Luego que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitiera el certificado de legitimidad democrática de las 753.000 firmas que entregó el colectivo YASunidos en el 2014 para llevar a cabo su iniciativa de consulta popular, el trámite pasa a la Corte Constitucional (CC), que luego de recibir el expediente debe suscribir su dictamen de constitucionalidad de la pregunta “¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?”.

Con base en lo que establece el artículo 127 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, la CC tiene 30 días para calificar la convocatoria, los considerandos y el cuestionario; de lo contrario, si no hay un pronunciamiento, se entenderá que se emitió un dictamen favorable.

“A finales de octubre esperamos conocer el dictamen sobre el control previo de constitucionalidad”, dice a este Diario Pedro Bermeo, vocero de YASunidos.

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Y una vez emitido el fallo, la siguiente etapa en el proceso le corresponde al CNE, que tendría que en los próximos quince días convocar a elecciones para la consulta popular en los próximos sesenta días”, según lo que establece el Código de la Democracia en su artículo 164, explica Bermeo.

El activista destaca que esta es la primera iniciativa de consulta popular que surgió desde los ciudadanos de a pie y no desde un gobierno o un sector político, y asegura que la propuesta aún cuenta con un amplio respaldo de la ciudadanía pese a que se presentó hace casi una década, ya que en los últimos años se ha mostrado un mayor interés colectivo por los temas ecológicos y ambientales.

Se conoce que los parámetros que observará la CC se basan en que en la pregunta no se induzca en las respuestas al elector; exista concordancia entre el considerando que introduce la pregunta y el texto normativo; se emplee un lenguaje valorativamente neutro y sin carga emotiva, sencillo y comprensible para el elector; que no se proporcione información superflua o ninguna otra que no guarde relación con el texto normativo a ser aprobado por el electorado; y la formulación de una sola cuestión por cada pregunta, salvo que exista una interrelación e interdependencia entre los distintos componentes normativos.

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En el caso de que la Corte Constitucional emita un dictamen de constitucionalidad de la pregunta, dentro del CNE no se descarta que esta iniciativa se incorpore a las elecciones seccionales y de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana que se realizarán el 5 de febrero del 2023.

Bermeo dice que estarán vigilantes de lo que ocurra en la Corte en los próximos días y subraya que para evitar incurrir en doble gasto electoral sería lo más óptimo que su consulta se realice en febrero próximo.

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A esos comicios se podría sumar también la propuesta de referéndum de ocho preguntas de enmienda constitucional que realizó el presidente de la República, Guillermo Lasso, el 12 de septiembre del 2022 y que está en trámite en la CC. (I)