Un total de $ 6,7 millones, mediante la figura de la coactiva, ha logrado recaudar la Contraloría General del Estado de las glosas que fueron notificadas en lo que fue el 2021.

El organismo de control informó, el pasado 4 de enero, que en el 2021 se determinaron 2.092 resoluciones con sanciones civiles por $ 2.127′230.251 y 6.510 resoluciones con sanciones administrativas por $ 10′051.536.

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Aplicando la coactiva se han recuperado $ 6,7 millones, 300 % más que lo recaudado en el 2019 y 2020, confirmó el contralor subrogante, Carlos Riofrío, este 11 de enero en una entrevista en radio Única.

“En el 2021 se hizo una recaudación de $ 6,7 millones, que es lo que se ha recuperado de las glosas que han sido notificadas. Este proceso se ha ido agilitando (…) y nos ha permitido tener un incremento del 300 % respecto de la recaudación del 2020 y 2019″, señaló en el diálogo.

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Explicó que estos valores corresponden a exámenes, en los que incluso se han hecho cobros a empresas proveedoras de servicios, a las que se les determinaron sanciones civiles, y se dieron en el contexto de procesos precontractuales de obras y servicios para el sector público.

Como parte de los procesos de control del año pasado, se aprobaron 1.330 informes de auditoría, enviando a la Fiscalía General del Estado 362 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP).

Según Riofrío, unos cuatro informes de provincias no se habían remitido a la Fiscalía, por lo que los funcionarios a cargo fueron sancionados. Pero aseguró que de momento no existe ningún informe de IRP que esté pendiente.

El contralor subrogante también confirmó que las glosas determinadas a quince asambleístas en funciones fueron confirmadas y han causado “estado”, al concretarse las fases de determinación, como la presentación de recursos de revisión de la misma Contraloría.

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No obstante, los legisladores habrían apelado ante el Tribunal Contencioso Administrativo, porque —hasta el momento— no se han concretado procesos de coactiva.

Respecto de estos quince asambleístas, entre los que está la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, fue el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, quien reveló que enfrentaban glosas por sus funciones previas, entre otras, como autoridades de gobiernos locales.

Villavicencio pidió a la Contraloría los respectivos informes, pero se le informó que esa información era reservada.

Finalmente, la Procuraduría General del Estado, ante una consulta jurídica realizada por el órgano de control, concluyó que se debe entregar la información, aunque los datos deben mantenerse bajo reserva. (I)