Con una acción de interpretación, Consejo de Participación Ciudadana espera frenar uso de acciones de protección en la elección de autoridades

Para evitar la obstaculización de la designación de autoridades de control por efectos de las acciones de protección, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) pedirá a la Corte Constitucional que se pronuncie.Según las cuentas del Consejo de Participación Ciudadana, cuatro concursos de elección de autoridades enfrentaron en los últimos meses unas 28 acciones de protección planteadas por postulantes o terceros interesados.Por ejemplo, el proceso de elección de la Defensoría Pública, siete; la Contraloría General del Estado, diez; la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, diez; la designación por terna del titular de la Superintendencia de Bancos, uno.En una plenaria de este 9 de noviembre de 2023, por unanimidad del pleno del Consejo se resolvió presentar a la Corte Constitucional una acción de interpretación para que se analice la facultad del organismo de dar cumplimiento a la elección de funcionarios de control del Estado.Entre los consejeros coincidió el criterio de que hay un abuso indiscriminado y exacerbado de estos recursos que retardan los procesos.En el caso de la designación de la autoridad de la Defensoría Pública, se encuentra estancada casi ocho meses, debido a que rigen dos sentencias de acción de protección. Por ello, el CPCCS presentó ante la Corte una acción de incumplimiento para que resuelva sobre una «antinomia» jurisdiccional.Aunque el concurso para la elección del titular de la Contraloría General concluyó el 7 de noviembre con la designación de Mauricio Torres Maldonado , el proceso superó decenas de acciones legales y que incluso lo retrotrajo a una fase inicial para que se haga con otro reglamento, se puntúe la paridad de género, es decir, un punto por ser mujer.De igual forma, la renovación parcial del CNE que corresponde a elegir dos vocales principales y suplentes volvió a una etapa inicial, como es la convocatoria para postularse, pese a que había concluido la calificación de méritos de 165 aspirantes.Usando esta garantía jurisdiccional un juez declaró la nulidad de la convocatoria que se hizo en noviembre del 2022 y, de forma paralela, se dispuso reanudarlo con la convocatoria a postularse y con un nuevo reglamento que debe aprobar el CPCCS.A propósito del concurso público para la renovación parcial de dos vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), los miembros de la comisión ciudadana serán evaluados por un posible incumplimiento de sus funciones.En la plenaria de este jueves, los siete vocales del CPCCS resolvieron solicitar al área jurídica que elabore un informe individualizado respecto del incumplimiento de deberes y obligaciones de los comisionados, entre los que están Roberto Bhrunis, Ángel López, Jhon Jairo Silva, Carlos Amaya, María José Murillo, Javier Velecela, Andrea Romo, María Soledad Saltos y María Grijalva.El 26 de octubre pasado, los comisionados fueron llamados a exponer las incidencias y problemas internos en el desarrollo del concurso público, por la sospecha de actuaciones no transparentes.Los integrantes fueron convocados debido a que una de ellas, María Soledad Saltos, informó a los consejeros que se le impedía acceder a información por parte de la misma comisión, que preside el exjuez de la Corte Constitucional que funcionó en el gobierno de Rafael Correa, Pedro Bhrunis.Entre esas alertas, se confirmó que de las etapas del proceso no se habían publicado las actas de las sesiones en la página digital del organismo; y también hubo inquietud porque durante la recalificación de méritos de 165 concursantes se habían incrementado 20 puntos a Eduardo Franco Loor, quien es consejero suplente del propio Consejo de Participación Ciudadana.No sería la primera vez que el Consejo evalúa la actuación de una comisión ciudadana.En abril de 2023, el cuerpo colegiado que presidió Gina Aguilar cesó de sus funciones a los diez miembros de la comisión que llevaba a cabo la elección del defensor público al concluir que incumplieron con sus deberes y obligaciones. (I)

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