El gobierno de Daniel Noboa y su bancada en la Asamblea Nacional exigen una depuración de la Función Judicial por denuncias de actuaciones irregulares de los jueces y fiscales; sin embargo, el Ejecutivo mantiene paralizado el proceso para elegir a los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), que es la institución encargada de administrar la carrera y profesionalización judicial.