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Asamblea Nacional, Consejo de Participación y la Judicatura, entre las instancias que han buscado elementos para sacar del cargo a Diana Salazar

El Consejo de Participación transitorio convocó al concurso para fiscal general en diciembre de 2018 y el 8 de abril de 2019 Diana Salazar fue posesionada.

QUITO (11-05-2022).- La Comisión de Transparencia, presidida por el asambleísta Ferdinan Álvarez, recibió a la fiscal general, Diana Salazar, quien compareció para dar detalles del inicio de una investigación previa a 93 legisladores ante una denuncia de la expresidenta de la Asamblea Guadalupe Llori. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

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Lo dicho por el electo presidente de la República, Daniel Noboa, de que no apoyará un juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar, hace prever de alguna forma que la funcionaria cumplirá el año y cinco meses que le resta aún en el cargo.

En declaraciones en Washington recogidas por el medio digital argentino Infobae señaló que no permitirá que ninguna organización política intente hacerle un juicio político a la fiscal general, y agregó que es necesario proteger a personas como ella que trabajan duro contra las organizaciones criminales que operan en el país.

Las declaraciones del presidente Noboa llegaron pocos días después de hacerse público que el bloque de la Revolución Ciudadana (RC), el cual cuenta con 51 legisladores, y su principal líder, Rafael Correa, una vez que se instale la nueva Asamblea Nacional, buscará llevar a la fiscal general a juicio político al existir ‘pruebas contundentes’.

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Juicio político a Diana Salazar: destituir a la fiscal no tiene efecto jurídico y es visto como ‘represalia’ del correísmo

Este anuncio no es nada nuevo para Diana Salazar, pues en varias ocasiones integrantes del cesado Legislativo que estaban en oposición al presidente Guillermo Lasso hablaron de que por medio de un juicio político se la cese y se la destituya.

Entre el 2022 y mayo de 2023, Salazar fue llamada en un sinnúmero de ocasiones a comparecer en la Asamblea Nacional para informar de las acciones de la Fiscalía en causas como el asesinato de María Belén Bernal o en casos como León de Troya, Danubio, Encuentro, Petroecuador, Guadalupe Llori, Flopec, Pandora Papers... En la mayoría fue convocada por pedido de asambleístas del correísmo o desde comisiones que estaban presididas por integrantes de la RC.

En su momento, la fiscal Salazar, pese a que reconocía que era parte de sus funciones y de la transparencia de la institución atender a los pedidos no solo de comparecencia sino de información que se hacían desde el Legislativo, también advertía que al ser tan constantes las convocatorias, estas hacían más complejo el trabajo de la primera autoridad y su equipo cercano en lo que es su esencia: la lucha contra la corrupción y evitar la impunidad.

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Desde los asambleístas que pedían la comparecencia de Salazar se sostenía que la primera autoridad de la Fiscalía debe acudir las veces que sean necesarias a la Asamblea a informar del tema requerido. En cambio, desde ciertos sectores del Legislativo se refería que mediante la función de fiscalización se pretendía encontrar elementos que puedan servir contra Salazar para iniciarle un juicio político por incumplimiento de funciones.

También a la Asamblea llegaron pedidos para que Diana Salazar sea enjuiciada políticamente. En esa línea actuó, por ejemplo, Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, quien fue sentenciado a tres años de cárcel por el delito de abuso sexual.

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En enero del 2022, Schettini solicitó al Legislativo que investigue e inicie un juicio político para censurar y destituir a la fiscal Salazar, por temas relacionados con la investigación penal.

Durante este 2023, Schettini también buscó sacar del cargo a Salazar, a quien acusó de haber plagiado parte de su tesis doctoral, la cual presentó para el concurso en el que fue designada fiscal general. Con el apoyo del colectivo Acción Jurídica Popular, ella presentó denuncias en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en el Consejo de la Judicatura (CJ) y en la Universidad Central del Ecuador (UCE).

Apenas llegó al Consejo de Participación Ciudadana, Alembert Vera labró una espinosa relación con la fiscal Diana Salazar

La UCE desestimó la pretensión del colectivo Acción Jurídica Popular, agrupación que acusó a Salazar de haber plagiado varios textos de su tesis de grado.

Tras analizar la tesis, el Consejo Universitario concluyó que la funcionaria “es la persona que elaboró e investigó el tema expuesto en la tesis, y finalmente es la persona que defiende en grado oral su trabajo de investigación realizado; en consecuencia, es la autora de ese trabajo”.

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Pese a que fue convocada una sesión, en el pleno del CJ no se trató finalmente un informe de admisibilidad de un expediente administrativo elaborado por el subdirector de Control Jurídico de la Judicatura con el que se pretendía suspender de forma temporal a la titular de la Fiscalía. La sesión para tratar el informe por una denuncia sobre irregularidades en los documentos entregados por Salazar para el concurso en el que fue designada como fiscal general no se dio por falta de quorum.

Por otra parte, pese a que se hicieron varias audiencias públicas en el CPCCS para analizar el tema de la fiscal Diana Salazar y el supuesto plagio de su tesis doctoral, la situación en esa instancia tampoco logró sacar del cargo a la fiscal general. Salazar aseguró que el Consejo de Participación, bajo supuestas competencias constitucionales y legales, no podía revisar lo decidido por el CPCCS transitorio, el cual estuvo presidido por el ahora fallecido Julio César Trujillo.

A días de que se posesione la nueva Asamblea, Henry Kronfle, aspirante a la presidencia del Legislativo por parte del Partido Social Cristiano (PSC), indicó en su cuenta de la red social X, antes Twitter, que nadie les ha planteado la posibilidad de un juicio político contra Salazar y que jamás habrían aceptado destituirla ni interferir con la justicia.

A esa idea de no ser parte de un juicio político contra Salazar no solo se han sumado los integrantes del bloque del presidente Noboa, Acción Democrática Nacional (ADN), quienes creen que en este corto tiempo se debe dar prioridad a temas que sean del beneficio común y no solo por situaciones políticas, sino también legisladores del movimiento Construye o de la alianza Actuemos. César Umajinga, parte de esta última, adelantó que no apoyarán ninguna iniciativa de ese tipo.

Diana Salazar completará los seis años para los que fue seleccionada en abril de 2025, un mes antes de que se posesionen la nueva Asamblea Nacional y quien sea electo o reelecto como primer mandatario para el periodo 2025-2029. (I)

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