La elección de un vocal suplente del Consejo de la Judicatura (CJ) se iniciará con la etapa de admisibilidad de tres candidatos propuestos por la Defensoría Pública, de los que uno no cumpliría con los requisitos legales para seguir en el proceso.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) conocerá este martes el informe de admisibilidad, que corresponde a la revisión del cumplimiento de requisitos e inhabilidades de tres postulantes, que lo elaboró una comisión técnica integrada por delegados del pleno del organismo.

La terna la envió el titular encargado de la Defensoría Pública, Ángel Torres Machuca, y la componen:

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  1. Merck Milko Benavides Benalcázar
  2. Nuria Susana Butiñá Martínez y,
  3. Gina Esmeralda Chávez Vallejo

Este mecanismo de elección se apega al artículo 179 de la Constitución, en el que se dispone el envío de ternas de candidatos de las funciones Ejecutiva, Legislativa, de la Fiscalía General, de la Defensoría Pública y de la Corte Nacional de Justicia, cuyo delegado presidirá el Consejo de la Judicatura.

En este caso, el CPCCS procede con la elección de una autoridad suplente del exconsejero Juan José Morillo, ya que a inicios del 2023 Jaime de Veintemilla Fernández de Córdova renunció.

La Defensoría Pública envió su terna en agosto del 2023 y cinco meses después, recién el CPCCS resolverá respecto de la admisibilidad de los candidatos.

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El domingo 28 de enero se reunió de forma virtual la comisión técnica del Consejo y revisó los expedientes de los postulantes para verificar el cumplimiento de requisitos y que no estén incursos en prohibiciones para ejercer cargo público.

Se observó que la nominada Gina Vallejo Chávez no cumpliría con varios requisitos para ser admitida y su declaración juramentada no se había elaborado con base en el formato fijado por el Consejo de Participación.

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En tanto, Merck Benavides y Nuria Butiñá sí cumplen los requisitos legales y podrían ser admitidos para avanzar a la siguiente etapa que es la impugnación ciudadana.

El pleno del CPCCS resolvería sobre el informe del equipo técnico y, de ser el caso, podría aplicar el artículo 12 del reglamento de designación, que expresa que, en el caso de que todos los integrantes de la terna, algún o algunos no cumplan los requisitos o estén incursos en las prohibiciones e inhabilidades, se notificará a la autoridad correspondiente (la Defensoría Pública), para que en un plazo de tres días envíe una nueva terna o la complete.

Pero además de la designación de este vocal, el CPCCS debe seleccionar al principal y de una terna que deberá enviar la misma Defensoría Pública.

Juan José Morillo fue inhabilitado para ejercer cargo público al ser llamado a juicio por presunto tráfico de influencias en septiembre del 2023, aunque aún el CPCCS no ha solicitado la terna.

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El Consejo de la Judicatura está incompleto debido a que tres de sus exautoridades enfrentan investigaciones penales relacionadas con actos de corrupción.

Así que resta por designar al reemplazo de Maribel Barreno, exconsejera principal, que también está vinculada a la investigación por tráfico de influencias.

La lista de candidatos debe provenir de la Fiscalía General y actualmente se principalizó su suplente, Yolanda Yupangui.

Otra vacante es la consejería principal y presidencia del CJ, luego que Wilman Terán Carrillo cumple una medida de prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito, por el caso Metástasis, en el que se investiga un delito de delincuencia organizada vinculada al narcotráfico.

En su reemplazo se principalizó Álvaro Román, quien ejerce a su vez la presidencia del órgano.

La Corte Nacional de Justicia debe proponer una terna de candidatos, pero al momento, la entidad está concentrada en la renovación de su presidente, Iván Saquicela Rodas, quien termina su periodo de gestión, aunque busca la reelección.

En tanto, el consejero Xavier Muñoz, delegado de la Presidencia de la República (postulado en la gestión del expresidente Lenín Moreno), desde el 29 de diciembre está preso en la cárcel 4 de Quito, vinculado a una indagación por obstrucción de la justicia.

Desde entonces ha intentado participar de las sesiones del Consejo de la Judicatura, pero se le ha impedido porque en los centros de reclusión está prohibido el uso de internet y aparatos electrónicos.

Su suplente, Solanda Goyes, no ha sido principalizada.

Por el momento, el Consejo de Participación no ha solicitado a las instituciones correspondientes las ternas para iniciar con la designación.

El periodo de seis años del Consejo de la Judicatura culmina en enero del 2025, pues sus miembros fueron seleccionados en el 2019. (I)