Elección de tres jueces de la Corte Constitucional no se concretaría en febrero y se prevé para abril

Los actuales jueces de la Corte Constitucional (CC) podrían prorrogarse en funciones por al menos dos meses, pues la comisión calificadora no alcanzaría a designarlos hasta el 5 de febrero del 2025.La comisión calificadora encargada de realizar el concurso de méritos, oposición e impugnación para la elección de tres jueces de la Corte Constitucional anunció este 10 de octubre de 2024 que aprobó el reglamento para la designación de tres de nueve jueces de la Corte Constitucional como parte de su segunda renovación parcial. Con ello, iniciaría oficialmente el proceso de selección.Este jueves, tres de los seis miembros de la comisión calificadora anunciaron los avances en el desarrollo del procedimiento, en el que Juan Izquierdo Intriago se presentó como el presidente de este cuerpo colegiado, que llegó a esta dignidad por delegación de la Función de Transparencia y Control Social.En una primera aparición pública, en uno de los salones de la Contraloría General del Estado , que preside la función de Transparencia, más conocida como “quinto poder”, se presentaron Izquierdo, Sofía García y Laura Flores, las dos últimas delegadas de la Asamblea Nacional.No asistieron Fernando Yávar Umpiérrez (delegado del Gobierno de Daniel Noboa) ni Danilo Sylva Pazmiño (delegado de la Función de Transparencia). A lo que se suma que falta un comisionado tras la renuncia de Pablo Defina Bucaram.En ese espacio, Izquierdo informó de la aprobación del reglamento para la designación de los tres jueces, que se enviará a las funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia para que remitan —cada una— nueve candidatos de los que se elegirá a los tres magistrados.Las tres funciones estatales tienen un plazo de diez días para postular a sus nueve aspirantes y empezará la fase de admisibilidad, en la que se revisará el cumplimiento de requisitos y que no estén incursos en inhabilidades.Sin embargo, el concurso público no acabará a tiempo.Los primeros nueve jueces fueron posesionados el 5 de febrero de 2019 en la Asamblea, y la primera renovación se dio en esa misma fecha en el 2022, por lo que en febrero del 2025 debe cumplirse la segunda renovación parcial.Pero según el cronograma aprobado por la comisión calificadora, los siguientes tres magistrados podrían estar electos el 23 de abril de 2025 . Es decir, tres meses más tarde.Izquierdo ofreció que tratarán de acortar lo más que se pueda los plazos y términos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para alcanzar a llegar a febrero.“Por eso, aprovecho para pedir a las funciones del Estado que los candidatos que envíen cumplan los requisitos, que no incurran en inhabilidades, porque ahí vamos a poder acortar los tiempos y entregar a los nuevos jueces, quizás a finales de febrero, juntamente con el banco elegibles”, manifestó el comisionado.“Vamos a acortar todos los términos posibles, bajo el ejercicio de la corresponsabilidad, con las carpetas que envíen, podremos optimizar los términos para tener en febrero o marzo, quizás por ahí. Recordemos que hay un banco de elegibles y, si se llegara a dar el caso, cualquier problema ajeno a nuestra voluntad, también está un banco de elegibles”, manifestó Izquierdo.El retraso se debería a que las tres funciones del Estado, Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia, enviaron sus candidatos para integrar esta comisión de forma tardía, pese a la disposición del presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada Prado .El 5 de agosto pasado, Lozada notificó a los titulares de las tres funciones para que, en un término de diez días , designaran a los miembros de la comisión con personas de fuera de su seno .El artículo 179 de la Ley de Garantías establece que el presidente de la CC debe hacer la solicitud con una antelación de seis meses a la conclusión del periodo correspondiente.En su caso, las tres funciones designaron a sus representantes los primeros días de septiembre del año en curso. Adicionalmente, la comisión está incompleta, pues renunció Pablo Defina Bucaram, propuesto por el mandatario Daniel Noboa, y hasta el momento no ha designado a su reemplazo.La Función de la Transparencia aclaró q ue no eligieron a sus delegados fuera del plazo. Al contrario, se indicó que, luego del requerimiento de Alí Lozada, el 19 de agosto eligieron a Edison Toro y Lenin Ochoa, como sus comisionados. Pero, los dos renunciaron. Por lo que, el 6 de septiembre seleccionaron a Juan Izquierdo y Danilo Sylva, e informaron a la CC de esta designación el 9 de septiembre de 2024.El numeral 2 de la Ley de Garantías Constitucionales establece que la comisión calificadora se integrará por dos personas nombradas por la función Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia de “ fuera de su seno ” y deben reunir los mismos requisitos y tendrán los mismos impedimentos establecidos para la Judicatura en la Corte Constitucional.Además, una vez que han sido nombrados, actuarán con absoluta independencia de las autoridades nominadoras .Pero la comisión actual tiene entre sus comisionados a Fernando Yávar, que es abogado personal del jefe de Estado y de la ministra del Interior, Mónica Palencia Núñez , en el juicio político que se sustancia en la Asamblea Nacional.Mientras tanto, Laura Flores es secretaria relatora de la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea.Izquierdo explicó que en la Asamblea se hizo una interpretación entre los asesores y abogados de la frase “de fuera de su seno” y se había concluido que no se podía mocionar o delegar a un asambleísta, porque son ellos los que integran la Función Legislativa.La comisionada Flores añadió que este impedimento aplica para las personas que forman la función, en cuyo caso son los 137 asambleístas que integran el pleno y que están en funciones.“El resto de personas que trabajamos no somos los representantes legales de la función y no tenemos la calidad de asambleístas. Somos funcionarios administrativos que, sin duda, coadyuvamos para que la institución funcione”, expresó Flores.El presidente de la comisión dijo que no emitiría una opinión respecto de la situación de Fernando Yávar, quien había viajado a Guayaquil y no participó en esta declaración de prensa. (I)

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