En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se dilata la designación del reemplazo de Mario Godoy en la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ), en tanto se abrió otra vacante para la vocalía alterna de Damián Larco, presidente temporal del organismo.
El pasado 19 de febrero de 2026, el Consejo de la Judicatura pidió al Consejo de Participación que active el mecanismo de selección del consejero principal tras la renuncia de Mario Godoy y de su censura y destitución en un juicio político que le siguió la Asamblea Nacional.
Ocho días después, Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, no ha convocado al pleno para conocer el pedido de activación del mecanismo de renovación del CJ, ni la renuncia de Godoy, ni la resolución de destitución de la legislatura.
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Lo que está en trámite es la selección de un vocal suplente de la exconsejera Alexandra Villacís —que fue inhabilitada por el Ministerio del Trabajo para ejercer cargo público por una aparente deuda que le apareció en el Servicio de Rentas Internas (SRI)— y este viernes cerró la etapa de inscripción de veedores que vigilarán el proceso.
La terna para elegir al suplente de Villacís la envió el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marco Rodríguez, y está integrada por Mercedes Caicedo Aldaz, actual jueza nacional; Óscar Chamorro González, juez de lo laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha; y, María Fernanda Morejón Villavicencio, subdirectora nacional de la Dirección Nacional de Registros Públicos.
Por ahora, el Consejo no ha dispuesto la revisión de los documentos y el cumplimiento de requisitos e inhabilidades de los tres postulantes, debido a que les falta completar documentación y, a la par, aún no está conformada la veeduría.
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Extraoficialmente, se informó que en el interior del CPCCS se estaría preparando un informe jurídico que exponga los escenarios que viabilicen la posibilidad de unificar la elección del suplente de Villacís y del consejero principal que reemplace a Godoy.
Se aspiraría a elegir a estos dos consejeros de la terna que envió Marco Rodríguez.
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El segundo inciso del artículo 12 del reglamento respectivo, contempla la activación del mecanismo de selección por ausencia definitiva de uno o varios vocales principales y/o suplentes, luego que el Consejo de la Judicatura notifique sobre la ausencia definitiva, especificando la fuente a la que pertenece la vacante.
Aunque el CJ hizo este pedido el 19 de febrero, el CPCCS no ha resuelto ninguna medida, a lo que se suma que la consejera suplente de Damián Larco, delegados de la fuente de la Presidencia de la República, María Gabriela Villacís, habría renunciado a mediados de febrero, informaron fuentes gubernamentales.
Sin embargo, su renuncia tampoco ha sido conocida en el pleno de Participación Ciudadana.
Avance en elección de un suplente de Alexandra Villacís
El pasado viernes, 27 de febrero, terminó el periodo de inscripciones para participar en la veeduría ciudadana que vigilará la designación de un consejero suplente del CJ y se reportaron más 20 personas inscritas en el Consejo de Participación Ciudadana, según datos preliminares.
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A los participantes se les revisará el cumplimiento de requisitos de ley y quienes sean admitidos seguirán un proceso de inducción de las funciones que desempeñarán. Luego serán acreditados como veedores.
Adicionalmente, se instalará un equipo técnico, integrado por asesores de confianza de los siete vocales del CPCCS, que se encargarán de revisar la documentación de los tres candidatos nominados por la Corte Nacional de Justicia.
En el caso de que alguno de ellos incumpla requisitos se pedirá que complete la terna y superada esta fase se convocará a impugnación ciudadana.
La última actividad es la presentación de un plan de trabajo para la Judicatura y la designación se hará con el voto de mayoría (cuatro de siete) o por unanimidad del pleno del Consejo de Participación Ciudadana.
En tanto se produce esta renovación, en la presidencia del CJ se mantiene Damián Larco Guamán, delegado del Ejecutivo en este órgano de gobierno de la Función Judicial.
Larco, que tiene un origen en el sector empresarial, está estudiando derecho en una universidad del país, y fue director del Servicio de Rentas Internas en la administración de presidente de la República, Daniel Noboa. (I)






