Corte Constitucional declara la constitucionalidad del último estado de excepción focalizado del Gobierno, pero descarta a dos cantones

La Corte Constitucional (CC) se pronunció sobre el último decreto de estado de excepción focalizado que emitió el presidente Daniel Noboa, el pasado 6 de agosto de 2025 y declaró su constitucionalidad; aunque excluyó esta medida para dos cantones de la Sierra.

A través del Decreto Ejecutivo n.º 76, el mandatario declaró el estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos y Manabí. El 20 de agosto, Noboa incluyó a los cantones La Maná, en Cotopaxi, y a Las Naves y a Echeandía, de la provincia de Bolívar, bajo esta medida de excepción.

La tarde de este lunes, 15 de septiembre, la CC declaró la constitucionalidad del estado de excepción en Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y en el cantón Echeandía, en Bolívar, tras constatar la real ocurrencia de hechos de violencia criminal que desbordaron las instituciones de seguridad del Estado.

Sin embargo, descartó la medida para La Maná y Las Naves por falta de justificación por parte del presidente.

Asimismo, en su dictamen el organismo de control constitucional declaró la inconstitucionalidad de la frase “ocasionado por el conflicto armado interno” del artículo 1 del decreto n.º 76, debido a que el documento no invocó la causal de conflicto armado interno para sustentar el estado de excepción.

“Esta norma constitucional contempla la grave conmoción interna y el conflicto armado interno como causales distintas de una declaratoria de estado de excepción. Por tanto, este dictamen no constituye una valoración sobre la existencia o no de un conflicto armado interno”, precisó la CC.

Otra de las observaciones que hizo la Corte Constitucional a este decreto fue sobre la disposición de que se realicen inspecciones y requisas, ante lo cual declaró la inconstitucionalidad, ya que dichas medidas pueden realizarse en el régimen constitucional ordinario.

A la vez, la Corte recordó que la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en el marco de sus competencias, debe respetar los derechos fundamentales de la ciudadanía, con un enfoque intercultural y de garantía de la protección de grupos de atención prioritaria. (I)