El destino de dos millones de bonos de deuda externa ecuatoriana comprados por Seguros Sucre S. A. en 2015 es incierto, aunque supuestamente estaban bajo la custodia de Decevale; por ello, la Contraloría dispuso que la aseguradora estatal “presentará las acciones legales pertinentes, por el supuesto falso registro en la empresa Decevale S. A”.

Esta es una de las conclusiones del último informe de Contraloría sobre Seguros Sucre, actualmente en liquidación, y que señaló a Decevale, que mantenía un supuesto contrato de subcustodia de inversiones con las empresas de Jorge Chérrez Miño, procesado en Estados Unidos y Ecuador por varios delitos.

La Contraloría auditó dos tipos de inversiones de Seguros Sucre. Primero, la compra de bonos de deuda externa, Bonos Global 2024 por $ 8,3 millones, realizada a través de Valpacífico. Y segundo, la compra de obligaciones emitidas por las compañías Ecuagran y Delcorp, por $ 2,6 millones, por intermedio de Citadel Casa de Valores.

En ambos casos hay atrasos por el pago de intereses de estas inversiones, tampoco se tiene certeza de recuperar el capital, que llega a $ 10,9 millones.

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La Contraloría anunció a fines de julio que había aprobado un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP) sobre Seguros Sucre y estimó en $ 11,12 millones las pérdidas para la empresa por las negociaciones de los bonos y tomando en cuenta los atrasos del pago de intereses solo hasta julio de 2021.

De ese monto, $ 6,3 millones corresponden a bonos cuya ubicación y custodia se desconocen, afirmó la Contraloría, al referirse a los valores que estaban en una subcuenta de Westwood Capital Markets en el fondo Madison Asset LLC (del Grupo Biscayne Capital). Mientras que $ 2 millones registrados en Decevale se encontraban bajo la custodia de una de las empresas de Jorge Chérrez Miño.

El informe, subido en el portal de la Contraloría, destacó que Seguros Sucre aceptó un canje de bonos “contraviniendo lo señalado en el objeto del contrato (con Valpacífico) de invertir en valores inscritos en el mercado de valores, en las Bolsas de Valores de Guayaquil y de Quito, con custodia de Decevale S. A. o DCV BCE” (Depósito Centralizado de Valores del Banco Central del Ecuador).

La historia de la inversión en estos bonos comenzó a fines de 2015, cuando Seguros Sucre aceptó una propuesta de Valpacífico para canjear bonos de deuda externa ecuatoriana que estaban inscritos en el mercado de valores local y que vencían en diciembre de 2015, por Bonos 2024, que no estaban registrados localmente. En ese entonces Valpacífico estaba gerenciada por Jorge Ramos Castillo.

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El planteamiento incluía que el custodio de los valores sería Valpacífico S. A. a través de la panameña Westwood Capital Markets S. A.

Según la Contraloría, “de la documentación e información que respaldan la operación de compra, registro y ejecución de la inversión, no se evidencian documentos emitidos por Valpacífico S. A. que evidencien a Seguros Sucre S.A. como titular de los Bonos Globales 2024″.

El informe reveló además que Seguros Sucre no informó de esta operación a su autoridad de control, la Superintendencia de Compañías, en diciembre de 2015, sino que lo hizo recién a fines del siguiente año.

La Contraloría indicó que Valpacífico le pagó a Seguros Sucre $ 1,33 millones en rendimientos por los $ 8,3 millones de bonos en cuatro pagos semestrales de $ 332.000 entre enero de 2016 y junio de 2017.

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A partir de entonces hubo atrasos en los pagos y por ello Westwood y Seguros Sucre iniciaron acciones legales en Islas Caimán, sede de Madison Asset LLC. Varios procesos judiciales por la liquidación de Madison y Biscayne Capital se siguen en Nueva York y Florida. En el área civil se intenta recuperar activos para pagar a los acreedores y en lo penal, los fiscales estadounidenses acusaron a los socios de Biscayne de piramidación de capitales y lavado de activos.

En el documento de Contraloría se indicó que Seguros Sucre ha destinado $ 410 mil para gastos legales, administrativos y operativos a fin de recuperar estos bonos.

Mientras se realizaban las acciones legales, un tramo de $ 2 millones de los bonos pasó bajo la supuesta custodia de Decevale, por lo que en Madison quedaron solo $ 6,3 millones. En efecto, a mediados de 2018, el entonces gerente del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale) le comunicó a Seguros Sucre que había recibido Bonos 2024 por $ 2 millones, con referencia de Westwood Capital Markets. El Depósito emitía, además, estados de cuenta para la aseguradora incluyendo este valor.

Por esa inversión Valpacífico canceló rendimientos a Sucre en 2018 a razón de $ 79.000 semestrales. Y Decevale lo hizo en 2019 y el primer semestre de 2020.

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A partir de entonces comenzaron los atrasos también por el pago de intereses de estos bonos. Posteriormente, el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) hizo públicos los problemas con sus inversiones que supuestamente estaban custodiadas por Decevale y por las empresas de Jorge Chérrez.

Por otro lado, Ecuador anunció la renegociación de su deuda externa, lo que afectó el rendimiento de los bonos. Esto se tradujo en que los $ 2 millones se registraron como $ 1,9 millones y los vencimientos se extendieron hasta 2030, 2035 y 2040, reseñó la Contraloría.

Además, en 2021 los estados de cuenta de Decevale cambiaron. En el informe de Contraloría se indicó que el Depósito dejó constancia que los reportes de los títulos de deuda externa correspondían a “una mera copia” de lo que enviaba ICS Institucional Custody Services LLC (empresa de Chérrez en Florida). “Estos títulos no estarían necesariamente custodiados” por Decevale, informó esta empresa a sus clientes.

Además, en su respuesta a la Contraloría, la actual gerente del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores, Lourdes Baquerizo Blum, quien asumió en enero de 2021, reiteró que Decevale no tiene en custodia esos bonos y citó las investigaciones que se realizan actualmente en EE. UU. y Ecuador.

En el documento de Contraloría se señaló que Baquerizo Blum explicó que Decevale no tiene “ninguna relación de subcustodia” y que “la Compañía International Custody Services ICS [de Panamá] es una de las fachadas societarias con las que operaba el señor (…) y que usó –en colusión con extrabajadores de Decevale– para hacer aparecer que Decevale era custodio de supuestos valores que eran negociados del mismo señor (…) a través de otras sociedades”.

Por el sinuoso recorrido de estos bonos, Seguros Sucre demandó a Valpacífico por incumplimiento de contrato. Sin embargo, el Tribunal Primero de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial del Guayas anuló en diciembre pasado parte del proceso porque no se citó a la Procuraduría General del Estado. Aún no se llama a una nueva audiencia preliminar en este caso.

La inversión con Ecuagran y Delcorp

El informe de Contraloría relató que el 9 de junio de 2020, el gerente de Citadel Casa de Valores, Xavier Neira Salazar, propuso a Seguros Sucre canjear varias facturas comerciales por obligaciones que habían sido emitidas por Ecuagran S. A. y Delcorp S. A. en octubre de 2019.

Según el informe, el gerente nacional Administrativo-Financiero de Seguros Sucre –cuyo nombre no consta en el informe– dispuso dos días después, el 11 de junio, realizar la operación, por $ 2,6 millones.

Las facturas pertenecían a las empresas Bonacostum S. A., Comercializadora Ledesma & Ledesma Agroguled S. A., Importadora Industrial Agrícola del Monte Sociedad Anónima Inmonte y Oleaginosas del Castillo Oleocastillo S. A. Los vencimientos de estas facturas se darían entre julio de 2020 y abril de 2021. Por ejemplo, para Bonacostum S. A. el monto era de $ 865.000 a ser pagados el 7 de julio de 2020.

Con el canje, la aseguradora adquirió obligaciones por $ 1,75 millones de Delcorp S. A., con vencimiento el 13 de noviembre de 2024 y $ 865.000 de Ecuagran que vencían el 21 de diciembre de 2024. El pago de intereses de estas obligaciones era trimestral. Ambas empresas están relacionadas a través de su principal accionista Gad Goldstein Valdez.

En la negociación de la Bolsa de Valores de Guayaquil, Seguros Sucre ganó $ 38.000 por la diferencia entre los valores de venta y de compra.

Seguros Sucre no cobró ni siquiera la primera cuota de los intereses. Tan solo tres meses después, a mediados de septiembre de 2020, la Superintendencia de Compañías suspendió el registro de ambas empresas en el mercado de valores por un mes y posteriormente las declaró disueltas. Las entidades no pudieron cumplir con el pago de intereses por la emisión de esos papeles, a pesar de que habían recibido calificaciones AA-.

La Contraloría ha calculado como pérdida los atrasos en el pago de intereses en $ 157.000, hasta septiembre de 2020. Sin embargo, no menciona nada sobre el capital invertido en estas compañías, ahora en liquidación y cuyos ejecutivos enfrentan procesos penales por falsificación de documentos. En el informe, el organismo de control del Estado indicó que por Delcorp son $ 79.000 al 13 de agosto de 2020 y por Ecuagran, $ 39.000 para junio 2020 y 38.000 para septiembre de 2020.

Seguros Sucre no fue la única entidad estatal que invirtió con estas dos empresas. Entre las acreedoras constan el Banco del Instituto de Seguridad Social (Biess) con $ 3,7 millones, la Corporación Financiera Nacional (CFN) con $ 1,8 millones y el Fondo de Cesantía del Magisterio con $ 2,6 millones. El acumulado de estas entidades, junto con lo de Seguros Sucre, supera los $ 10 millones.

La Superintendencia de Compañías inició investigaciones de oficio sobre ambas empresas en septiembre del año pasado. El organismo dispuso la liquidación de Citadel.

La Fiscalía lleva dos procesos por este caso por supuesta falsedad de información. Esta semana se dará una audiencia en Guayaquil y la lista de investigados incluye más personas además de Goldstein y los gerentes de Delcorp, Enrique Huertas Égüez, y de Ecuagran, Enrique Weisson Accini.

En marzo pasado se anunció que Weisson Accini había firmado un acuerdo de cooperación con la Fiscalía ecuatoriana, pero no se conocen mayores detalles. Goldstein y Huerta supuestamente estarían en Miami. (I)