La Corte Suprema de Argentina dio paso a la extradición del expresidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), Hernán Luque Lecaro, quien está procesado por supuesta delincuencia organizada en el caso denominado Encuentro.
Fuentes cercanas al caso indicaron que la notificación con la resolución de la Corte le llegó a Luque la noche del 30 de abril de 2026.
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En la sentencia se negó la revocatoria a la decisión de extradición de primera instancia; es decir, no aceptó la apelación que puso la defensa de Luque.
Sin embargo, comentaron las fuentes, para que efectivamente se cumpla el traslado de Luque a Ecuador se deben cumplir los requisitos legales de la Ley de Extradición de Argentina y el convenio entre ambos países, por el cual se debe computar en Ecuador los tiempos de restricción de libertad en Argentina y la conclusión del proceso de asilo que ha solicitado el procesado.
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Luque fue detenido en Buenos Aires el 8 de febrero de 2024. El exfuncionario del Gobierno de Guillermo Lasso fue aprehendido con fines de extradición mientras caminaba por la calle Gurruchaga, de la capital argentina.
En una resolución dictada el 18 marzo de 2024 por la jueza Eugenia Capuchetti, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 5 de Buenos Aires, se definió “morigerar la prisión preventiva” impuesta sobre el exfuncionario público ecuatoriano, imponiéndole como medidas alternativas la prohibición de salida del país, la retención de sus documentos de viaje (pasaporte), la prestación de una caución real de 4′000.000 de pesos ($ 4.600) y el arresto domiciliario que debía cumplir en Gurruchaga, piso 4, departamento 2, torre A, edificio Torre Ayres de Botánico, CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Luego, el 16 de mayo de 2024, la justicia argentina dio paso a la extradición de Luque, pero él apeló la decisión.
En este caso, la Fiscalía investigó una trama en la que se habrían establecido acuerdos para direccionar contratos y ubicar, de manera fraudulenta, a personas para ocupar cargos en empresas públicas, como la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Aduanas del Ecuador y BanEcuador.
La red estaba liderada, presuntamente, por Danilo Carrera, cuñado del expresidente Lasso, y Rubén Cherres, empresario asesinado en 2023 en Santa Elena; y habría contado con la colaboración de funcionarios públicos y privados, como Hernán Luque Lecaro, expresidente de EMCO; Antonio Icaza Morla, exgerente general de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL); dos operadores de Cherres, Leonardo Cortázar y Gabriel Nain Massuh; y las empresarias Karen Leonor C. O. y Erika Tatiana F. M.
La sentencia de primera instancia contra Carrera e Icaza se dictó en noviembre del 2024. A Carrera se lo condenó como autor directo a diez años de cárcel; y a Icaza, como colaborador, a nueve años y cuatro meses de prisión.
A Luque Lecaro y a los otros procesados se los llamó a juicio, pero no podrán ser juzgados hasta que sean detenidos o se presenten voluntariamente ante la justicia. (I)