El contralor general del Estado, Mauricio Torres, confirmó que existen informes con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) por inconsistencias en las declaraciones patrimoniales juramentadas de los jueces de la Corte Constitucional (CC) Alí Lozada Prado y José Luis Terán.
“Los exámenes de Contraloría, especialmente de patrimonio, tienen dos tipos de informes: el informe general o el informe con indicios de responsabilidad penal. Cuando hay un informe general, se le notifica al auditado que salió un informe general. Cuando es IRP, lo que se hace es mandar a la Fiscalía y es la que abre la investigación y determinará si es que hay o no hay el enriquecimiento ilícito," dijo Torres en entrevista con el programa del Día a la Noche, este miércoles 1 de abril.
Publicidad
El contralor repasó que estos exámenes a los patrimonios de los jueces se realizan desde el año pasado, por lo cual, aclaró, no es algo nuevo.
Mauricio Torres afirmó que, actualmente, la Contraloría General examina el patrimonio de seis jueces de la Corte Constitucional.
Publicidad
“De tres ya hemos terminado los exámenes, tres están en ejecución y tres van a empezar”, precisó la autoridad y aclaró que en los exámenes ya realizados se han detectado algunas inconsistencias.
Entre las novedades detectadas, dijo el funcionario, se identificó que no cuadra la información entregada a través de las declaraciones con lo que la Contraloría examina en cuentas bancarias, tarjetas de crédito y los patrimonios que tienen la mayoría de ciudadanos o de servidores públicos.
De acuerdo con informes a los que este Diario tuvo acceso, la Contraloría concluyó que Lozada, quien fue presidente de la CC, no ha justificado más de $ 25.000 en entidades financieras nacionales y del exterior.
En el caso de Terán, se observó que no pudo justificar documentadamente el origen de más de $ 70.000, una parte encontrada en algunas de sus cuentas bancarias, y otra usada para pagar una deuda bancaria y de tarjetas de crédito.
Torres aseguró que la institución que dirige les da todas las facilidades a los servidores públicos para que puedan hacer la entrega de la información sobre sus declaraciones patrimoniales.
“Se le notifica, por supuesto. Es más, hasta nos envían contadores, saben enviar abogados que llevan la información, gente de confianza de cada auditado. Se les permite que inclusive conversen con el auditor, entreguen lo que tienen y se les va diciendo: ‘aquí falta esto, falta esto otro’. O sea, se les da todas las facilidades para que puedan justificar”, comentó.
En el caso del juez Alí Lozada, el contralor general informó que al juez constitucional se le comunicó sobre el examen especial a su patrimonio. “Hubo la comunicación de resultados. Tuvo el borrador y tuvo, encima de eso, los cinco días adicionales para que entregue información y, de acuerdo a eso, son resultados que han salido”, puntualizó.
Para la autoridad de control, este tema se ha ‘politizado’, ya que explicó que la Contraloría tiene cerca de 500 declaraciones juramentadas realizadas, de las cuales casi un 60% han salido con indicios penales.
“Se ha hecho a la Asamblea, se ha hecho a jueces, a fiscales, alcaldes, a varias autoridades y nunca ha habido este problema. Ahora es que salta este problema con la Corte Constitucional cuando yo creo que le están dando otro giro. En la Asamblea también estamos haciendo auditoría a los exasambleístas y a los asambleístas actuales. Parece que son ciertas personas que están interesadas en politizar los informes de Contraloría”, sostuvo Torres. (I)