año.

“Si bien se habla de un gran número de acuerdos, algunos creemos y según se ha analizado, son recuerdos, porque son cosas que constan en la Constitución y la ley, entonces son recuerdos”, expresó con ironía Murillo.

Otro representante de los colectivos fue Luis Mullo, de la Fenocin, que adelantó que esta comisión de seguimiento la integrarían dos delegados de cada una de las organizaciones sociales, cuatro representantes del régimen, de la Universidad Católica del Ecuador, así como de la Conferencia Episcopal que habría comprometido mantener su participación.

Según Mullo, en el interior de las organizaciones de base hay expectativa por saber si van a tener resultados después de estos meses de conversaciones. “Esperamos no encontrar sorpresas, sino que se cumplan los acuerdos”, comentó.

Esto, debido a que días atrás han venido instalándose algunas comisiones de seguimiento de las mesas técnicas, pero los funcionarios gubernamentales “empezaron a lanzarse la pelotita de que hay que pedir información a una u otra institución, entonces estamos viendo que ahí quedará…”, expresó el directivo.

Un tema que será de esencial tratamiento en esta comisión de seguimiento se articula a los acuerdos en la mesa de focalización de subsidios a los combustibles.

La dirigente indígena Mariana Yumbay, de la Conaie, consideró que la tarea será establecer cuáles van a ser las acciones concretas y los responsables de cumplir. “Necesitamos que nos digan cuáles son los indicadores y acciones que deben cumplirse”, añadió.

Su declaración responde a que en los “acuerdos” que constan en el acta final de esta mesa, se planteó, por ejemplo, excluir del subsidio a los combustibles a vehículos que tengan un cilindraje mayor a los 2. 201 centímetros cúbicas (cc), de las camionetas de un cilindraje de 3.001 cc; los jeep mayores a 2. 401 cc y motos mayores a 301 cc. (I)