Nunca ha sido asambleísta, pero Manuel Mejía Dalmau ha visto de cerca la evolución del desarrollo de la legislación ecuatoriana en 34 años. Desde Ediciones Legales, la empresa de la que es socio mayoritario y fundador, y que está próxima a cumplir igual cantidad de años en el mercado, ha entregado —vía suscripción— a estudios jurídicos, políticos, compañías y ciudadanos estudiosos del derecho compendios y análisis de la normativa del país, entendiéndose como tales los textos constitucionales, leyes, acuerdos ministeriales, ordenanzas y más que se publican a diario en el Registro Oficial.
“El país es fructífero en creación de leyes, lo que no necesariamente implica que hay una legislación eficiente (…). Ha habido un incremento permanente de leyes; algunas llegan a ser contradictorias y confusas”, refiere Mejía.
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Mejía, quien fue embajador en Alemania y canciller en el gobierno de Lenín Moreno, opina que algunos juristas y jueces usan las leyes según sus intereses, lo cual dificulta su correcta aplicación.
En 42 años de Cámaras, Congresos y Asambleas se aprobaron más de 1.400 leyes
Entonces, no es que falten leyes, como opinan algunos analistas. “El Poder Judicial y el Poder Legislativo no tienen la eficiencia que quisiéramos, y por eso hay sentencias que no merecen respeto, que difieren con los criterios que no respetan los criterios de imparcialidad y justicia”, reflexiona.
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El exdiplomático explica que, justamente, Ediciones Legales ofrece una serie de servicios que ayudan a sus clientes a detectar y comprender las inconsistencias que puede tener algún cuerpo legal, sus implicaciones, la formas de aplicarlas… Lo hace a través de la plataforma Fiel Web, en la que de momento tienen unos 10.000 suscriptores, que a su vez tienen varios usuarios, como las universidades, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la Asamblea Nacional…
La empresa, sin embargo, empezó con otro giro de negocios: producía artículos de cuero para regalos de Navidad. Eso los llevó a la venta de agendas de planificación en asociación con una empresa colombiana llamada Legis, que además tenía un servicio de información legal con hojas actualizables de textos legales para los abogados y las empresas. Entonces, Mejía decidió traerlo a Ecuador, aunque ya hubo otras compañías similares que no se consolidaron.
“Durante muchos años fuimos sacando obras y actualizándolas, cumpliendo con clientes. El cambio tecnológico nos condujo a dar ese servicio por internet. El usuario tiene acceso a nuestra base de datos: se conecta y accede a la información actualizada del Registro Oficial”, explica Mejía.
Dicha base de datos consta, por ahora, de más de 55.000 registros oficiales, desde los que datan de 1830, cuando Ecuador aún era parte de la Gran Colombia, hasta los más recientes, lo que representa un millón de imágenes digitalizadas (en alta calidad).
No toda la normativa de las instituciones del sector público se publica en el Registro Oficial
También lo que llaman “memorias jurídicas”, que es la recopilación de las constituciones que ha tenido el país, incluyendo la vigente, con los cambios que se han introducido, con enmiendas y sentencias de la Corte Constitucional (CC); y documentos de la época republicana, decretos-leyes, tratados de extradición del siglo pasado y hasta leyes del siglo XIX.
De la normativa actual hay 41.805 documentos, entre vigentes y derogados.
Mejía considera que debería hacerse una depuración para eliminar la normativa que ha quedado obsoleta y completar la que sea necesaria. Algo en lo que deben trabajar las funciones Legislativa y Judicial. (I)