El gabinete de ministros y secretarios de Estado del presidente de la República, Daniel Noboa Azín, sigue en construcción. Una de las decisiones pendientes es si se mantiene o se desaparece la denominada Secretaría Anticorrupción.
En los últimos quince años y el paso de tres mandatarios, se ha sostenido una unidad adscrita a la Presidencia de la República para contrarrestar los actos de corrupción dentro de la Función Ejecutiva como una política de transparencia en el ejercicio público.
En estos primeros días de gestión, el hermetismo rodea al Palacio de Gobierno. Según el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, «este gobierno será de menos palabras y más acciones».
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Daniel Noboa ha nombrado a 24 ministros y secretarios, pero tiene pendiente designar a más de una decena de funcionarios y no ha resuelto qué hará con las existentes Secretaría de Política Pública Anticorrupción o la Secretaría de Seguridad, que le heredó su antecesor Guillermo Lasso.
Por lo pronto, estaría evaluando los perfiles de sus delegados ante el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).
La ministra de Gobierno, Mónica Palencia Núñez, adelantó que el mandatario ha escogido personas del «más alto nivel» para esas funciones.
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Pero sobre la Secretaría Anticorrupción todavía no hay una decisión en firme.
En el plan de gobierno que presentó para la inscripción de su candidatura presidencial, Noboa expuso como propuestas de lucha contra la corrupción hacer un «diagnóstico técnico con auditorías internas y externas a los órganos gubernamentales para la verificación del estado actual y determinación de nudos críticos».
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Con esos resultados implementaría acciones estratégicas para «combatir problemas relacionados a la corrupción y mal manejo de fondos públicos» e implementaría mecanismos de rendición de cuentas usando a los medios de comunicación y con «mesas de concertación y diálogo con organizaciones de la sociedad civil y representantes de los territorios».
Esas reuniones serían periódicas y se «basarían en documentos técnicos y evaluaciones sociales» de las que se esperan recomendaciones que corrijan la gestión pública, detalla el documento.
Planteó también mejorar instrumentos para evitar la evasión fiscal o crear una página web que transparente la contratación pública, en cuyo caso existe el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).
Dentro del Gobierno hay un reconocimiento de que la corrupción aqueja al país.
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Para la ministra Palencia, la «corrupción se ha vuelto en la pata que sostiene la democracia y eso es lo más grave», así lo expresó en una entrevista con el programa Carlos Vera a su manera, al ser consultada sobre las anomalías en el concurso público para la renovación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura.
Sin embargo, la organización no gubernamental Comisión Nacional Anticorrupción llamó la atención al Gobierno de Noboa porque en sus «primeras alocuciones ha omitido referirse sobre la lucha anticorrupción y, de manera general, sobre sus políticas públicas en esta materia».
«La llamada nueva política y la gobernabilidad no pueden instituirse como un mecanismo que, directa o indirectamente, favorezca la impunidad», se señaló en un comunicado.
La última titular de la Secretaría de la Política Pública Anticorrupción, Ana Belén Cordero, cree que sí es necesario que el régimen mantenga esta dependencia para prevenir estos hechos y debería otorgársele autonomía y que pueda coordinar acciones con otras instituciones, opinó.
«Creo que se hizo un buen trabajo y se puede hacer mucho más si hay una cooperación interinstitucional, porque el Ejecutivo no puede hacer más si no tiene cooperación de otros organismos», afirmó Cordero.
Como parte de sus tareas, esta unidad se concentró en educar y capacitar a los funcionarios sobre ética e integridad pública, alcanzando a 16.000 de ellos.
También se había implementado una herramienta denominada PCR anticorrupción, similar a una prueba, para observar «mapas de calor» que permiten evaluar riesgos o posibles actos irregulares en la administración estatal.
Las PCR se usaron -según Cordero- en el Servicio Nacional de Aduana (Senae) para identificar problemas en la desaduanización y la instalación de escáneres en los contenedores, ejemplificó.
Otra mecánica utilizada había sido el Corruptómetro, creado por la Fundación Caje de Loja, que facilita a los ciudadanos a presentar denuncias de forma anónima; y, en contratación pública, se habrían corregido actuaciones irregulares, ya que los contratos no se hacían de forma técnica o se direccionaban a un proveedor.
En ese contexto, «es necesario tener una institución que trabaje en prevención, pues siempre nos quejamos de que la corrupción es un mal endémico, pero no hablamos de cómo prevenirlo», agregó Cordero.
Esta última Secretaría que heredó Lasso proponía nueve objetivos, entre ellos, concientizar sobre las causas y consecuencias de la corrupción, prevención de los conflictos de interés, transparencia del gasto público, prevención y lucha contra la corrupción transnacional, y aplicación de tecnologías, entre otros.
Aunque el presidente Noboa no ha develado cómo procederá sobre esta área de control del Estado, ha decidido mantener una política del exmandatario: que aquellos que sean designados para ocupar un cargo público deben cumplir las Normas de Comportamiento Ético Gubernamental que emitió Guillermo Lasso a través del Decreto Ejecutivo 4, de mayo del 2021.
En tres gobiernos hubo, al menos, trece secretarios Anticorrupción
Fue con la gestión del expresidente Rafael Correa que se creó un organismo interno de la Presidencia de la República enfocado en la lucha contra la corrupción.
En el 2009, Correa implementó la denominada Secretaría de Transparencia de Gestión, en la que estuvieron figuras políticas como José Luis Cortázar, Alfredo Vera Arrata, Esteban Rubio Iza, José Serrano, Juan Sebastián Roldán, Edwin Jarrín, Diego Guzmán y Pedro Solines.
Luego, con la llegada del expresidente Lenín Moreno Garcés en el 2017, se cambió a la Secretaría Anticorrupción, que la presidieron Iván Granda Molina, Dora Ordóñez Cueva y José De la Gasca (actual embajador de Ecuador ante la ONU), designado por el mandatario, Daniel Noboa.
En mayo del 2020, Moreno eliminó esa dependencia con base en la política de optimización y austeridad del gasto público.
Finalmente, el exgobernante Guillermo Lasso Mendoza retomó la constitución de esta entidad con el nombre de Secretaría de Política Pública Anticorrupción, por la que pasaron Luis Verdesoto Custode y Ana Belén Cordero. (I)
