Consejo de Participación Ciudadana impulsa una ‘fiscalización ciudadana’ a Diana Salazar y a su subrogante Wilson Toainga

Apelando a mecanismos de participación, desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se impulsan procesos de fiscalización ciudadana a las autoridades de la Fiscalía General del Estado , como Diana Salazar y su subrogante Wilson Toainga.Para las 10:00 de este viernes, el CPCCS convocó a la titular de la Fiscalía, Diana Salazar, a presentarse a una audiencia pública, por pedido del colectivo Acción Jurídica Popular y de un abogado que se identificó como Miguel Oleas Benavides. Estos dos pedidos tienen como objetivo increpar a la fiscal por las calificaciones que obtuvo en el concurso público de méritos que realizó el extinto Consejo de Participación Ciudadana de transición y por el cual llegó al cargo.Acción Jurídica Popular la acusa de un presunto delito de plagio de su tesis universitaria y Oleas quiere exponer públicamente los documentos que Diana Salazar presentó en el concurso de selección que se efectuó en el 2019.El presidente del CPCCS, Alembert Vera, resaltó el pedido ciudadano y advirtió que si Salazar no asiste, se entendería como una “violación a los derechos de participación”, lo que podría acarrearle su destitución del cargo a través de un juicio político que se desarrolle en la Asamblea Nacional, que por el momento tiene cerradas sus puertas, debido a que el presidente de la República, Guillermo Lasso, la diluyó por grave crisis política y conmoción interna.En un denominado espacio ‘Informe ciudadano’ que Vera inauguró este 30 de mayo de 2023, sostiene que las audiencias públicas están contempladas en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que las definen como la “instancia de participación habilitada por la autoridad responsable, ya sea por iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía, para atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para fundamentar decisiones o acciones de gobierno. Las audiencias públicas serán convocadas obligatoriamente, en todos los niveles de gobierno”.La norma precisa que esta solicitud debe ser “atendida por la autoridad correspondiente, a petición de la ciudadanía o de las organizaciones sociales interesadas en temas concernientes a la circunscripción político administrativa a la que pertenezcan” y, en ellas, la ciudadanía puede solicitar información sobre los actos y decisiones de la gestión pública; presentar propuestas o quejas sobre asuntos públicos; y, debatir problemas que afecten a los intereses colectivos.Los resultados de estos actos serán “oportunamente difundidos para que la ciudadanía pueda hacer su seguimiento”, se agrega; aunque no se mencionan sanciones a una autoridad.En todo caso, a la interpelación a Diana Salazar, el CPCCS inició otra en contra del fiscal subrogante, Wilson Toainga, para definir si su designación fue hecha con base en el Código Orgánico de la Función Judicial.El pedido es del ciudadano Manuel Pérez Rendón , que en su blog personal se identifica como exdirigente estudiantil, “exasesor del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y cofundador del Movimiento PAIS”, que lideró el político y expresidente Rafael Correa.A pedido de Rendón, el equipo de abogados del CPCCS elaboró un criterio jurídico en el que se recomienda a los siete vocales solicitar al Consejo de la Judicatura (CJ) que informe si el fiscal subrogante Wilson Toainga Toainga fue designado con base en el artículo 47 del Código Orgánico de la Función Judicial.Dicho artículo señala que el fiscal subrogante “sustituirá al fiscal general del Estado, en caso de ausencia temporal y justificada, y ejercerá las mismas funciones que el titular. Será designado al momento de la elección del fiscal general del Estado; durará en sus funciones el mismo tiempo que su titular; será nombrada o nombrado quien ostente el más alto puntaje y categoría de la carrera de fiscal. En caso de ausencia definitiva del fiscal general del Estado, se procederá a llenar esta vacante en forma inmediata”.Wilson Toainga fue designado por el CPCCS de transición en el 2019, por lo que para Rendón “constituye una grave irregularidad que afecta la legitimidad de las actuaciones de la autoridad”.Por ello pidió al Consejo de Participación Ciudadana que respalde su pedido al Consejo de la Judicatura para que confirme si la nominación de Toainga se hizo con base en los parámetros del Código.La opinión de los juristas del Consejo es que se haga la solicitud al Consejo de la Judicatura de “manera inmediata” y se aclara que esto no es un “acto administrativo de efectos jurídicos individuales, que a través de la autotutela modifican o anulan” la sentencia de la Corte Constitucional (CC) que blindó los actos emitidos por el Consejo de Participación Ciudadana de transición, entre ellos la designación de autoridades.La decisión de hacer esta solicitud de información al CJ la tomará el pleno del Consejo de Participación Ciudadana en una sesión extraordinaria convocada para este 30 de mayo. (I)

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