Para “intentar clarificar” las alegaciones de violaciones procesales hechas por los empresarios William Phillips y Víctor Manuel Fontana, ambos sentenciados por cohecho pasivo agravado, dentro del caso Sobornos 2012-2016, Diego García-Sayán, relator especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, pide al gobierno de Guillermo Lasso que entregue cierta información.

Tanto Phillips como Fontana habrían indicado al relator especial de las Naciones Unidas que existen varios hechos violatorios sobre la posible falta de independencia judicial y de imparcialidad de los jueces y otros operadores de justicia, incluida la Fiscalía General de Estado, dentro del proceso penal en el que sentenció además a los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas, a ocho exfuncionarios públicos y a ocho empresarios.

Casación ratifica sentencia de 8 años de prisión para Rafael Correa en caso Sobornos 2012-2016

También se habrían alegado violaciones que se desprenden del contexto general de las reformas judiciales realizadas a partir del referéndum y la consulta popular del 4 de febrero de 2018.

Según Fontana y Phillips, sentenciados a ocho años de cárcel en calidad de autores directos del delito de cohecho, en el país en su caso penal existió una injerencia entre poderes del Estado que afectaron la independencia y la imparcialidad de los jueces. Aseguran ellos que en el caso Sobornos, el cual mantiene al momento una sentencia en firme y en fase de ejecución desde septiembre del 2020, hubo una persecución política que terminó con una sentencia condenatoria para evitar que Correa participe en las elecciones presidenciales de febrero del 2021.

Publicidad

Alegan estos empresarios que existió un “proceso judicial acelerado que no contó con las garantías básicas de un juicio justo y las garantías del debido proceso”. Además, a su decir, el proceso penal se dio en medio de una reforma institucional determinada en el “Referendo del 2018” que creó el Consejo de Participación Transitorio, en el que, entre otras cosas “modificó la forma de evaluar, nombrar y sustituir jueces con injerencia del poder ejecutivo”.

En un comunicado de fecha 9 de julio pasado, García-Sayán pide al gobierno de Lasso información o comentarios relacionados a las alegaciones de Fontana y Phillips, quienes hasta el momento se encuentran como prófugos de la justicia, solicita que se le proporcionen datos sobre las medidas adoptadas por su gobierno para garantizar la independencia judicial, así como informar de los avances de las investigaciones que se hayan realizado de oficio para esclarecer los hechos denunciados en el proceso judicial del caso Sobornos.

Finalmente, el relator especial pidió toda la información sobre las medidas adoptadas por el gobierno de Guillermo Lasso “para garantizar que todos los jueces y magistrados puedan resolver los asuntos que conozcan “con imparcialidad, basándose en los hechos y en consecuencia con el derecho, sin restricción alguna, (...) amenazas o intromisiones indebidas sean directas o indirectas, (...)”.

El Gobierno ecuatoriano, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, respondió a la comunicación del relator Diego García-Sayán.

Ecuador responde a la comunicación del relator especial

Se señaló que las alegaciones de Fontana y Phillips se dirigen a cuestionar situaciones concretas relativas a la condena penal, en particular, la valoración probatoria, la aplicación retroactiva de la ley, la adecuación del tipo penal, entre otros. Para el Gobierno, esas alegaciones no corresponden ser transmitidas al Estado a través de este mecanismo, “en tanto van más allá del ámbito de competencia de esa Relatoría Especial y distorsionan el objeto del Mandato otorgado al Relator”.

CNE proclama los resultados definitivos del referéndum y consulta popular del 2018 en Ecuador

“Como en otras ocasiones, el Estado insiste en su preocupación respecto al contexto de información que puede ser utilizado para requerir información por parte de los Mandatos de los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas. Conforme al párrafo 23 del Manual de los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, los titulares de los mandatos si bien pueden valorar todas las fuentes de información, deben apreciar fuentes que se consideren creíbles y pertinentes; y además (...) deberán guiarse por los principios de discreción, transparencia y equidad cuando reúnen información”, se explica en la respuesta del Gobierno.

Publicidad

Ecuador informó al relator García-Sayán que actualmente se encuentran en trámite ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas las “comunicaciones individuales” propuestas contra nuestro país por el expresidente Correa y el empresario Phillips. En ambas comunicaciones se referirían a supuestas violaciones de derechos: la vulneración del debido proceso en el caso Sobornos, la falta de independencia judicial e imparcialidad de los jueces que participaron en la causa penal por cohecho, entre otras.

“Los hechos puestos en conocimiento del Estado en su comunicación son los mismos asuntos que se están discutiendo en el Comité de Derechos Humanos en los dos casos contenciosos mencionados. En ese escenario resultaría inadecuado que usted pueda emitir juicios de valor o concluir sobre la veracidad o no de estos hechos, debiendo respetar los términos de su Mandato y actuar con la veracidad, la lealtad y la independencia que exige el mismo, desempeñando sus funciones sin ningún tipo de influencia, ... “, indica la respuesta de Ecuador.

Con base en esa explicación, Ecuador señaló que se abstiene de emitir una respuesta detallada sobre los puntos concretos que son conocidos actualmente por el Comité de Derechos Humanos, pues podrían incidir o afectar el procedimiento. Pese a ello, se aclaró que el juicio penal del caso Sobornos se llevó a cabo basándose en las normas y procedimientos establecidos en la Ley y la Constitución vigentes en Ecuador al momento del procesamiento.

En otra parte de la contestación, se explicó al relator sobre el principio de independencia judicial que existe en el país y las funciones que cada instancia realiza para fortalecerla. Además se dieron detalles de los esfuerzos hechos para garantizar la imparcialidad de los jueces, tribunales y todo operador que forma parte del sistema de justicia nacional. (I)