Un Tribunal de la Corte Constitucional (CC) suspendió provisionalmente la aplicación de las reformas al Reglamento al Código Orgánico de Ambiente que emitió el presidente de la República, Guillermo Lasso, en junio de 2023, mediante el decreto ejecutivo 754.

El lunes último, 31 de julio de 2023, el Tribunal, integrado por los jueces Karla Andrade, Alejandra Cárdenas y Richard Ortiz, admitieron a trámite una acción pública de inconstitucionalidad por la forma y el fondo en contra de las reformas al Reglamento al Código Orgánico del Ambiente.

El recurso lo impulsan la Fundación Pachamama, el Centro de Derechos de la Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

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La acción de inconstitucionalidad incluyó un pedido de medidas cautelares que -según los magistrados- se apegaron a “hechos creíbles o verosímiles, la inminencia y la gravedad del daño” y suspendieron la ejecución del reglamento.

Se ejemplificó que la autoridad ambiental “habría expuesto su intención de aplicar las consultas prelegislativas” y estarían “en marcha consultas ambientales en varias comunidades, tales como Las Naves y Palo Quemado”; que existiría la intención de iniciar “inmediatamente los procesos de consulta ambiental en el proyecto Curipamba”.

También, porque la Sala de Admisión observó que empezó una “fase previa de consulta en las parroquias Las Naves (proyecto minero Domo- Curipamba) y en Palo Quemado (proyecto minero Plata)”.

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Por su parte, los demandantes señalaron que este reglamento elaborado por el Gobierno se hizo sin una consulta previa, y se buscaría “imponerlo a la fuerza” sin observar “los estándares de la Constitución, los instrumentos internacionales y jurisprudencia de la Corte Constitucional”.

Para los accionantes, se estaría vulnerando su derecho a la consulta ambiental lo que podría generar “daños irreversibles al ambiente y a los derechos de la naturaleza en la ejecución de proyectos mineros”.

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El tribunal observó que “la intensidad del daño podría ser considerable o difícil de cuantificar considerando el número de consultas ambientales que podrían implementarse; y porque, tal como se ha reportado, su implementación habría traído como consecuencia graves enfrentamientos sociales”.

Con ese amparo, la Corte Constitucional aceptó la solicitud de suspensión provisional del decreto ejecutivo y se notificó a la Presidencia de la República, al Ministerio del Ambiente y la Procuraduría General del Estado para que defiendan o impugnen su constitucionalidad en un término de 15 días.

La demanda agrupa a nueve artículos de ese reglamento suscrito a través del decreto ejecutivo 754, del que se sustituye un artículo para incluir el “informe de cumplimiento del proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental de los proyectos, obras o actividades de bajo impacto pertenecientes al sector hidrocarburífero y minero, ejecutado por la Autoridad Ambiental”.

Sobre la competencia del proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental, del término del proceso de participación ciudadana para hacer la consulta ambiental.

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Respecto de la consulta previa se cuestionan el ámbito, principios, fines y definiciones de participación ciudadana para la consulta ambiental; sobre la participación ciudadana se regula el alcance, momento, acompañamiento y vigilancia de la participación ciudadana para la consulta ambiental; la inclusión del mecanismo de socialización y convocatoria al proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental; y otro artículo que incluye el idioma, consideraciones especiales, continuidad y financiamiento; las fases de participación ciudadana para la consulta ambiental; y, la fase informativa.

Otros artículos sobre la regularización ambiental, disposiciones generales, disposiciones transitorias, la eliminación de una disposición transitoria y la eliminación del término “consulta de opinión”.

La Corte admitió la acción pública de inconstitucionalidad porque cumplió la formalidad de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Social, “sin que esta decisión implique prejuzgamiento sobre la materialidad de la pretensión”, cita el auto emitido por el organismo. (I)