“No existieron impugnaciones con documentación” que haya podido concluir con la descalificación del excandidato y ahora presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, afirmó el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, en el marco de una solicitud de juicio político que se impulsa en su contra y otros cuatro consejeros.
Este 7 de enero de 2026, el CPCCS realizó la primera sesión del año y resolvió sobre una veeduría ciudadana provincial y entregó un reconocimiento a un funcionario que se jubiló.
A la plenaria asistieron los consejeros Andrés Fantoni, David Rosero, Jazmín Enríquez, Piedad Cuarán; y, de forma telemática, Johanna Verdezoto, Roberto Gilbert y Nicole Bonifaz.
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De los siete vocales, cinco enfrentan una solicitud de juicio político planteado por la bancada del movimiento correísta, Revolución Ciudadana (RC), por un presunto incumplimiento de funciones por los procedimientos que se aplicaron en la designación de Mario Godoy, el 19 de septiembre de 2025.
La solicitud de enjuiciamiento se conocería en una sesión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) convocada para este 8 de enero.
Este miércoles, al ser consultado sobre este pedido de enjuiciamiento, Andrés Fantoni enfatizó que no existieron impugnaciones con documentación en contra de Godoy que hayan podido “llevar a los consejeros, dentro de sus valoraciones, sacar a uno de los impugnados con documentos que sean verificables”.
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Dijo que él revisó las impugnaciones que se presentaron en esa fase del proceso, y se trataba de “notas de opiniones editoriales” y que existe un informe motivado de por qué se desecharon.
“Aquí no se habla de presunciones, sino que se habla dentro de un proceso de escrutinio público. No existieron impugnaciones con documentación que pueda llevar a los consejeros, dentro de sus valoraciones, a sacar a uno de los impugnados con documentos que sean verificables”, aseguró Fantoni a periodistas.
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Se amparó en el informe de la veeduría ciudadana que “vigiló” la selección y que “entregó un informe al CPCCS que no pudo ver ningún indicio o alguna información fuera de la normativa, y eso nos da la tranquilidad, la garantía de que se ha llevado bien. El CPCCS no elabora ternas: somos receptores de (ellas)”, respondió el consejero.
Durante la sesión de este miércoles, el consejero Roberto Gilbert consultó si el Consejo está entregando los documentos que están solicitando los legisladores, y Fantoni le dijo que sí.
Que no esconden nada y que se darán las facilidades a los asambleístas para que accedan a los documentos.
Contó también que desde el 29 de diciembre de 2025 se instaló un equipo de auditoría de la Contraloría General del Estado en la institución para revisar el procedimiento de selección.
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“Somos los que más queremos que esto avance, no escondemos nada y todo está publicado en las plataformas y páginas del Consejo. Y agradecemos esa verificación administrativa, porque estamos seguros de que se ha dado cumplimiento a rajatabla a la norma y especialmente con acompañamiento de la veeduría diciendo que todo se llevó con transparencia”, añadió.
El origen del juicio político a los miembros del CPCCS
La interpelación política se propone en contra de los cinco vocales del Consejo de Participación Ciudadana, en el contexto de un posible procedimiento de fiscalización que se haría al presidente del CJ, Mario Godoy, por “denuncias de irregularidades en actuaciones judiciales” y por las que fue convocado al pleno del Legislativo el lunes pasado.
Ello, a raíz de que su amigo y excolaborador en el CJ Henry Gaibor habría insinuado al exjuez anticorrupción Carlos Serrano que prestara atención a los argumentos expuestos por la defensa técnica de un procesado por lavado de activos, el serbio Jezdimir Srdan, antes de emitir su sentencia.
De forma paralela, se conoció que la esposa de Godoy, la abogada Dolores Vintimilla, fue parte de la defensa de Srdan en la fase preprocesal de esta investigación.
Mario Godoy llegó a la presidencia del CJ de una terna que envió el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing, y que tuvo el voto de los consejeros de mayoría: Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto (quien planteó la moción), Jazmín Enríquez y David Rosero.
Se abstuvieron Piedad Cuarán y el exconsejero Gonzalo Albán, y la consejera Nicole Bonifaz votó en contra.
Antes de su selección, un equipo técnico de apoyo a los consejeros recomendó “inadmitir 17 impugnaciones ciudadanas” presentadas en contra de los 15 candidatos propuestos por la CNJ, la Fiscalía General, la Defensoría Pública, la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República.
A Mario Godoy se lo objetó por presunta falta de probidad porque en el 2014 patrocinó a los hermanos Juan Pablo y Eduardo Larrea, que habían sido procesados por el delito relacionado con narcotráfico en los Estados Unidos.
Su defensa se hizo ante la extinta Superintendencia de Comunicación, en la que solicitaba la rectificación de una noticia sobre el hecho que se replicó en varios medios de comunicación.
En el análisis de las impugnaciones, la asesora de Andrés Fantoni, Lizbeth Galarza Guaicha, argumentó que “no se puede juzgar a Mario Godoy por defender casos relacionados con estos delitos”, pues para su “concepto” estaba ejerciendo su profesión de abogado.
La mujer recalcó que son “percepciones” de los impugnantes y finalmente no tienen “pertinencia ni utilidad”, por lo que se desecharon con el apoyo de otros asesores de los consejeros, entre ellos Christian Troya (cercano a Fausto Jarrín, asesor del presidente de la República, Daniel Noboa) y colaborador de Johanna Verdezoto, que en la actualidad se desempeña como coordinador de comunicación del CPCCS. (I)
