El pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó la noche del sábado 1 de octubre las resoluciones para avanzar de manera inmediata en el proceso para la designación del vocal principal del Consejo de la Judicatura en representación de la Corte Nacional de Justicia.

El presidente del Consejo, Hernán Ulloa, anunció que durante la sesión y en atención a lo resuelto en la sentencia de la Corte Constitucional, se acordó que el CPCCS solicitará al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, la terna para la designación del delegado que, en atención al artículo 179 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE), presidirá el Consejo de la Judicatura (CJ), hasta que se cumpla el periodo para el que fueron designados los actuales miembros de esta institución.

La terna a ser enviada deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 180 de la Constitución que son: ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos; poseer título de tercer nivel en derecho, o en las ramas académicas afines a las funciones propias del CJ; y, haber ejercido con probidad idoneidad notorias la profesión o la docencia universitaria por un lapso mínimo de diez años.

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Con el fin de dar celeridad al proceso de designación correspondiente, el pleno del CPCCS aprobó la reforma al Reglamento para la Designación de los vocales del Consejo de la Judicatura, principales y/o suplentes, en caso de ausencia definitiva. El reglamento aprobado establece plazos para las diferentes etapas, a fin de acortar los tiempos del proceso.

El reglamento aprobado indica que, en caso de producirse la ausencia definitiva de uno o varios de los vocales principales del Consejo de la Judicatura, y/o de sus suplentes, se notificará dicha ausencia al CPCCS, institución que requerirá a las autoridades previstas en la Constitución, que se remita, en el plazo de cuatro días, la terna correspondiente para proceder con el proceso público de designación, con veeduría e impugnación ciudadana.

Las ternas enviadas pasarán por la etapa de admisibilidad. En el caso de que alguno, algunos, o todos los integrantes de la terna no cumplieren los requisitos, el pleno notificará a la autoridad correspondiente, para que proceda a remitir una nueva terna o completarla.

Una vez aprobado el informe de verificación de requisitos e inhabilidades se iniciará la fase de impugnación ciudadana. En el caso de ser calificadas las impugnaciones, se continuará con el procedimiento a través de audiencias públicas de sustentación, caso contrario, se ordenará su archivo.

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Terminada la etapa de impugnación ciudadana, el pleno del CPCCS convocará a los candidatos a presentarse a una audiencia pública, en la que cada candidato realizará una exposición sobre las principales propuestas de mejora institucional que implementaría en caso de ser designado como vocal del Consejo de la Judicatura. Después de escuchar a todos los candidatos, el pleno, de forma motivada, resolverá designar al o los vocales del Consejo de la Judicatura que correspondan.

Adicionalmente, el pleno designó a la Comisión Técnica para este proceso que estará integrada por los siguientes funcionarios del CPCCS: Liliana Samaniego, Luis Mejía, Nelson Silva, Fernanda Pozo y Paulo César Gaibor.

Esta Comisión será la encargada de verificar que los integrantes de la terna cumplan con los requisitos e inhabilidades y podrá solicitar a cualquier entidad la información o documentación que considere necesaria para la elaboración del Informe de admisibilidad que presentará para conocimiento del pleno.

CPCCS designó a nueva secretaria técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

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En la misma sesión, que se instaló en horas de la noche, ya que a las 11:30 no reunió el quorum suficiente, el pleno designó a la abogada Patricia Pozo como secretaria técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en reemplazo de Michel Briones, quien ejerció el cargo hasta el 30 de septiembre.

La nueva secretaria técnica es servidora del Consejo, se desempeñaba como subcoordinadora de Investigación. Es abogada de los tribunales de la República, con especialización en Derecho Privado y cuenta con 15 años de experiencia profesional. La misión del área que dirige es promover la participación ciudadana y el control social a través de políticas y estrategias de transparencia y lucha contra la corrupción; además de establecer los mecanismos orientados a atender los pedidos y quejas de la ciudadanía, investigar las denuncias sobre actos u omisiones que afectan los derechos de participación, generan corrupción o vayan en contra del interés social.

En otro punto, el pleno conoció el informe de gestión de la Secretaría Técnica de Participación y Control Social, correspondiente al primer semestre del año 2022, que destaca que se conformaron 41 mecanismos de control social, de los cuales 34 son veedurías ciudadanas, 3 son observatorios ciudadanos y 4 son comités de usuarios de servicios públicos.

Además, dentro de los procesos de designación de autoridades, se conformaron siete veedurías ciudadanas que vigilan la transparencia de los concursos de selección de las siguientes autoridades: representantes ante los consejos nacionales para la Igualdad de Género, Intergeneracional, de Pueblos y Nacionalidades, de Discapacidades y de Movilidad Humana; superintendente de Compañías, Valores y Seguros; superintendente de Bancos; superintendente de Protección de Datos; renovación parcial de las y los jueces del Tribunal Contencioso Electoral; defensor del Pueblo y procurador general del Estado.

En temas relativos a la promoción de la participación, el informe señala que se realizaron 22 Escuelas de Formación Ciudadana en territorio, además de 133 procesos de capacitación sobre temas relativos a la participación ciudadana a nivel nacional, así como 121 procesos de conformación y acompañamiento técnico a espacios, mecanismos e instancias de participación.

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Finalmente, se informó que se capacitó a 1.040 ciudadanos y 9.863 servidores de instituciones sobre el proceso de rendición de cuentas, y que se actualizó el catastro de sujetos obligados a cumplir con este mecanismo constitucional.

Pleno revisó impugnaciones en contra de postulante a primera autoridad de la Defensoría Pública

Además, el pleno calificó las impugnaciones en contra del postulante Vicente Guamán Lima, presentadas por Karen Alejandra Suárez Tipán y Norma Elisa Roldán Romero, en el proceso de conformación de la Comisión Ciudadana que designará a la primera autoridad de la Defensoría Pública.

El CPCCS notificará al postulante impugnado para que pueda ejercer su derecho a la defensa y presentar las pruebas de descargo. Las audiencias de sustentación se realizarán en sesión extraordinaria del pleno el martes 6 de octubre, a partir de las 10:00. De igual manera, se oficiará a las impugnantes.

En caso de no ser aceptada la impugnación se dispondrá en forma motivada su archivo. De ser aceptada, el postulante será descalificado y no podrá continuar en el proceso. (I)