La fiscal general Diana Salazar tiene claro que en el caso Sinohydro la magnitud económica y técnica del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair fue el escenario idóneo para que ciertos funcionarios públicos, entre 2009 y 2018, reciban “cuantiosas dádivas” a cambio de un sin número de contraprestaciones que no debían ser sujetas a otras retribuciones que no sean sus sueldos en el sector público.