En medio del proceso judicial y político que se desarrolla en contra del excontralor subrogante de la Contraloría General del Estado Pablo Celi, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) está efectuando un concurso público para elegir a una nueva autoridad titular de ese órgano de control, para lo que aprobó el reglamento para su organización, que estará a cargo de una comisión ciudadana de selección.

La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida, solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas el presupuesto para desarrollarlo, y que asciende a aproximadamente $ 393.000.

  • Entre los ítems que se mencionaron en el requerimiento están $ 100.000 para “espectáculos culturales y sociales”.
  • Para pagar a los catedráticos que elaborarán el cuestionario para que los postulantes a ser contralor rindan un examen escrito, se estiman $ 20.000.
  • Para publicidad, información y difusión se señaló un valor de $ 60.000.
  • Entre otros requerimientos están el arrendamiento de licencias y paquetes informáticos por $ 560; costas judiciales $ 10.000; adquisición de láminas de seguridad $ 500; contratar una auditoría informática $ 28.000; materiales de oficina $ 500. En esencia, para realizar el concurso se estima una necesidad de $ 219.766.
  • A esto se suma que para el ítem correspondiente para el pago de las dietas de los miembros de la comisión ciudadana se solicitaron alrededor de $ 174.000.

La comisión la integran cinco miembros de la ciudadanía que deberán ser elegidos en un concurso público; los otros cinco provienen de las cinco funciones del Estado.

La Ley del Consejo de Participación Ciudadana establece que las dietas diarias corresponden al 3,3 % del sueldo de un consejero, un total de $ 4.283.

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En esa línea, se solicitaron $ 393.835 para organizar solo este concurso.

Ello además de que el Consejo debe realizar otros cuatro concursos, también mediante comisiones ciudadanas, para designar al titular de la Defensoría Pública, a los nueve miembros de la Conferencia Plurinacional de Soberanía Alimentaria, a dos delegados del Consejo de Desarrollo Fronterizo; y a dos vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), que requiere una renovación parcial.

Puja entre el CPCCS y el Ministerio de Finanzas por recursos para la elección de autoridades

El Ministerio de Economía y Finanzas pidió en junio pasado al CPCCS que haga “un esfuerzo en las optimizaciones de sus recursos y de ser necesario realizar una reasignación presupuestaria con la finalidad de atender sus necesidades”. Esto debido a que el país enfrenta una caída de ingresos por el “impacto social y económico” derivado de la pandemia del COVID-19.

Esto porque en marzo pasado el organismo había asignado $ 694.007 para que organice los concursos. Aunque, según el CPCCS, el monto estaba destinado para tres concursos.

Desde el despacho del consejero Francisco Bravo se advierte que los $ 393.000 para un solo concurso sería un monto alto, en referencia a otros concursos que se han realizado en el organismo.

Como ejemplo, comparó que el concurso que realizó el Consejo de la Judicatura para la selección de los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ascendió a $ 142.732. (I)