Cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no solo le devolvieron a Raúl González Carrión su designación como titular de la Superintendencia de Bancos, haciendo una interpretación de una sentencia constitucional, sino que también eligieron a un nuevo superintendente para el periodo 2027-2032.
Estas decisiones están bajo evaluación de los jueces de la Corte Constitucional (CC), lo que podría acarrearles sanciones, una de ellas la destitución de sus cargos.
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Una reciente secuela de ingobernabilidad vive el Consejo de Participación Ciudadana devenida de pugnas por la elección de autoridades de control. En último caso involucra a la Superintendencia de Bancos, que lleva casi tres años bajo el encargo de Antonieta Cabezas Enríquez.
Este miércoles, 22 de enero, los consejeros Augusto Verduga Sánchez, Nicole Bonifaz López, Yadira Saltos Rivas y Eduardo Franco Loor, sumaron una mayoría que tomó tres decisiones, de las que una los ha llevado a enfrentar una investigación penal y una posible sanción en la Corte Constitucional, de arribar a la conclusión de que incumplieron una sentencia.
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Fue la sesión ordinaria 003, en la que Verduga mocionó conocer un fallo de la Corte del 5 de diciembre que trató una acción extraordinaria de protección interpuesta por Raúl González Carrión, en contra de una acción de protección que anuló su designación como superintendente de Bancos, del 20 de julio de 2022, en el periodo de Hernán Ulloa.
Mientras se trataba su caso, el 3 de diciembre de ese año, el CPCCS nominó a Roberto Romero von Buchwald como superintendente, pero la Asamblea Nacional no lo llamó a posesionarse y él desistió de la designación meses atrás.
El 4 de diciembre de 2024 fue nuevamente elegido, pero nunca logró posesionarse en la Asamblea y legitimar su actuación.
El 5 de diciembre del año anterior, la CC dio la razón a González y señaló que los jueces de primera y segunda instancia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas desnaturalizaron la acción de protección y declararon improcedentes los fallos.
Se determinó que la sentencia constitucional constituye en sí misma una reparación para González, pero que su decisión “no tiene la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica que se haya consolidado sobre los nuevos procesos de selección”.
Este inciso, según Verduga, quiere decir que hay un derecho adquirido de González que hay que restituir, pues configuró cuatro hechos: cumplió los requisitos para ser electo, fue posesionado en el Parlamento el 11 de agosto de 2022, hubo una acción de personal de la Superintendencia y ejerció algunos días.
“Habiéndose verificado estos actos, se deduce con facilidad que la situación jurídica de González es un derecho adquirido y debemos respetarlo por principio de seguridad jurídica”, expuso Verduga.
Añadió que el fallo de la CC reforzó la designación de González y “prevalece por sobre la legítima expectativa de Roberto Romero, porque no fue posesionado (…), y lo que tiene Romero, en los términos de la Corte, es una expectativa legítima, una posibilidad, pero que aún depende de cumplir otros requisitos”.
Su postura tuvo el apoyo de Bonifaz, Saltos y Franco. Los consejeros Andrés Fantoni Baldeón, Johanna Verdezoto y Jazmín Enríquez se opusieron y votaron en contra.
Su actuación se articuló a un oficio de la Asamblea de la presidenta encargada, la asambleísta correísta Esther Cuesta, quien consultó al Consejo si se consolidó una situación jurídica y, con base en la sentencia de la CC, se informara para cuál periodo debe ser posesionado Roberto Romero.
En ese sentido, los cuatro vocales arribaron a que Romero “podrá asumir únicamente cuando concluya el periodo de González, para respetar el principio de continuidad institucional y no afectar la legítima expectativa”.
Así, “ratificaron” a González hasta 2027.
En tanto, Romero asumirá desde el 11 de agosto de 2027, una vez que González culmine su periodo. Tendría que ser posesionado por el Legislativo en 2027 y estar en el cargo hasta 2032.
La expectativa de Raúl González fue más allá y buscó que la CC lo ratifique como superintendente de Bancos mediante un recurso de aclaración y ampliación a su fallo.
Los jueces negaron la aclaración y apuntaron que ya se declaró la vulneración del derecho a la seguridad jurídica y que eso “no afecta los nuevos procesos de selección que hayan ocurrido con anterioridad” a su sentencia.
Se precisó que “no hay otras formas de reparación más que la sentencia en sí misma”, por lo que dejar en firme la resolución del CPCCS del 20 de julio de 2022 que lo nombró superintendente “es contraria” a su sentencia de diciembre.
Esta magistratura advirtió que la pretensión de González era “modificar su decisión (…), lo cual no procede”.
Adicionalmente, los jueces activaron la fase de seguimiento del cumplimiento de su sentencia para evaluar —de forma individual— las conductas de los siete consejeros del CPCCS en aplicar su sentencia y, de encontrar anomalías, una de las sanciones es la destitución de los funcionarios.
Dieron un término improrrogable de 24 horas, es decir, hasta las 23:59 del 27 de enero de 2025, para que el CPCCS envíe un informe pormenorizado y documentado de los actos para asegurar el cumplimiento de su pronunciamiento.
La Fiscalía General del Estado abrió una investigación por presunta usurpación y simulación de funciones e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente tras una denuncia planteada por Roberto Romero.
Este viernes, 24 de enero, personal de la Fiscalía y la Policía allanaron las oficinas de la sede del Consejo en Quito y se llevaron dispositivos electrónicos, entre ellos el teléfono celular del consejero Verduga.
Esta consecuencia impulsó a las consejeras Yadira Saltos y Nicole Bonifaz a pedir a Andrés Fantoni que convoque a una sesión extraordinaria para ‘reconsiderar’ lo votado el miércoles. A su pedido se adhirió Eduardo Franco y están a la espera de una respuesta.
Un enredo jurídico que se arrastra desde hace tres años
En la Superintendencia de Bancos hay una autoridad subrogante, pese a que el CPCCS designó a dos superintendentes en 2022 y 2024: Raúl González Carrión y Roberto Romero von Buchwald, quienes fueron nominados en una terna enviada por el expresidente Guillermo Lasso Mendoza y una última por Daniel Noboa Azín.
La primera elección se produjo con una pugna entre el Consejo y la Asamblea entre las fuerzas políticas del correísmo agrupado en lo que era Unión por la Esperanza (UNES), el Partido Social Cristiano (PSC) y Creando Oportunidades (CREO).
El gobierno de Lasso desistió de apoyar a Raúl González, quien fue el único de la terna que quedó, pues fueron descalificadas las entonces nominadas Rosa Guerrero Murgueytio y Doris Padilla.
El 19 de julio de 2022, por una moción del exconsejero David Rosero, se designó a González, con los votos de los exvocales Juan Dávalos, Francisco Bravo y Sofía Almeida; en abstención, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán; y en contra, el expresidente Hernán Ulloa.
A la par, una mujer identificada como Michelle Guerra de Andrés planteó una acción de protección que fue tratada por la jueza del Guayas Larissa Ibarra, quien anuló el nombramiento de González y dispuso que la Presidencia de la República envíe otra terna para que el Consejo designe.
Así Lasso nominó a Romero.
En otra unidad judicial de Yaguachi, el juez Jhon Rodríguez Mindiola ordenó a la Asamblea que posesione a la autoridad y el 11 de agosto de 2022, en una inusual plenaria virtual, el expresidente Virgilio Saquicela tomó juramento a Raúl González.
Él fue a la Superintendencia en Quito para asumir sus funciones, pero el gobierno de Lasso lo inmovilizó. Cercó el edificio con policías y no le dio acceso al sistema oficial del Estado.
En la Corte Provincial del Guayas, un tribunal ratificó lo actuado por Ibarra, y González interpuso la acción extraordinaria de protección.
Tras la destitución de siete vocales del CPCCS en enero de 2023 —por incumplir una sentencia de la CC sobre la elección del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ)— se conformó un nuevo pleno con Gina Aguilar a la cabeza, y un 10 de marzo anularon decenas de resoluciones emitidas en el periodo de Ulloa, entre ellas la designación Roberto Romero.
En la actualidad, con la presidencia de Andrés Fantoni, el primer mandatario, Daniel Noboa, envió una nueva terna con Roberto Romero como primero de la lista y se lo escogió el 4 de diciembre de 2024, pero la Asamblea no lo llamó a posesionarse. (I)