La rebaja del impuesto a la renta a quienes realicen donaciones a favor de la fuerza pública fue el centro del primer debate del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el pleno del Parlamento.
La Asamblea Nacional sesionó la mañana de este martes, 14 de octubre, para debatir el texto aprobado en la Comisión de Desarrollo Económico. El contenido de esta iniciativa era parte de la Ley de Solidaridad Nacional, que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional (CC).
El asambleísta de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) Diego Franco, presidente de la mesa legislativa, defendió que la naturaleza del sexto proyecto de ley que envió el presidente Daniel Noboa al Legislativo es apoyar a militares y policías en su lucha contra el crimen organizado.
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Destacó, además, que la iniciativa “tiene un marco jurídico claro, eficiente y transparente que permite que el sector privado y multilaterales canalicen donaciones, como bienes, equipos, infraestructura, tecnología y sistemas de inteligencia, destinadas al fortalecimiento operativo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”.
“Este proyecto de ley no es un capricho del presidente ni del Ejecutivo, es justicia para el Ecuador”, dijo Franco.
Otto Vera, legislador del Partido Social Cristiano (PSC), por su parte, observó que si bien es necesario el apoyo a las fuerzas del orden para luchar contra el crimen organizado, las “donaciones” podrían provocar la evasión de responsabilidades tributarias.
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“El título se escucha bien y la intención es buena, pero en lo técnico y en el papel no pueden resultar convenientes (...). El primer apoyo que se debe dar a las fuerzas del orden es la ejecución correcta del Presupuesto General del Estado, ante lo cual se debe establecer la obligación de su ejecución”, destacó Vera.
Desde la Revolución Ciudadana (RC) también hubo observaciones por la insistencia en donaciones a la fuerza pública. Paola Cabezas examinó que esta propuesta busca “vender la idea de que la seguridad se financia con donaciones privadas, rebaja de impuestos y caridad empresarial, cuando la seguridad no es un favor ni una donación, sino una obligación del Estado”.
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“Bajo el nombre del fortalecimiento busca ‘reintroducir’ por la ventana lo que la Corte Constitucional ya declaró inconstitucional. ¿Ustedes creen que una ley que promueve dádivas para la fuerza pública les da dignidad?”, cuestionó la asambleísta del correísmo.
De la misma manera, Mariana Yumbay, de Pachakutik, advirtió que el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional “afectaría a la recaudación tributaria y pondría en riesgo la estabilidad fiscal, beneficiando a los grandes contribuyentes”.
“Una vez más se pretende beneficiar a los grandes grupos económicos. Uno de los deberes del Estado ecuatoriano es velar y garantizar por la seguridad (...), con esta iniciativa se estaría instaurando la creación de fondos especiales de equipamiento sin control ni auditoría externa, lo que contradice los principios de transparencia de gasto público”, puntualizó la legisladora y cuestionó la urgencia en materia económica con la que fue enviado el proyecto a la Asamblea Nacional, pues dijo que este no guarda relación con ninguna política económica ni financiera del Estado.
Por su parte, Sergio Peña, asambleísta que dejó el correísmo y ahora es aliado de ADN, aclaró que los incentivos tributarios en la propuesta de normativa no son una dádiva, pues el Estado debe seguir cumpliendo con la fuerza pública. En este sentido, el legislador aclaró que este proyecto busca fortalecer a las FF. AA. y a la Policía Nacional, a través de privados, para la lucha contra el crimen.
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El primer debate de esta iniciativa también giró en torno al accionar de la fuerza pública en el paro nacional, que este martes cumple 23 días de protestas en contra de la eliminación del subsidio al diésel.
El oficialismo respaldó el accionar de los policías y los militares y rechazó el cierre de vías y la violencia de los manifestantes, mientras que la oposición y tres asambleístas de Pachakutik repudiaron la represión en contra de los protestantes.
Una vez concluido el primer debate de este proyecto de ley, el informe volverá a la Comisión de Desarrollo Económico, que deberá recoger las observaciones y elaborar un informe para segundo y definitivo debate. (I)
