Pese a que estaba previsto desde el 21 de octubre pasado que la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de peculado ocurrido aparentemente en operaciones financieras de inversión con irregulares que afectarían los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) sería el 16 y 17 de diciembre próximos, el nuevo juez del caso, Eduardo Rivadeneira, notificó con el diferimiento de la diligencia.

Según la providencia de Rivadeneira, juez de Pichincha que reemplaza a la jueza Yadira Proaño, quien dejó la Función Judicial, el diferimiento se da debido al pedido hecho por la defensa del procesado Luis Álvarez. Este investigado habría cambiado de abogado, quien necesitaba más tiempo, por lo extenso del expediente, para empaparse del caso y ejercer una debida defensa.

Jorge Chérrez, vinculado en el caso Isspol, con empresa ‘offshore’ e inversiones en Ecuador

Para el diferimiento, notificado la mañana de este miércoles, también se tomó en cuenta la situación administrativa que ha motivado la incorporación de Rivadeneira al conocimiento del caso. Se aclaró que posteriormente se dará a conocer el día en que se realizará la audiencia.

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Esta causa arrancó el 24 de febrero pasado con la formulación de cargos de los generales (sp) Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño, exgerentes del Isspol; Alfredo Valverde y Santiago Duarte, exdirectores de Inversiones y Jurídico del Isspol, respectivamente. Todos mantienen la medida cautelar de presentación periódica y prohibición de salida del país.

Más adelante, el 9 de septiembre pasado, luego de varias diligencias fallidas, se vinculó al empresario Jorge Chérrez; a los exdirectores de Riesgos y Económico-Financiero del Isspol Robert Luzuriaga y Orlando Nuques; y a los directivos de empresas inversoras Carlos Carbo, Luis Álvarez y Luis Domínguez.

Los diez son acusados de haber participado en inversiones irregulares, entre 2014 y 2019, realizadas con fondos del Isspol sin supuestamente cumplir con los principios de seguridad, rentabilidad y liquidez. Registros revelarían que el Isspol invirtió a través de empresas representadas por José Chérrez aproximadamente $ 693 millones.

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Para los vinculados inicialmente se les ordenó presentación periódica a excepción de Carbo que por su avanzada edad se le ordenó arresto domiciliario. Semanas después, al incumplir la orden judicial, se revisó la medida de Chérrez, representante de Ibcorp Investment; Álvarez, gerente de operaciones de Decevale; y Domínguez, representante legal de Ventura Casa de Valores, se dispuso su prisión preventiva.

Las huellas de los sobornos en el caso Isspol quedaron plasmadas en miles de chats

Respecto al caso Isspol, la exministra de Gobierno María Paula Romo ve que sí hay una expectativa de recuperación de los recursos manejados de forma irregular y que pertenecen al Seguro Social de la Policía Nacional, pero reconoce que esa recuperación podría ser parcial, mas no total, de los dineros.

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Dentro del denominado caso Isspol existen en Ecuador tres instrucciones fiscales por los delitos de peculado, que se llevan adelante en Quito contra diez personas, y dos por falsificación de información, en los que son procesados en Guayaquil 19 sospechosos.

Para Romo, el camino está marcado y es el que se está siguiendo para dar con los responsables y sancionarlos. Calificó a lo sucedido con los dineros del Isspol como un “atraco” que supera los $ 900 millones y piensa que esa es la “verdadera caja de Pandora” que se ha destapado en el país en el “sistema bursátil”. En el periodo de Romo como ministra de Gobierno se empezaron a presentar las denuncias sobre este tema

“Parcial va a ser mejor que cero, pero de ninguna manera creo que se va a acercar (la recuperación de recursos) a la gran cantidad que estamos hablando. Creo que todavía habrá que investigar lo que tiene que ver con las operaciones grandes, que es lo que ha avanzado, con la falsedad de información sobre el portafolio del Isspol. (...) Hay mucho que tiene que ver con la emisión de facturas, facturas inorgánicas, todavía hay otras pequeñas investigaciones que tienen que ver con fideicomisos y cuando me refiero a pequeñas me refiero a cantidades de 5, 7 y 8 millones de dólares, comparado con una operación de $ 300 millones”, explicó Romo.