Docentes y personal de salud se movilizan en varias provincias del país en contra de políticas laborales de Daniel Noboa

Docentes, personal de la salud y funcionarios públicos se movilizaron en provincias como Azuay y Santo Domingo, en exigencia de mejores condiciones laborales. La tarde del 30 de junio de 2025, trabajadores del Hospital Vicente Corral Moscoso, en Cuenca, marcharon hacia los exteriores de la Gobernación del Azuay, en el centro de la ciudad, para exigir el pago de haberes, mejoras en la infraestructura, prendas de protección y el abastecimiento de insumos médicos. Mientras tanto, la mañana del martes, 1 de julio, comerciantes se concentraron en el sector del Círculo de los Continentes, para movilizarse bajo la consigna del derecho al trabajo, la seguridad y en defensa de las áreas verdes y comunales. Asimismo, para las 16:00, la Unión Nacional de Educadores (UNE) convocó a un plantón en Guayaquil. El gremio reclama derechos laborales y la defensa de la seguridad social. Además, exigen nombramientos, que se garanticen los derechos de los docentes y una jubilación digna. El Frente Popular, en cambio, anunció una movilización para las 16:00, del 2 de julio, en Quito. Trabajadores de las empresas municipales se dirigirán hacia el Ministerio del Trabajo. El gremio se opone a la Ley de Integridad Pública y pide una reunión con la ministra Ivonne Núñez. Estas acciones se generan una semana después de la aprobación de la Ley de Integridad Pública, la noche del 24 de junio, en el Pleno de la Asamblea Nacional, con 84 votos. Las organizaciones sociales se oponen a la reforma al artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), sobre la estabilidad de las y los servidores públicos. Este articulado indica que “se establece dentro del sector público, la carrera del servicio público, con el fin de obtener eficiencia en la función pública, mediante la implementación del sistema de méritos y oposición que garantice la estabilidad condicionada a resultados de los servidores idóneos y calificados”. La Ley de Integridad también elimina la facultad de contratación directa que tenían las casas de salud. La disposición derogatoria sexta de la norma deroga el artículo 109 de la Ley de Seguridad Social, que trataba sobre las compras de los hospitales. (I)

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