Mario Godoy renunció la mañana de este miércoles, 18 de febrero, a la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ), pero eso no detiene el juicio político que se llevará adelante en la Asamblea Nacional desde las 10:00.
El artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que la censura de un funcionario público “tendrá como efecto la inmediata destitución de la autoridad, quien no podrá ejercer ningún cargo en el sector público por un plazo de dos años”.
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Sin embargo, en el caso de que el funcionario público ya no se encuentre en el ejercicio de su cargo, “la censura consistirá en la prohibición de ejercer algún cargo en el sector público durante dos años posteriores a la resolución de censura adoptada por la Asamblea Nacional”.
Esto porque la censura es una suerte de sanción política y moral contra los servidores cuestionados.
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La resolución del pleno se informará de manera inmediata al Ministerio del Trabajo para fines de registro y cumplimiento, indica el mismo artículo.
La norma señala que si en el proceso de enjuiciamiento se derivan indicios de responsabilidad penal, entonces se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente, es decir, la Fiscalía General.
Para censurar y, si cabe, destituir a los miembros del Consejo de la Judicatura se necesita una mayoría calificada, es decir, las dos terceras parte de la Asamblea Nacional (101 votos), señala la Constitución vigente.
El pleno de la Asamblea sesionará a partir de las 10:00 en Quito.
A Godoy se lo acusa de incumplimiento de funciones por supuestamente ejercer presiones sobre jueces a través de terceros para obtener beneficios en casos en los que tiene algún interés. (I)