Contraloría detectó novedades en la donación de dineros recogidos por la enajenación de los regalos presidenciales

La Presidencia de la República pudo recuperar más de $ 118.000 que dio a una fundación de recursos que provenían de la enajenación de regalos que se subastaron en el 2017.La Contraloría General del Estado dio seguimiento a la recuperación de $ 118.000 que la Presidencia de la República transfirió a la Fundación Escuela Ecuatoriana de Tenis en Ruedas, en lo que fue un convenio de cooperación para cubrir gastos de beneficencia de la subasta de regalos.El monto total ascendió a $ 216.083 y para la transferencia se había observado que dicha fundación cumpla con la «labor social a favor de grupos vulnerables como las personas con cualquier tipo de discapacidad y porque no se encontraba inmersa en inhabilidades», previstas en un acuerdo expedido por la Contraloría.Esos recursos provenían de la enajenación de regalos y por subastas que en ese entonces realizó el expresidente Rafael Correa de aquellos obsequios que recibió de personalidades y políticos nacionales e internacionales y durante los viajes o visitas oficiales que realizó en su administración.Antes de concluir su gestión, en Carondelet se habían inventariado alrededor de 11.000 objetos que se valoraron en $ 2,5 millones de los que algunos fueron subastados o vendidos por un monto que alcanzó los $ 691.000, de acuerdo con cifras que divulgó meses atrás la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.En ese contexto, la Presidencia suscribió este convenio, cuya duración era de tres años, y la fundación estaba obligada a justificar con registros e informes contables el uso de los recursos, apegándose a los objetivos y actividades relacionadas con la labor social.Los tres años se contabilizaron desde el 10 de febrero del 2017 hasta el 10 de febrero del 2020.Pero a julio del 2020, cuando se inició la auditoría de la Contraloría de esos recursos, la fundación no presentaba el informe del cumplimiento del convenio.La auditoría se realizó de un periodo que fue del 1 de enero del 2017 al 31 de julio del 2020 y observó que la beneficiaria adquirió implementos deportivos, ayudas técnicas, cursos vacacionales, capacitación y transporte por $ 97.116 y restaba por justificar $ 118.967.En medio de la insistencia de los funcionarios del Palacio de Gobierno por tener los justificativos, se les presentó un informe económico en el que se habían hecho gastos «no reconocidos», pues se habían adquirido «una camioneta Toyota Hilux, pago de combustible y matriculación vehicular, y otro rubro relacionado con asesoría legal».En agosto del 2020 se solicitó la devolución de los $ 118.967 que no fueron usados. En respuesta, el presidente de la fundación había expresado la voluntad de hacer el depósito, pero por la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 se le complicaba tener las firmas del tesorero.En noviembre del 2021, la fundación justificó las adquisiciones y pagos realizados y el equipo auditor del organismo de control verificó que entre el 2017 y 2018 se hicieron expendios por transporte, capacitación, sala de computación, cursos vacacionales, eventos, reuniones, seminarios, conferencias, ayudas técnicas, sillas de ruedas, uniformes y publicidad. Ello había implicado una ejecución de $ 97.116.Entre los bienes adquiridos constaba una furgoneta Hyundai que había servido para la transportación puerta a puerta de los deportistas que tenían discapacidad, además de diez sillas de ruedas y un CPU de computador.El representante legal del expresidente de la fundación en marzo de 2022 había informado que esos bienes se encontraban en Cuenca (Azuay). Antes, en enero de 2022, el presidente de la fundación había explicado que la van Hyundai se ha mantenido bajo su custodia porque «no podía dejarla a la intemperie o abandonada a su suerte» y que había solicitado la identidad de los nuevos miembros del directorio para entregar el vehículo.Las insistencias de los funcionarios de la Presidencia continuaron y, en marzo de 2022, se registró un ingreso de $ 112.290 a las cuentas oficiales, pero quedaba pendiente un valor por $ 6.677 al 18 de marzo de 2022.Hasta que, el 25 de abril del 2022, la fundación informaba que se hizo el depósito de los $ 6.000.La conclusión de la Contraloría, en su informe final emitido en junio del 2022, señaló que dicha institución benéfica no presentó el informe de uso de recursos dentro de los plazos determinados en el convenio pese a las gestiones realizadas por los servidores de la Presidencia; aunque se procedió a la devolución de los $ 118.967 que no fueron utilizados.Otro caso que involucró la transferencia de recursos para beneficencia fue por $ 22.000 a la Asociación de Voluntarios Operación Matogrosso Ecuatoriana, con la que en mayo del 2017 se suscribió un convenio para ayudar a un menor de edad.Este consistía en entregar un apoyo económico por $ 22.838 para gastos médicos y de manutención y el plazo estaría vigente hasta que los fondos sean utilizados en su totalidad para las necesidades del niño. El uso del dinero debía ser justificado con informes cuando la Presidencia lo requiera.Sin embargo, a mayo del 2022, no hubo un informe de justificación y desde la institución no se había dado seguimiento al caso.En agosto del 2022, la Asociación de Voluntarios Matogrosso informó que después de una revisión de la documentación, se observó que en julio del 2017 , es decir, dos meses después de la firma del convenio, el menor había fallecido y su historia clínica fue archivada; además, que el personal de la Presidencia no los visitó para la verificación y liquidación de los fondos.Con esos hechos, la Contraloría, según su informe, concluyó que los servidores del Ejecutivo no establecieron controles para velar por el cumplimiento del convenio, no solicitaron informes de liquidación y no hicieron seguimiento y supervisión.Por su parte, la asociación no presentó los informes de liquidación, por lo que el valor transferido por los $ 22.000 «no se encuentra justificado», según consta en el examen especial aprobado en noviembre del 2022. 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