El presidente de la Judicatura está detenido y procesado por supuesta delincuencia organizada, ¿qué pasará con el concurso de jueces que impulsaba?

Wilman Terán, actual presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), cumple prisión preventiva en la Cárcel n.º 4 de Quito, mientas se desarrolla la instrucción fiscal del caso Metástasis en el cual se investiga a 31 personas por el presunto delito de delincuencia organizada relacionada con el narcotráfico.

La Fiscalía General del Estado señala a Terán como uno de los principales integrantes de un entramado de corrupción judicial -que involucraba a jueces, abogados, policías y guías penitenciarios- para favorecer y proteger a Leandro Norero, alias Patrón, narcotraficante asesinado el año pasado. Las actuaciones supuestamente ilegales de Terán habrían ocurrido cuando fue juez nacional.

A la cabeza de la Judicatura, Terán venía desarrollando un concurso de oposición y méritos para escoger siete jueces nacionales. Concurso que había sido cuestionado desde su génesis por diferentes actores políticos, judiciales y ciudadanos, debido a irregularidades en la conformación de equipos técnicos, constantes cambios en el reglamento y hasta fallas en las pruebas, por lo que incluso plantearon que se declare nulo.

El CJ informó, en un comunicado, que el pasado 14 de diciembre la Dirección General del Consejo de la Judicatura suspendió toda logística que correspondía al desarrollo del concurso, y notificó sobre esto al pleno del mismo organismo, al día siguiente, para que sea este el que tome la decisión respecto de la continuación, suspensión o nulidad del proceso, con base en la normativa vigente.

Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, señala que las acusaciones contra Terán abonan a la ilegitimidad de este concurso, que “no responde a los intereses del país sino a otros intereses que ya han quedado en evidencia”.

“El concurso debe volver a cero porque los convocantes (la Judicatura) han perdido toda credibilidad. Desde antes de los problemas de las últimas horas, el señor Terán ya había perdido la confianza de la Corte Nacional de Justicia, el señor (Xavier) Muñoz (otro vocal del CJ) no tiene probidad notoria... Los dos dicen que son más que tres. Hubo cambios en el reglamento, manipulaciones, subida y bajada de punto a discreción...”, dice.

Agrega que los últimos acontecimientos “confirman que la Judicatura es un organismo sin probidad, por lo tanto, el concurso pierde legitimidad porque tratan de acelerarlo con la expectativa de que algunos de los triunfadores formen parte de este entorno de corruptela”.

Dos juristas consultados por este Diario, Antonio Gagliardo y José Chalco-Salgado, coinciden en que ante la ausencia de Terán debe reemplazarlo Álvaro Román, quien es su vocal alterno.

“Los miembros del Consejo (de la Judicatura), en caso de ausencia o impedimento, serán sustituidos por sus alternos”, indica el artículo 258 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Si Terán es llamado a juicio y sentenciado en el caso Metástasis, en tanto, se configuraría una inhabilidad para ocupar el cargo, según el artículo 77 del mismo Código.

“No puede ser nombrado ni desempeñar un puesto o cargo en la Función Judicial: 2. Quien hubiese sido condenado por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, mientras esta subsista; en el caso de sentencias condenatorias por concusión, cohecho, extorsión, peculado, defraudación al Estado y demás entidades y organismos del sector público o prevaricato (sic), la inhabilidad será definitiva”, dice.

Una vez principalizado, Román tomará la conducción de la Judicatura, la cual tiene dos alternativas: proseguir con el concurso o declararlo nulo total o parcialmente.

Según Gagliardo, “con la presencia de Román puede armarse una nueva mayoría y se podrían tomar ciertas decisiones”. Al declararse nulo, explica, “el concurso puede volver a fojas cero o a X etapa del proceso, (pero) el concurso igual tiene que darse porque si no se quedarán prorrogados estos jueces y esto no es correcto”.

“Pienso que ya hay que pensar en una depuración de la Función Judicial, quizás en una consulta popular. Hemos visto lo que ha pasado en un solo caso de narcotráfico, quién sabe lo que habrá pasado en otros más con jueces, fiscales y servidores judiciales”, comenta el exfiscal de Guayas.

Chalco-Salgado, en tanto, recordó que el artículo 6 del reglamento del concurso dice que el pleno del CJ tiene la facultad legal de declararlo nulo total o parcialmente, basada a su vez en el artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Este apartado indica: “Si en las diferentes fases del proceso de los concursos se advirtiese alguna anomalía importante, que lo afecte de nulidad insanable, se rehará el procedimiento, total o parcialmente, por resolución de quien dirige el respectivo concurso”.

“En Derecho las cosas deben ser y parecer. Hay un enorme conflicto de intereses entre quienes designarían a los nuevos jueces de la Corte Nacional y que hoy mantienen nuevos procesos (los seleccionadores) que deben resolverse ante la Corte Nacional. Vivimos un Estado constitucional de derechos y justicia, el respeto al orden constitucional es fundamental. El concurso tiene informes, actuaciones y procesos que muestran vicios que lo deslegitiman y hacen mirar sus defectos constitucionales y legales. Así, en aplicación del artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial, debe ser declarado nulo por errores insalvables”, reflexiona Chalco-Salgado.

El concurso se inició el 28 de julio pasado con la fase de convocatoria. El proceso terminaría el 1 de febrero de 2024 con la emisión del informe final y resolución de ganadores, de acuerdo con el cronograma vigente. (I)